La mayoría de los últimos gobiernos conservadores y laboristas -con la excepción de Boris Johnson- han hecho lo posible por convertir el Reino Unido en un país antipático para los inmigrantes (trabajadores, solicitantes de asilo y refugiados), con el propósito de desincentivar que se instalen aquí y prefieran probar fortuna en otros tierras europeas que los traten con más simpatía y humanidad. Pero ha sido Keir Starmer – a punto de abandonar Downing Street- quien lo ha conseguido.
La inmigración neta (diferencia entre quienes llegan y se van) ha descendido un 82%, del casi millón y medio de personas en el 2023 a 171.000 en el 2025, como resultado de las condiciones mucho más severas para obtener visados, el requerimiento de un salario anual más elevado , la prohibición de que estudiantes y empleados de la sanidad pública puedan traer al país a sus familiares y la marcha de estudiantes extranjeros desde la pandemia.
Esas medidas fueron iniciadas por el gobierno de Rishi Sunak, pero están teniendo efecto bajo el mandato de Starmer, que ha apretado aún más las tuercas a la inmigración aproximando su agenda a la de la extrema derecha. Una polémica ley a punto de ser sometida a consideración de la Cámara de los Comunes contempla que los extranjeros hayan de esperar diez años en vez de cinco para obtener la residencia permanente (que otorga el derecho a vivir, estudiar y trabajar) y a percibir ayudas sociales. También reduce el derecho de apelación cuando la solicitud de asilo política sea denegada, aumenta los costes legales para quienes opten por esa ruta hasta el punto de hacerla casi inviable, y reduce las vías para establecerse legalmente.
La patrocinadora de estas medidas es la actual ministra de Interior, Shabana Mahmood, favorita para conservar el cargo cuando Andy Burnham sea el nuevo primer ministro británico la semana que viene. El ala izquierda del Labour las considera contrarias al tradicional espíritu humanitario -hace mucho tiempo desaparecido- del país, y ochenta diputados han escrito una carta al que pronto será su nuevo líder pidiendo que se suavicen. Una rebelión es sin embargo muy improbable nada más producirse el cambio de régimen, porque nadie quiere caer tan pronto en desgracia y muchos aspiran a cargos de responsabilidad en la Administración.
Londres ha hecho más difícil la vida de los refugiados, al cerrar en los últimos meses veinte de los hoteles en los que estaban albergados y trasladarlos a otros más baratos o a cuarteles e instalaciones militares en desuso, en respuesta a una campaña de la ultraderecha que ha persuadido a mucha gente de que se trata de potenciales asesinos, ladrones y violadores de sus mujeres e hijas que son tratados con guante blanco mientras los nativos sufren la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos y la carestía de la vida.
El nuevo plan es que los extranjeros sólo puedan obtener la residencia permanente después de diez años
Un total de 16.500 refugiados son víctimas de los traslados forzosos, a veces a hasta quinientos kilómetros de distancia, con los problemas que ello significa para quienes están estudiando y a punto de examinarse, son discapacitados o reciben tratamiento médico en clínicas y hospitales locales. Grupos pro derechos humanos han puesto el grito en el cielo ante la indiferencia del Gobierno Starmer, cuya preocupación era frenar la sangría de votos hacia la extrema derecha.
Burnham, a quien le gusta contentar a todo el mundo, se plantea la posibilidad de que la ampliación del plazo de espera para la residencia permanente no se aplique retroactivamente sino a quienes hayan llegado desde el 2024, después de que Boris Johnson abriera de par en par las puertas a inmigrantes de las antiguas colonias de la Commonwealth y sus familiares, para trabajar en la sanidad pública y estudiar en las universidades británicas (eso, después de proclamar en la campaña del Brexit que el objetivo era “controlar las fronteras”).
Boris Johnson quiso el Brexit para “controlar las fronteras” pero abrió las puertas del país de par en par
Aunque el Reino Unido ha reducido drásticamente la inmigración neta, lo que no consigue recortar es la llegada en lanchas hinchables a través del Canal de la Mancha, y eso que paga dinero a Francia para que vigile sus playas. El viernes pasado lograron entrar por esta vía 128 personas en una patera (cifra récord hasta la fecha), y en lo que va de año son ya 13.489 individuos, que se van a pasar probablemente años sin poder trabajar, viviendo en hoteles o instalaciones militares, a la espera de la tramitación de sus casos.
El Gobierno Starmer ha reducido de manera muy severa los supuestos de reunificación de los refugiados con sus familiares, y se estima que hay 16.500 que no pueden reclamar a sus mujeres y sus hijos. Las nuevas normas requieren el patrocinio de comunidades que estén dispuestas a asumir los costes de su integración, y garantías de que los inmigrantes “respeten las leyes y contribuyan a la economía”. El primer ministro saliente ha fracasado en todo, excepto en hacer del Reino Unido un país tan antipático que muchos menos extranjeros vienen.
