Los países comunitarios ya cuentan con su caja de recomendaciones de la Comisión Europea para paliar la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz. Y no incluye la sugerencia del teletrabajo, como rezaba un borrador anterior, pero sí la coordinación reforzada del almacenamiento de las reservas energéticas entre los Estados miembros, una de las pocas competencias que tiene el Ejecutivo comunitario en la materia. En cambio, Bruselas aparca por el momento la idea de aprobar un mecanismo europeo para gravar las ganancias extraordinarias de las compañías energéticas, pese a la petición de grandes países comunitarios como España, Italia o Alemania.
El objetivo de Bruselas es evitar repetir los errores del verano del 2022, cuando las compras masivas e individuales de los Estados miembros provocaron que los precios subieran de forma artificial. Por eso, y dado que el mix energético es competencia nacional, la Comisión quiere asegurar que los depósitos de gas se llenen de manera coordinada y gradual durante los próximos meses, evitando disrupciones en los mercados entre los países comunitarios. También se ofrece a intermediar y coordinar, si llegara a ser necesario, cualquier acción de liberación de reservas de emergencia, tanto de gas como de petróleo.
Bruselas incluye en su estrategia un plan de electrificación antes de verano y confirma un mecanismo para flexibilizar las ayudas de Estado a los sectores del transporte, el agrícola o la pesca, los más afectados por esta crisis, que se presentará más adelante. Además, recomienda utilizar los ingresos procedentes del comercio de emisiones (el conocido ETS) para proyectos de descarbonización industrial y electrificación y pide a los Estados miembros que recurran a todas las flexibilidades posibles para amortiguar los efectos de la crisis. Eso sí, recuerda que las medidas deben ser siempre temporales y acotadas a los sectores más vulnerables. Hay cierto miedo en Bruselas a que una manga ancha pueda tener efectos negativos a largo plazo.
La crisis se ve como una oportunidad para acelerar la electrificación, con la implementación de la energía renovable y la menor dependencia del combustible fósil extranjero. “Acelerar nuestros planes energéticos es importante para la seguridad económica y energética”, ha valorado Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y comisaria para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, al presentar las medidas. La española ha señalado que se está en mejor situación que en la crisis energética en la invasión de Ucrania, “pero aún necesitamos hacer más, desarrollar un escudo para los que están sufriendo”.
El mensaje ha sido compartido por Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía y Vivienda, que ha reiterado que el impacto durará años, sobre todo en el gas. Vienen meses de incertidumbre, con un impacto de la guerra “impredecible” y que obliga a “prepararse para todo”. Desde el estallido del conflicto, la factura por la importación de energía fósil ha subido en 24.000 millones de euros. Son más de 500 millones de euros diarios que sufren ciudadanos y empresas. “Necesitamos actuar rápido y juntos”, ha urgido Jørgensen. Un frente que preocupa es el del combustible para la aviación, lo que “más presionado está”.
Repasando las medidas desplegadas por los Estados, Jørgensen ha pedido “no quemar el dinero de los contribuyentes en subvencionar el combustible fósil”, algo que debe ser temporal y muy específico. Por ejemplo, en lugar de subvencionar el combustible, apuesta por medidas de impacto más duradero, como ayudas para cambiar calderas de gas en los hogares. También se ve con buenos ojos rebajar impuestos en la electricidad, algo que tiene un efecto inmediato en el bolsillo.
Sí la ‘eco-conducción’
El texto final no incluye la recomendación de teletrabajo que pedía un borrador
En el texto de las medidas, poco más. No incluye el impulso de un impuesto a nivel comunitario para gravar las ganancias extraordinarias de las compañías energéticas, tal y como habían reclamado España, Alemania, Italia, Austria y Portugal. La Comisión de momento prefiere dejarlo en manos de los Estados miembros, que pueden aplicar esta medida a nivel individual, sin la necesidad de un paraguas europeo. Si bien Ribera reconoce que las circunstancias “no deberían usarse para el beneficio de unos pocos”, un impuesto requiere una unanimidad que ahora mismo no se logra y es difícil de aplicar técnicamente.
Los cinco países solicitantes pedían imitar la idea del 2022, en plena crisis energética derivada de la invasión de Ucrania. Entonces, la UE introdujo una contribución temporal de solidaridad, pero en la Comisión ven dificultades técnicas para repetir el esquema sin la unanimidad que se requeriría en el Consejo. Tampoco generó entonces un especial entusiasmo en el Ejecutivo comunitario. El argumento ahora es que los precios no están tan altos como hace cuatro años ni hay riesgos de escasez inminente como para que justifiquen que la Comisión utilice el dispositivo de emergencia para aprobar medidas de este tipo como hizo en el pasado.
El resto de las medidas son puras recomendaciones a los Estados miembros, y ya se han rebajado. Ante las filtraciones de los anteriores borradores, fuentes comunitarias fueron tajantes al decir que “no hay ninguna medida relativa al teletrabajo en este plan”. El texto sí incluye una serie de acciones voluntarias, que pueden seguir tanto los ciudadanos como las administraciones. Entre ellas, la “eco-conducción”, la conducción de manera más sostenible, que desde la Comisión insisten en que es puramente una recomendación entre las ideas para hacer más eficiente el transporte y la climatización en los hogares.
