La multinacional española de seguridad Prosegur se ha visto envuelta en la polémica en torno a la seguridad del voto por correo en las elecciones de medio mandato que se celebran mañana en EE.UU. Una polémica, la del voto por correo, que también ha vivido España. La empresa que preside Helena Revoredo y dirige su hijo Christian Gut tiene contratos para la vigilancia y el control de varios centros de la empresa pública de correos de EE.UU., United States Postal Services (USPS).
Según algunos medios de comunicación de EE.UU., Prosegur habría desplegado hasta 1.000 empleados de seguridad armados hasta en 55 centros de la empresa postal distribuidos por todo el país. Según los críticos con el contrato, el despliegue se ha centrado en estados de mayoría demócrata o en otros en los que el voto está muy ajustado entre los dos partidos, los llamados ‘swing states’.
Donald Trump ha atacado con fiereza y de forma reiterada a USPS, acusándola de corrupción y falta de control. Además ha intentado imponer criterios nuevos para impedir a determinados votantes acudir a sus centros para depositar su papeleta por correo. Pese a ello, al final Trump ha acabado llamado también a los posibles votantes republicanos a utilizar el voto por correo antes que dejar de votar.
Según algunos medios del país, el portavoz del sindicato de agentes de policía postal criticó que los empleados armados de Prosegur, que “serán controlados por un contratista privado, tendrán el control sobre miles de votos sin ningún control federal”.
Portavoces de USPS citados por The New Republic han asegurado que “esos guardias han sido desplegados para ofrecer seguridad y como un elemento de disuasión a los criminales o empleados que pueden intentar comprometer el servicio postal o potencialmente dañar personas en el interior de nuestras instalaciones”.
Una representante, congresista, de Oklahoma en el Congreso de EE.UU., Brittany Pettersen, ha dirigido una carta al inspector jefe del USPS pidiendo explicaciones sobre esos contratos y recordándole que está prohibido intimidar a los votantes y que hacerlo ante hombres armados puede suponer una forma de influir en su ánimo.
La empresa española ha declinado hace comentarios sobre esos contratos, señalando restricciones de confidencialidad. Algunas fuentes han señalado que esta polémica ha emergido justo cuando las concesiones se aproximan a su vencimiento y se abrirá un nuevo concurso.
Prosegur cerró el 2025 con una facturación de casi 5.000 millones de euros y un beneficio neto de 119 millones. Emplea a 180.000 personas. EE.UU. es una de las apuestas de crecimiento de la compañía. Cotiza en la bolsa española y la familia fundadora controla más del 66% del capital.
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El presidente de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ya explica con claridad a quien se lo pregunta que quiere seguir al frente de la institución cuando le venza el actual mandato, en septiembre del 2028. Aunque era una especulación solidamente asentada en la ciudad des de hace meses –Network ya se hizo eco de esa intención en enero pasado–, el afectado había guardado silencio hasta ahora.
Esta pasada semana, Santacreu respondía afirmativamente a la pregunta de si se planteaba la reelección que le formulaban varios empresarios con los que departía en el Teatre Nacional en los minutos previos a la gala de entrega de los premios de Foment.
El ex presidente en España de la aseguradora DKV accedió al cargo en septiembre del 2024, encabezando la lista Va d’empresa, del ámbito soberanista neoconvergente de la asociación empresarial FemCat, que se impuso a la independentista Eines de País. Esta a su vez se había alzado con la victoria en las anteriores elecciones, que acabarían siendo revocadas por la justicia, aunque esa resolución llegó tan tarde que no tuvo consecuencias prácticas.
Junto con Santacreu, el otro hombre fuerte de la lista era Eloi Planes, presidente de Fluidra, la empresa familiar fabricante de material para piscinas que ya forma parte del Ibex 35 y que también es vicepresidente de la Cambra. En aquel momento, el acuerdo entre ambos era que el primero sería presidente durante el primer mandato y el segundo ocuparía el cargo en el caso de que su candidatura resultara elegida para un segundo.
Pero eso ha cambiado. Planes ha ido acumulando obligaciones profesionales, aseguran fuentes informadas, y no se plantea asumir la presidencia. Primero, por el crecimiento y las obligaciones derivadas de su presidencia ejecutiva en Fluidra. Y, más recientemente, en mayo, fue nombrado presidente del Instituto de la empresa familiar (IEF), cuyo mandato es de dos años, lo que significa que termina a las puertas de las próximas elecciones a la Cambra.
Durante el mandato de Santacreu la Cambra ha vuelto al cauce tradicional de la entidad, recuperando la entente con la Generalitat y recuperando su perfil clásico de servicios a las empresas y creador de opinión empresarial a través de los informes elaborados por su reputado servicio de estudios.
A principios de este mes el Parlament aprobó la Llei de Cambres, que ha adaptado la regulación de estas entidades a una ley estatal aprobada nada menos que doce años antes. Hasta el último momento ha sido motivo de disputa, pues en el tramo final Comuns y la CUP llevaron el texto al Consell de Garanties Estatutàries, en un movimiento en el que el mundo cameral vio la mano de Pimec, discrepante con las competencias que atribuye a las cámaras.
El otro gran episodio durante este mandato de Santacreu ha sido la ampliación de las llamadas sillas de plata, vocalías del pleno de la Cambra que se adjudican a grandes empresas a cambio de una aportación anual mínima de 75.000 euros. La ley estatal fija un número mínimo de dos y el equipo de Santacreu propuso elevarlo a 10, sobre un total de 60 vocalías. Pimec se opuso a la propuesta, junto con los miembros de Eines de País y en el pleno del mes de julio la votación arrojó un empate entre partidarios y opositores que debió desempatar, a favor, el voto de calidad de Santacreu.
