El pasado 5 de octubre se publicó, por una parte, el orden ministerial que pone en marcha la cuenta atrás para la entrada en vigor obligatoria del uso de la factura electrónica para empresarios y profesionales y, por otra parte, Hacienda comunicó que Verifactu se volvía a aplazar. El motivo del aplazamiento era alinear estas dos iniciativas, junto con la directiva comunitaria conocida como IVA en la Era Digital ( ViDA). Si hacemos memoria, todo empezó con dos iniciativas relativamente paralelas. Por una parte, la popularmente conocida ley Antifraude del 2021 y su posterior reglamento Verifactu, proyecto del Ministerio de Hacienda, y, por otra parte, la ley Crea y Crece del 2022, proyecto del Ministerio de Economía. La primera buscaba, sobre todo, luchar contra el fraude fiscal, mientras que la segunda buscaba mejorar el entorno empresarial y mejorar la morosidad. Adicionalmente, las dos iniciativas en estadios posteriores justificaban que tenían que servir para digitalizar el tejido empresarial del país y mejorar, así, la eficiencia y la relación entre las empresas y la Administración (y de paso tener más control).
Por el contrario, la realidad es que los constantes vaivenes de la Administración en los recientes proyectos y aplazamientos generan, cuando menos, inseguridad en las decisiones empresariales. Dado que las dos iniciativas eran primas, pero no hermanas, el desarrollo normativo ha ido por caminos y timings diferentes, lo que ha resultado en que tanto Verifactu como la factura electrónica impulsan el uso de programas informáticos con requisitos técnicos específicos en cada uno de ellos que buscan cosas parecidas, pero no iguales, y han obligado al tejido empresarial a hacer inversiones a marchas forzadas para cumplir con las obligaciones vigentes.
Burocracia
Las administraciones públicas no solo tienen que fomentar la digitalización, sino también facilitarla y que sea coordinada
Las administraciones públicas no solo tienen que fomentar la digitalización, sino también facilitarla. Y eso pasa no solo por conceder ayudas económicas, como las vinculadas al programa Next Generation, que requieren gestiones administrativas y burocráticas, sino por incentivos fiscales a las inversiones asociadas al cumplimiento normativo que impulsa la digitalización, así como un marco regulador estable y sincronizado con las iniciativas existentes y futuras. El proceso de digitalización desorganizada y descoordinada por parte de las administraciones está resultando en una transferencia de costes económicos y administrativos del sector público en el privado, ¿a cambio de qué?
A menudo se tiene la sensación que determinadas iniciativas digitales responden más a la necesidad de resolver procesos internos de las propias administraciones que no a simplificar realmente la vida de las empresas y de los ciudadanos. La transformación digital tendría que reducir cargas administrativas, no simplemente trasladarlas a terceros mediante nuevas obligaciones. Está claro que la digitalización es un elemento estratégico. Aun así, tenemos que ser críticos con el diseño y la implementación de los procesos de digitalización que hemos comentado.
