Banco Santander y los sindicatos llegaron ayer a un acuerdo de prejubilaciones que permitirá a los empleados en España de 55 años o más que decidan abandonar voluntariamente la entidad percibir hasta el 95% de la pensión. A falta del visto bueno de la CGT, que someterá el acuerdo a un proceso asambleario y decidirá en septiembre si se adhiere al convenio, el resto de las organizaciones sindicales dieron ayer su respaldo al texto.
De esta manera, el acuerdo, que estará vigente hasta finales de 2028, cuenta con el apoyo de CC.OO., sindicato mayoritario con el 31,15% de la representación, así como de UGT (21%), FITC (25%), STS (5%), CIG (2%) y ELA (1%). No obstante, la firma definitiva se espera que se produzca a principios de la próxima semana.
El plan de Santander no cuenta con un objetivo de salidas, sino que persigue crear un marco al que acogerse, ya que hasta ahora ya venían registrándose bajas voluntarias. En todo caso se tratará de un proceso voluntario.
La mayoría de los sindicatos avala el acuerdo que se puede firmar en los próximos días
El pacto contempla prejubilaciones con el 74% del sueldo para los trabajadores de entre 55 y 57 años; que aumenta al 76% del salario para los mayores de 58 años. Asimismo, el banco asumirá el coste del convenio especial hasta los 63 años y seis meses, con la posibilidad de ampliarlo hasta los 64 años mediante el prorrateo de la asignación económica, con el objetivo de facilitar el acceso a la jubilación con hasta el 95% de la pensión.
El principal beneficio del acuerdo radica en el impacto que tendrá sobre la pensión definitiva de los trabajadores. Hasta ahora, un empleado que optara por la jubilación anticipada podía enfrentarse a un coeficiente reductor del 21%. Así, si le correspondía una pensión de 3.000 euros mensuales, acabaría percibiendo 2.370 euros.
Con el nuevo acuerdo, el Banco Santander asumirá el coste de la prejubilación hasta los 64 años, lo que permitirá retrasar el acceso a la jubilación anticipada. Al reducirse el periodo de anticipación de un año y medio a solo un año, el coeficiente reductor baja del 21% al 5,5%. De este modo, el trabajador pasaría a cobrar 2.835 euros mensuales, apenas 165 euros menos que la pensión que le correspondería sin penalización.
En el apartado económico, la entidad se compromete a mantener la continuidad del seguro colectivo de vida y las aportaciones al plan de pensiones de empleo por importe de 1.000 euros anuales. Además, se incorpora la revalorización anual del convenio especial hasta un máximo del 4% y la conservación de las ayudas por discapacidad.
