Como los terremotos de Japón, los grandes incendios forestales han venido para quedarse. La España vacía no tiene números para cuidar de sus montes y baldíos, son censos de fincas y terrenos sin propietarios conocidos en una buena parte de ella. Es nuestro estilo de vida, y no vamos a volver al campo que abandonamos hace ochenta años. Por virtud del que ha asolado la sierra suroeste de Madrid, a ojos del país entero, y tras décadas de constante agravamiento en la destrucción del patrimonio forestal, se ha visto que los fuegos de última generación desbordan los medios de extinción, acercándose peligrosamente a urbanizaciones y pueblos grandes.
Madrid, poblada y pequeña como ninguna otra provincia, es un multiplicador mediático que las instituciones políticas deben aprovechar para nacionalizar el problema: la expansión de arbustos y bosques sin cultivar ha mutado a riesgo personal para 60.000 residentes. Ahora falta saber si, llegado octubre, la conciencia pública no vuelve a su estado de hibernación hasta el próximo verano.
Falta saber si, llegado octubre, la conciencia pública no hibernará hasta el próximo verano
Detener a los autores del siniestro, encontrar pruebas materiales de que sean provocados, tiene siempre algo de placebo. Sentimos una descarga de responsabilidad con las noticias de que, abriendo camino al ganado, un martillo hidráulico causó el incendio más extenso de este siglo; o que una cosechadora diera lugar a que se calcinaran arboledas enteras de gran valor y sacara a mil personas, la semana anterior de julio, en la ya menos conocida sierra norte de Guadalajara. El accidente mecánico, el factor humano, pone sordina a la realidad de que los grandes fuegos sean nuestro futuro, con o sin cambio climático.
La España institucional puede concebir alternativas a la mera adquisición de medios de extinción. El incentivo de los beneficios laborales a los voluntarios en esas campañas de prevención, las plantillas estables de labor y aprovechamiento de la madera, la contratación de profesionales especializados en la dirección de emergencias –Andalucía y Catalunya disponen de ellos– supondrán centenares de millones de euros. El Parlamento podría albergar una sesión anual informativa, coincidente con las campañas de limpieza en la primavera.
Sumas que habrán de figurar en los presupuestos generales del 2027 –¿cuándo, si no?–. Por más que cuesten no poco, los planes de protección civil sobre urbanizaciones limítrofes, y su seguimiento a cargo de las diputaciones, la incautación de propiedades, son actuaciones de interés general, aunque el peligro, como el de un terremoto, sea aleatorio y le quede lejos al 90% de la población. Siempre que nos consideremos un país digno de conservar su paisaje natural.
