Quizá esperando el mejor momento para convocar elecciones, a Pedro Sánchez se le pasó la oportunidad. Eso ya se verá. Lo único cierto es que el líder del PSOE no ha visto un instante favorable desde el pasado año, cuando el Gobierno llegó asediado y exhausto al verano. El alud de actuaciones judiciales alrededor del PSOE es incesante y no va a amainar. Los frentes que se ciernen sobre el presidente son tantos que resulta imposible discernir el alcance de cada uno, pero todos contribuyen a crear una atmósfera irrespirable. Para defenderse, y por convicción propia, el Gobierno traslada la idea de una confluencia de intereses de la derecha política, mediática, judicial y policial para desbancar a Sánchez. Según esa tesis, no se trataría solo de forzarle a convocar elecciones, sino también de propiciar un resultado del PSOE lo suficientemente desastroso como para impedir que Sánchez pueda seguir como líder de ese partido en la oposición, a la espera de una nueva oportunidad.
Para entender lo que está ocurriendo es precisa una breve radiografía de las causas abiertas y su posible evolución:
La familia del presidente
Los casos de David Sánchez y Begoña Gómez son los que más han propiciado el argumento de la persecución política por parte del Gobierno. El del hermano se juzga estos días en Badajoz, acusado de haber aceptado un supuesto enchufe. La sentencia se espera en pocas semanas. El de la mujer de Sánchez provocó aquellos cinco días en los que el presidente estuvo a punto de dimitir, hace dos años. Las actuaciones del juez Peinado han sido muy discutidas. El ministro de Justicia lo denunció ante el Consejo del Poder Judicial hace un año y no ha tenido respuesta.
Ábalos y Koldo
El ex ministro y su mano derecha, en prisión provisional, esperan sentencia por amañar contratos de mascarillas. A estas alturas se conocen muchos detalles de actuaciones irregulares de ambos como para que el Gobierno se atreva a defender su inocencia. Este caso detonó en el PSOE como una bomba por el enorme poder de Ábalos en el partido y su influencia política sobre Sánchez. Las grabaciones de Koldo han permitido tirar del hilo de otras presuntas corrupciones.
Cerdán y Leire
Si lo de Ábalos fue una bomba, la causa contra Santos Cerdán fue un golpe mayor para el presidente. Del primero circulaban rumores sospechosos, pero del segundo es difícil encontrar a alguien que albergara la más mínima suspicacia sobre su comportamiento. Ha resultado ser la pieza más tóxica. No solo por el supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones de obras, sino por lo que pudo hacer como secretario de organización del PSOE, como fichar a la “fontanera” Leire Díez. Este caso ha cobrado fuerza esta semana cuando el juez Pedraz envió a la UCO a la sede del PSOE con un requerimiento de información. Se investiga si Cerdán ordenó pagos a Leire Díez para buscar trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles que iban tras la pista de corrupciones socialistas. Los métodos de la “fontanera” fueron propios de Mortadelo y Filemón, y poco fructíferos. Pero el pago pudo hacerse con facturas falsas, por lo que está imputada la gerente del PSOE. El juez busca el recorrido del dinero, incluida su procedencia, por si hubiera algún tipo de financiación irregular del partido.
Financiación ilegal
Otro juez, Ismael Moreno, abrió una causa para investigar si hubo financiación ilegal del PSOE. Lo hizo a instancias del Tribunal Supremo, como derivada del caso Koldo, cuando el empresario comisionista amigo suyo, Víctor de Aldama, aseguró que le dio dinero también para el partido. Aldama está en libertad tras pactar con el fiscal su colaboración con la justicia. El juez Moreno pidió al partido todos los tickets de gastos y facturas entre 2017 y 2024. Cajas y cajas que el PSOE aportó. Es una causa secreta que en algún momento podría estallar, por ejemplo en forma de registro de la sede de Ferraz, si la contabilidad arroja alguna incongruencia. Tanto este caso como el anterior podrían derivar en una imputación del PSOE y eso pondría contra las cuerdas a Sánchez.
Zapatero
Su imputación es un golpe moral para los socialistas. Más allá de si sus negocios particulares son honestos, éticos o estéticos, está en juego la legalidad o no del préstamo del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia.
El Gobierno asume la presunta corrupción de Ábalos, Koldo y Cerdán (con la derivada Leire), pero creen que en otros casos hay un exceso de “espectáculo” que supera la gravedad de lo que se investiga y lo atribuyen a la animadversión de algunos jueces y cúpulas policiales desatada tras los pactos de Sánchez con Junts. No solo por la amnistía, sino por haber asumido de forma indirecta el discurso del “lawfare” de Carles Puigdemont en el pacto de investidura.
Lo cierto es que por un lado resulta difícil asumir una concertación malévola de tantos jueces, fiscales y agentes en contra del Gobierno, pero por otro sería menos creíble si altas instancias policiales no hubieran participado en operaciones fabricadas con falsedades en el pasado para desacreditar a políticos independentistas (algo que nunca se ha investigado de verdad por parte de ningún juez) o de Podemos, por ejemplo. No hay una única y simple explicación para todo, aunque todo contribuya a socavar la confianza ciudadana en sus autoridades.
El avance de las investigaciones deparará más sustos al PSOE y Sánchez solo cuenta con dos cartas para movilizar a sus votantes: la alternativa PP-Vox y el mensaje de la persecución judicial y policial. Pero su mayor riesgo es la falta de apoyos políticos, que lo presenta como un líder que se aferra a la silla cuando sus aliados dan por acabada la legislatura.
