El Gobierno se expone a una gran batalla judicial con derivadas internacionales en caso de que saque adelante el real decreto que limita la conexión de los centros de datos, según ha asegurado este viernes la asociación que representa a estas empresas, SpainDC, en una rueda de prensa. Ayer presentó sus alegaciones al decreto, en las que alude a varios elementos que considera ilegales, sobre todo por afectar a inversiones milmillonarias en curso. Sus críticas se suman a las de comunidades autónomas como Madrid, Aragón o Castilla-La Mancha.
“Estimamos que un 40 o 50% de la inversión total ya está desembolsada en el día de hoy”, ha afirmado el presidente de la asociación, Emilio Díaz. Son alrededor 30.000 millones de los 67.000 millones de euros de inversión prevista hasta el 2030. Es a juicio de la asociación el importe comprometido que se encuentra en riesgo de no ver la luz. Los litigios pueden afectar a toda la inversión porque, según la asociación, el decreto propuesto es de “imposible cumplimiento” por las exigencias planteadas.
SpainDC argumenta que las inversiones en marcha rondan los 30.000 millones
Los requisitos son tales que, según ha indicado la directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, la gigafactoría que el Gobierno proyecta en Móra la Nova no sería capaz de salir adelante por la dificultad para abastecerse con nuevas renovables en un 80%. Lo ha hecho en la sede de la CEOE, acompañada de la directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la patronal, Cristina Riestra.
“Hay inversiones internacionales en base a un contexto legal y se han cambiado las reglas del juego, lo que da origen a reclamar compensaciones multimillonarias por parte de los agentes”, ha afirmado Emilio Díaz, presidente de SpainDC. “Son inversiones ya gastadas que quedarían paralizadas y objeto de demanda”.
La asociación sostiene que tres grandes operadores ya les han informado de que, de salir adelante la norma, cancelarán inversiones previstas por 9.000 millones.
Entre los argumentos jurídicos que maneja SpainDC contra la norma figuran la vulneración del principio de reserva de ley, la discriminación de los centros de datos frente a otros grandes consumidores de electricidad, una retroactividad “no justificada” que vulnera “derechos adquiridos” y la falta de proporcionalidad, ya que “se adopta la posición más gravosa, que es la pérdida de los permisos”.
La asociación denuncia que, a través de un reglamento, se recogen unos peajes de electricidad incrementales para los centros de datos a modo de penalización. Es una medida que supone una extralimitación, ya que sería la CNMC el organismo encargado de estas sanciones, o en su caso la Ley del Sector Eléctrico.
Frente a los 12.000 megavatios (MW) que, según el Gobierno, tienen solicitados permisos de conexión, la asociación estima que la cifra real de proyectos es de 3.000 MW. La fórmula que SpainDC propone es un “concurso de méritos” para conectar toda esta potencia.
El Gobierno de Aragón ha alegado que los criterios del borrador son “casi imposibles” de cumplir y aprecia riesgo de reclamaciones patrimoniales a la administración por parte de los afectados. Castilla-La Mancha también alude a la posibilidad de recursos.
Fuentes de la Comunidad de Madrid detectan elementos de retroactividad y consideran que el proyecto “introduce inseguridad jurídica al aplicar nuevas exigencias a proyectos ya en tramitación o con permisos de acceso concedidos, comprometiendo inversiones ya planificadas”.
