La décima huelga general de la democracia está teniendo un seguimiento relativo, lejos de otras convocatorias anteriores, aunque tampoco despreciable. Reflejo de un clima social de insatisfacción o frustración, pero que no ha concitado como protesta la apelación social o la adhesión de jornadas anteriores. Los sindicatos convocantes, conscientes de la complejidad de la situación en la que llamaban a la huelga, habían fijado su termómetro principal de valoración en la participación en las manifestaciones convocadas para esta tarde. A primera hora de la mañana definían la participación con expresiones como “relevante” o “dispar” y pasadas las horas han hablado de “éxito”, aunque con muchas matizaciones a la espera de lo que depare el avance del día. Las patronales, encabezadas por CEOE-Foment y Cepyme han optado por calificar el seguimiento de “bajo”, algo también previsible.
La convocatoria tenía un carácter genérico, con objetivos específicos poco definidos o sin relación con medidas o proyectos legislativos concretos, como había sido habitual en convocatorias anteriores. Y en un contexto político muy polarizado, el de las próximas elecciones generales del día 29, lo que sin duda ha sometido a un estrés adicional la decisión de participar o no. Con efectos diferentes entre amplios sectores sociales.
Es obvio que pese a esa indefinición de la convocatoria, en su punto de mira están sobre todo las fuerzas políticas de la derecha que encabezan las encuestas y aparecen como las más plausibles integrantes del próximo gobierno surgido de las urnas, idea reforzada por el apoyo que ha recibido del gobierno. Su éxito político deberá juzgarse, pues a la vista de los efectos en el recuento de votos de la noche del próximo 29 de noviembre. Y en consonancia con eso se han posicionado los diferentes actores. Gobierno, oposición y agentes sociales.
Por definición, todas las huelgas generales tienen carácter político, pues son el síntoma de que se han agotado las vías previas de negociación con los operadores del sistema de partidos y de funcionamiento de la democracia. Algo que también incumbe al actual gobierno. No queda bien parado, pues no ha sabido encontrar soluciones a los problemas que están sobre la mesa y no puede consolarse alegando la derrota parlamentaria de unos decretos sobre vivienda activados cuando la legislatura ya estaba muy avanzada y la problemática social en plena erupción. Algo que contribuye a la frustración política.
Es obvio que los convocantes de la huelga interpretan que es muy probable que el horizonte se complique tras las elecciones y que deben actuar para evitar ese escenario político. Es un fenómeno que marca también las movilizaciones en otros países de Europa, especialmente la vecina y compleja Francia.
Se podría decir que hay motivos para protestar pero no están claros los objetivos ni los responsables a los que reclamar la solución. El diagnóstico sobre el disparatado precio de la vivienda o la debilidad de los salarios cuenta con amplio consenso social, compartido incluso por las organizaciones empresariales. El problema es cómo abordarlos y ahí las cosas se complican.
Todos estos factores han moldeado el impacto y el discurrir de la jornada. La industria y el transporte han sido, en la línea con la tradición de más implantación sindical, los puntales de la movilización y la causa de los problemas para el acceso a las grandes ciudades, que han aparecido mucho menos concurridas que en un día normal. Con ellos, algunos sectores que ya estaban movilizados, especialmente la sanidad y la enseñanza en Madrid y amplios sectores juveniles, con la enseñanza universitaria en cabeza.
Desigualdad o disparidad, como han señalado los convocantes, visible en comercio y restauración, con una extraña normalidad de puertas abiertas – que se cerraban al paso de las columnas sindicales- en los centros comerciales de las ciudades, pero con escasa actividad.
Algunas referencias para estimar la incidencia, como la caída del consumo eléctrico, recogen una caída inferior a la de otras huelgas generales. Se trata de un barómetro casi caduco o más difícil de interpretar que en el pasado, tanto por los cambios estructurales en la economía y, por tanto, en el consumo de energía de la industria como por la implantación generalizada del teletrabajo, que permite trabajar sin necesidad de desplazarse.
