El precio medio del alquiler en las zonas con tope de rentas se situó en 894 euros en el segundo trimestre del año, lo que supone un aumento de un 2,6% respecto al mismo periodo del 2025 y prácticamente el mismo nivel que antes de la intervención del mercado. En Barcelona ciudad, la mensualidad se mantuvo prácticamente plana, con un incremento de apenas el 0,5% que llevó el alquiler medio a 1.140,89 euros -ver gráfico-.
La regulación del mercado se empezó a aplicar en Catalunya en marzo del 2024, con lo que los nuevos datos ofrecen una perspectiva sólida sobre los efectos de la medida, que afecta al 90% de la población catalana. La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha valorado este lunes que los objetivos que se marcó la Generalitat con la aplicación de la ley de Vivienda se están cumpliendo.
Primero, porque la evolución de las rentas en el último año se ha contenido y crece por debajo de la inflación, que en el periodo fue del 3,2%. En segundo lugar, porque el parque de vivienda en alquiler continúa aumentando, con un saldo entre bajas y altas de contratos de 2.512 firmas entre abril y junio, aunque lo hace lentamente y la oferta sigue siendo insuficiente para absorber toda la demanda. Y por último, porque los fondos de inversión se están retirando del mercado, algo que en la Generalitat consideran positivo.
Este paso atrás del mercado a causa de la regulación va más allá del alquiler y tiene a su vez un impacto sobre la compraventa, señalan desde Territori. Sin inversores que pueden pagar precios más altos que los compradores particulares, el mercado “se enfría”, sostienen en la conselleria. La Generalitat vincula este efecto con el menor encarecimiento de la vivienda en Catalunya en comparación con otras comunidades, en particular, con Madrid, a la que contraponen el modelo.
Así, el precio medio del metro cuadrado subió un 8,5% en Catalunya en el segundo trimestre, hasta los 2.849 euros, por debajo de la media del conjunto de España, del 9,2%, indican el Registro de la Propiedad. En la Comunidad de Madrid, el incremento fue del 12,1%, y en el País Vasco, del 9,7%. En Barcelona ciudad, el aumento llegó al 9,3%, frente a un 12,2% de la ciudad de Madrid. Las transacciones en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso encadenan además meses de descensos interanuales.
Respecto a la regulación sobre la vivienda de uso turístico y temporal, Paneque ha afirmado que desde su aprobación en el Parlament se ha producido una reducción “muy importante”, con un 40% menos de contratos firmados en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.
Los incumplimientos de la norma se mantienen de momento en cotas bajas. Paneque ha explicado que desde la creación de la Dirección General de Disciplina en la Vivienda, que cuenta ya con 50 inspectores de los 100 previstos, el organismo ha incoado 43 expedientes, que sumarían 1,3 millones de euros de sanciones propuestas, además de otros que están en proceso de tramitación y que podrían elevar la cifra en 600.000 euros más.
La declaración de zona tensionada y el tope de rentas se ha convertido así en una pieza clave de la política de vivienda de la Generalitat. En un principio, su aplicación estaba prevista para tres años. Pero el Govern ya ha decidido aplicar la prórroga que permite la ley y extenderá la regulación hasta el 2028.
Su análisis indica que 118 ciudades de la primera declaración de zona tensionada todavía cumplen las condiciones de problemas de asequibilidad en el mercado de la vivienda, entre ellas, Barcelona y su gran conurbación. Un total de 22 localidades que se incluían en esta primera lista han quedado en cambio excluidas porque su situación ha mejorado y ya no cumplen los requisitos para entrar en el tope de rentas. Algunas de éstas son Reus, Lleida, Granollers o Mollet del Vallès.
Empiezan a pararse desahucios con los decretos Maricarmen
La Generalitat ha comenzado a recibir los primeros autos judiciales que paralizan desahucios en aplicación de los decretos Maricarmen, vigentes a la espera de la convalidación definitiva. Será el Govern el que tenga que asumir el pago del alquiler de estos inquilinos que iban a ser expulsados de la vivienda en la que residían, o bien, buscarle un piso alternativo. Desde la conselleria de Territori explican que se analizará “caso por caso” para evaluar la mejor opción y, a partir de ahí, calcularán la partida necesaria para sufragar la medida.
