La Comisión Europea sigue negociando con China para tratar de lograr una relación comercial más equilibrada, pero en Pekín no les gustará la nueva reforma legislativa diseñada para introducir criterios de preferencia europea en los procesos de contratación pública. Bruselas ha decidido poner fin a la asimetría que permite que las empresas extranjeras accedan al mercado de contratación pública europeo sin ofrecer reciprocidad a los competidores europeos en su propio territorio, frenando, sin nombrar directamente al gigante asiático, al avance de China en el Viejo Continente.
Se trata de la nueva propuesta de Ley de Contratación Pública, con la que el Ejecutivo comunitario quiere dotar a los compradores públicos de la seguridad jurídica y de las herramientas necesarias para excluir explícitamente las ofertas y productos de países que, como China, no tienen acuerdos de reciprocidad con la UE. Lo que hace esta reforma es aclarar las reglas para que los compradores públicos puedan aplicar las reglas de preferencia europea y descartar las ofertas de estos países. China no tiene un compromiso con la UE de este tipo, por lo que los ayuntamientos, las regiones o los Estados miembros podrán excluir ofertas chinas de forma directa con la seguridad jurídica necesaria, algo que antes podía dar pie a la apertura de litigios en los tribunales.
Bruselas quiere dar seguridad jurídica a las administraciones para excluir a terceros países en los procesos
“He oído demasiado durante toda la consulta sobre la revisión de la contratación pública: no podemos hacerlo, no nos habéis dado la posibilidad de fijar criterios para descartar las ofertas chinas… Hoy damos la posibilidad de hacerlo”, explicó el vicepresidente ejecutivo de Estrategia industrial, Stéphane Séjourné, ante un grupo de periodistas. Según cuenta, durante años las administraciones locales y regionales europeas se han visto frustradas por la falta de mecanismos jurídicos claros para rechazar ofertas procedentes de China sin tomar riesgos, y ahora se clarifica qué operadores y productos están protegidos por acuerdos internacionales de contratación pública.
Por ejemplo, si en el marco de un contrato público para paneles solares el inversor es obligatorio y obligatoriamente europeo, “todas las ofertas que no tengan un inversor europeo deben ser descartadas al final, incluso si el inversor hoy fuera chino o de otro país que no tenga un acuerdo con nosotros”, detalló Séjourné ante los medios. Es una manera de hacer frente a lo que Bruselas denomina la “influencia indebida de terceros países” y a la “sobredependencia de proveedores ubicados en terceros países” en tecnologías e infraestructuras críticas. Para evitar que productos de origen chino accedan a licitaciones europeas de manera encubierta, la propuesta crea también una herramienta informática con la que los entes públicos podrán comprobar su origen real.
A la vez, Bruselas ha lanzado también una propuesta del Reglamento de la Ley Europea de Innovación, que actuará específicamente en las licitaciones de I+D. Lo que propone es reservar la participación únicamente a operadores de Estados miembros de la UE o a países con compromisos específicos de apertura en I+D, como los miembros del Espacio Económico Europeo. Bajo este nuevo reglamento, por lo menos la mitad de las actividades de I+D deberán realizarse en el interior de la Unión —hasta el 100% en componentes de seguridad crítica— y se deberá incluir por lo menos un 15% del peso al adjudicar los contratos a la integración de tecnología desarrollada en la UE o que ha aportado al sistema comunitario.
Bruselas sigue apostando así por criterios de preferencia europea en un contexto geopolítico muy complicado, mientras intenta ser más competitiva frente a otras potencias como Estados Unidos o China, y a la vez intenta transformar los procesos de contratación pública comunitarios —que movilizan 2,6 billones de euros anuales, el equivalente al 15% del PIB de la UE— en una herramienta de autonomía estratégica y seguridad económica. “Estamos tomando una decisión política clara: los fondos públicos europeos deben, siempre que sea posible, generar empleo, inversión y oportunidades en Europa, en lugar de llenar las carteras de pedidos de nuestros competidores”, resume el comisario.
