La Oficina Antifraude de Catalunya dirimirá sobre la denuncia sobre el posible uso de recursos municipales para promocionar y facilitar la asistencia al mitin que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará este domingo en Badalona junto con el alcalde, Xavier García Albiol. Guanyem Badalona asegura que ya ha formalizado la denuncia ante el organismo fiscalizador y estudia llevar también el caso a la Fiscalía Anticorrupció. Badalona En Comú, por su parte, ha anunciado que trasladará a Antifrau la información que está recopilando sobre la difusión de invitaciones gratuitas a través de canales municipales.
La controversia se centra en la Fiesta de las Migas, convocada para este domingo 20 de septiembre a partir de las 10:45 horas en el Parc del Centenari de Sistrells. El acto, organizado por el PP en el marco del inicio del curso político del partido en Catalunya, contará con la intervención de Feijóo y Albiol y ha sido promocionado por la formación y sus dirigentes.
Guanyem sostiene que el Ayuntamiento podría haber destinado recursos públicos a la organización o promoción de un acto de partido. La formación ha reclamado por registro el expediente completo de la fiesta para conocer los decretos e informes que la amparan, los gastos de seguridad y limpieza, la publicidad y los medios humanos y materiales que se hayan destinado.
La formación también quiere aclarar cómo se han gestionado las invitaciones y si en este proceso se han utilizado recursos o personal municipal. La portavoz y exalcaldesa Dolors Sabater considera que, de confirmarse que se han destinado recursos públicos al mitin, estos deberían ser asumidos por el Partido Popular.
“Xavier García Albiol cree que Badalona es su cortijo privado y que puede utilizar los recursos, el personal y los espacios públicos de nuestra ciudad para pagarle la fiesta y el mitin a Feijóo”, afirma Sabater. La dirigente de Guanyem asegura que la formación llegará “hasta el final” si se confirma que se ha utilizado “ni un solo euro u hora de personal público” para el acto.
Badalona En Comú, por su parte, pone el foco en la utilización de las intranets municipales. Según la información que el grupo ha recibido de varios trabajadores, las invitaciones gratuitas para asistir a la fiesta se habrían ofrecido a través de las intranets de distintos organismos municipales, entre ellos Badalona Serveis Asistencials (BSA) y otros organismos autónomos.
La presidenta del grupo municipal de los Comuns, Aïda Llauradó, reclama determinar quién ha autorizado estas comunicaciones, qué canales y recursos municipales se han utilizado, qué papel han tenido los diferentes organismos públicos y cuál es el origen de las entradas que se han ofrecido al personal municipal.
“Es muy grave y es una línea roja que no puede traspasar a ningún partido político. El Ayuntamiento es de todos los badaloneses y badalonesas, no del Partido Popular”, afirma Llauradó. La concejala señala que toda la información recopilada será puesta en conocimiento de la Oficina Antifraude para que determine si ha habido un uso indebido de recursos o estructuras municipales.
Ambas formaciones insisten en que la cuestión no es la celebración de un acto político por parte del PP, sino el posible uso de canales, recursos o estructuras públicas para promocionarlo o facilitar la asistencia. Badalona En Comú reclama al gobierno municipal que explique públicamente el uso de las intranets y de cualquier otro canal municipal relacionado con la convocatoria.
“Los recursos públicos y las estructuras municipales deben estar al servicio de la ciudadanía, no al servicio de los intereses electorales del Partido Popular”, sostiene Llauradó.
Guanyem también acusa al gobierno de Albiol de enmarcar el acto en una política de “pan y circo” destinada, según la formación, a desviar la atención sobre los problemas de la ciudad. Sabater vincula esta crítica a la situación económica del Ayuntamiento y a los problemas de gestión de los servicios municipales.
La cuestión queda ahora pendiente del análisis de la documentación que ambas formaciones quieren poner a disposición de Antifrau. El organismo deberá determinar, a partir de los hechos y documentos que se aporten, si el uso de los canales, recursos o estructuras municipales denunciado por la oposición constituye alguna irregularidad.
