Las lluvias torrenciales y las consiguientes inundaciones que han golpeado a España durante este mes de octubre han dejado un rastro de destrucción y paralización de la actividad. El caso de la DANA Adam a principios de esta semana es el más grave, con siete fallecidos, 2.600 evacuados y cuantiosos daños de materiales, que han obligado a declarar la zona catastrófica.
Las implicaciones económicas de todos estos episodios de clima extremo están todavía por cuantificar. Más allá de las pérdidas directas, la recuperación de la actividad productiva es ahora un reto a contrarreloj para administración, empresas y trabajadores.
Bruselas afirma que en Europa es necesario movilizar hasta 70.000 millones al año por los estragos
El clima extremo supone un freno para el crecimiento y la búsqueda de la prosperidad. Diferentes estudios y papers apuntan a pérdidas en la actividad económica, especialmente duras, entre otras zonas, en el Mediterráneo. Los cálculos se suelen hacer en base a los escenarios climáticos que empeoran año a año.
Esta misma semana, un informe de la ONU publicado el miércoles señala que el calentamiento global alcanzará los 2,8°C para 2100, si se mantienen las políticas actuales, aunque se lograría rebajar el incremento hasta los 2,6°C, si se cumplen los compromisos climáticos existentes íntegramente. Ambas estimaciones son superiores a las previsiones del año pasado, lo que refleja la retirada de EE.UU. del Acuerdo de París.
Un estudio presentado el año pasado en la Comisión Europea por economistas de la Universidad de Mannheim y del Banco Central Europeo (BCE) estimaron unas pérdidas de 43.000 millones de euros sólo en 2025 y un total de 126.000 millones de euros para 2029. El documento, que se basa en datos meteorológicos correspondientes al periodo comprendido entre junio y agosto de 2025, muestra que las regiones del sur de Europa —España, Italia, Portugal, Grecia y el sur de Francia— se vieron especialmente afectadas.
Los países del norte, como Dinamarca, Suecia y Alemania, sufren menos daños; no obstante, también en estas regiones está aumentando la frecuencia y la magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos, en particular las inundaciones. Las economías más pequeñas, como las de Bulgaria, Malta y Chipre, resultan especialmente vulnerables y sufren pérdidas considerables en relación con su valor añadido bruto (VAB).
En el caso español, las pérdidas por meteorología extrema (sequía, incendios e inundaciones, se cuantificaban en 12.200 millones de euros; es decir un -0,84% de VAB. La previsión es que este impacto aumente hasta los 34.819 millones en 2029, lo que supondría una reducción del 2,4% de la actividad económica. La economía española se ve especialmente afectada por las olas de calor y los incendios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el estudio puede no contabilizar bien el impacto de las inundaciones por le ventana temporal escogida.
El profesor de la Universidad de Barcelona (UB), François Cohen, explica que las implicaciones económicas probablemente sean mucho mayores. “Inicialmente, los estudios académicos tendían a presentar un fuerte impacto en sector más expuestos como el agrario, el turístico o el energético, pero se descartaba la industria porque su actividad más o menos se mantenía”, explica.
Sin embargo, este economista valora que estos fenómenos suelen provocar incrementos de precios en la cadena de valor por la escasez de materias primas, lo que acaba perjudicando la producción industrial. “Debemos tener en cuenta que las relaciones de dependencia entre actores económicos y los productos derivados de la naturaleza son bastante generalizadas”, explica en conversación con este periódico.
Este experto señala que actualmente la literatura económica tiene más conocimiento sobre los impactos de olas de calor y frío porque son más fáciles de documentar. “En cambio los fenómenos meteorológicos extremos son más difíciles de predecir. Lo que, si sabemos es que, cuando ocurran, serán mucho más intensos”. En este sentido, apunta que, para estos casos, se pueden tomar como referencia desastre naturales ocurridos en el pasado. “Un ejemplo es el terremoto de Haití de 2010. No tiene nada que ver con el cambio climático, pero ofrece un modelo de la destrucción del tejido económico y social y las dificultades para volver a la normalidad para un gobierno”, reflexiona.
Para combatir los efectos del clima extremo, la Unión Europea, los Estados miembros y el sector privado deberían invertir cerca de 70.000 millones de euros anuales hasta 2050, según un estudio publicado a principios de año por la propia Comisión. De estos, unos 30.000 millones van dirigidos a infraestructuras, mientras que unos 21.000 millones de euros para la conservación de ecosistemas y otros 12.000 millones para la seguridad alimentaria.
El análisis apunta que Francia, Italia, Alemania y España presentan las mayores necesidades de inversión en adaptación, en parte debido a su dimensión geográfica y económica. También señala que la magnitud y los tipos de inversiones requeridas varían considerablemente entre los Estados miembros, en función de las características propias de cada país. España debería realizar una inversión anual de 6.970 millones de euros, de los que va prácticamente la mitad irían a ecosistemas, 1.700 millones a infraestructuras, 710 millones a salud y 1.565 millones a seguridad alimentaria.
En una entrevista en La Vanguardia a principios de mes, la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, reconoció que se está trabajando en una estrategia y una propuesta de reglamento europeo en materia de resiliencia. El objetivo es agilizar la inversión para mitigar los efectos del cambio climático.
El impacto en Catalunya
La plataforma Renovem-nos y el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) presentaron el año pasado un estudio para calcular el impacto del cambio climático en Catalunya. En concreto, se analizaron 23 acontecimientos extremos ocurridos entre 2020 y 2024. En total, se calculó un impacto mínimo de 1.800 millones de euros entre los distintos fenómenos. “El impacto del cambio climático es evidente pero hay una falta de información sistematizada sobre los costes directos e indirectos”, explica la presidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del CEC, Ana Garcia. El informe pide a la Generalitat establecer un sistema de datos fiables para poder elaborar políticas públicas eficientes al respecto. “El economista Nicholas Stern decía ya en 2006 que si tomamos las medidas adecuadas podríamos reducir el coste del cambio climático al 1% del PIB. De lo contrario, el impacto puede ser gigante”, apunta la economista. En este sentido, pide incluir el riesgo de climatología extrema en la valoración de todas las inversiones en infraestructuras futuras.
