El encarecimiento de los materiales de construcción tras el inicio de la guerra en Irán está teniendo efectos directos sobre la obra pública en España, que se encuentra en un momento de fuertes exigencias por la necesidad de mantener las carreteras o desplegar las últimas partidas de fondos europeos. No solo aumentan con fuerza los contratos que se quedan desiertos, sino también los que apenas reciben respuesta de las empresas y se conceden sin competencia, con un solo postor.
Según datos de la asociación de grandes consultoras Seopan, el volumen de contratos con un solo licitador asciende entre enero y agosto a 976 millones de euros, cuatro veces más que los 245 millones del mismo periodo del año anterior. Es un efecto, según indican las propias constructoras, de la elevada incertidumbre del actual escenario para las empresas. Muchas de ellas han decidido dejar de concurrir para no asumir riesgos, y la falta de competencia hace que haya menos ofertas a la baja. Todos pierden, argumentan desde el sector.
Detrás de este dato figura una de las grandes reivindicaciones de las compañías, la de que se les reconozcan en los contratos ya firmados el aumento de costes de los materiales. Ocurrió con la invasión de Ucrania en el 2022, cuando el Gobierno sí realizó esta concesión, pero ahora las ayudas se han concentrado en los productos energéticos como los carburantes o la electricidad. Sin embargo, entre las empresas aún confían en que el Gobierno acabe corrigiendo el problema antes de que se celebren las elecciones.
Las empresas reconocen que la contratación estatal o de corporaciones como Aena o Adif sí recogen estas revisiones, pero reclaman una ley del Gobierno para obligar como en el 2022 a hacerlo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Es en estas administraciones en las que se concentra el problema.
Las constructoras reclaman al Gobierno que reconozca los sobrecostes, como en la crisis de Ucrania
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ya tiene calculado que en el primer semestre del año quedaron desiertos casi tantos contratos de obra pública como en el conjunto del 2025. Además, el incremento es del 16% con respecto a los peores momentos de la invasión de Ucrania, cuando se dispararon los materiales de construcción.
En España hay unas 188 obras al mes que se quedan sin constructor que las desarrolle, con Catalunya como una de las comunidades autónomas donde este problema es más notable. En la CNC citan entre los mayores contratos desiertos uno del Port de Barcelona y otros dos de los ayuntamientos de Sabadell y Manresa.
La situación se agrava estos días con datos de inflación al alza y un barril de petróleo que rebasa por primera vez los 115 dólares desde mayo. Las tensiones en Oriente Próximo no cesan y están poniendo a prueba las economías europeas. La inflación alcanzó en España el 4,9% en septiembre y vuelve a ser uno de los grandes dolores de cabeza para el Gobierno, que ha prolongado las ayudas a los carburantes hasta finales de año. El último golpe viene del precio del gas, que ya ha batido los 90 euros por megavatio hora, el nivel más alto desde el 2022.
Todos estos porcentajes se van trasladando de forma particular a cada material de construcción. La asociación que agrupa a las constructoras independientes, Anci, va haciendo cada mes un seguimiento con ayuda del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). Sus datos para octubre son que los materiales bituminosos con los que se asfaltan las carreteras han subido un 33% y que el aluminio lo ha hecho un 19%, frente al 18% del acero o el 12% de los materiales cerámicos.
Adif o Aena sí recogen revisiones de precios, pero el problema se centra en autonomías y ayuntamientos
“Se trata de una situación sobrevenida e imprevisible para los contratistas, que no pudieron incorporarla a sus ofertas y que guarda una clara similitud con la vivida en 2021 y 2022”, se quejan desde Anci. Los sobrecostes, dicen en esta asociación, se están cebando con las actuaciones en las carreteras y, dada la evolución de la inflación, pueden afectar también a la mano de obra. Las adjudicadas con precios anteriores a la crisis se enfrentan ahora a un “riesgo elevado de ruptura del equilibrio económico del contrato”.
En el 2022, la revisión excepcional de precios en los contratos de obra pública se aprobó a través de un real decreto-ley luego convalidado a nivel parlamentario. Debería ser la misma vía que use ahora el Gobierno en caso de adoptar una medida de este tipo, para su posterior ratificación en la diputación permanente del Congreso. En aquella ocasión, las revisiones al alza para los contratos en ejecución quedaron limitadas al 20%.
