Si el Tribunal Supremo, en una sentencia de las que pasan a los anales de la tergiversación jurídica, se atrevió a denegar la aplicación de la ley de amnistía a los líderes independentistas catalanes con argumentos como que no estaba clara con “precisión reforzada” la voluntad del legislador, es decir, la del propio Parlamento que la había aprobado con sus votos por mayoría absoluta, cómo no se iba a atrever el juez Juan Carlos Peinado a retirarle el pasaporte y prohibirle salir del país a Begoña Gómez, la esposa del indeseable Pedro Sánchez. Juez combatiente donde los haya este Peinado, ha resistido sin inmutarse las reprimendas jurídicas que la Audiencia Provincial ha venido propinándole a sus desmadejados autos y decisiones. Al final, se ha salido con la suya y acabará una causa que ha instruido cual tribunal de la santa inquisición.
Desde que el 1 de julio del 2024 el juez del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa contra Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas, rechazó aplicar la ley aprobada en mayo por el Congreso, hasta la actualidad, el poder judicial ha sido la principal fuerza de oposición al actual Gobierno. No debería extrañar a nadie entonces que algunos de los políticos afectados por esa medida de gracia hayan acabado pensando que la justicia española seguirá inventándose excusas para no aplicarla indefinidamente aunque los tribunales europeos acaben considerándola plenamente legal. De ese convencimiento, paradójicamente, se beneficia en alguna medida el PP, pues los líderes independentistas tienden a acusar en parte al Gobierno de las dificultades para aplicarla.
La asimetría en el comportamiento de la magistratura, según el color político del asunto a instruir o sentenciar, ha sido ya ampliamente destacada durante este periodo. Habría muchos posibles ejemplos. Recordemos solo uno de los más recientes y uno de los más flagrantes. La velocidad de vértigo con la que se ha eliminado a un Fiscal general del Estado porque él o alguien de su entorno (como si ese detalle no fuera el que marca la diferencia entre una persecución y una sentencia justa) habrían filtrado un correo electrónico, frente a la lentitud exasperante con la que se arrastran las diligencias contra el causante original de ese embrollo, el defraudador fiscal confeso Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y comisionista de la empresa de salud Quirón, que factura miles de millones a la Comunidad de Madrid. O la claridad con la que algunos organismos públicos identifican al titular de las siglas P.S. frente a la indolencia para investigar quien era M.Rajoy.
Los gobiernos de cambio siempre han sido timoratos al encarar la reforma judicial
En Catalunya ya hace ya tiempo que esa diferencia ha quedado palmariamente a la vista de todos. Las denuncias contra los policías acusados de inventar causas al calor del procés nunca han llegado a ninguna parte, pese a que hasta hay grabaciones de conversaciones con el mismísimo ministro del interior del momento, Jorge Fernández Díaz. Y una de las incitadoras de esa caza de brujas, Alícia Sánchez-Camacho, se mantiene aforada en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, después de pasar por el Senado, para mantenerla permanentemente aforada y tener bloqueada en la práctica la vía para su posible investigación por su participación seminal en la llamada operación Catalunya.
Una seria impugnación de la supuesta voluntad de limpieza del PP de Alberto Núñez Feijóo en un caso que sí que tiene que ver con cloacas de verdad, funcionarios públicos con recursos del Estado y no con la banda de aventureros sin criterio como la que ahora se le quiere contraponer a cuenta del atrabiliario caso Cerdán-Leire.
Como ya se ha dicho, se trata de una realidad que se ha ido poniendo de manifiesto desde el gobierno de Mariano Rajoy y que solo la indulgencia plenaria del poder judicial permite que siga no solo impune respecto a lo sucedido en el pasado, si no que se desenvuelva de nuevo a plena luz del día y se vista de la presunta legalidad del estado de derecho. Se podrían añadir elementos, conspiranoicos o no, desde la participación o estímulo de la administración de Donald Trump a la solidaridad estamental de la judicatura, pero las cosas, en lo referente a la justicia, no deberían seguir como hasta ahora.
Aumentan los afectados por el diferente trato judicial según el color político del afectado
Por eso es llamativo que ni el ahora principal afectado, es decir el gobierno de Pedro Sánchez, ni las fuerzas políticas que le dan su apoyo, en la izquierda, pero también el espectro de las filas nacionalistas periféricas, estén poniendo toda la carne en el asador para cambiar el estado de cosas en el poder judicial. Suenan hueras sus llamadas a confiar en la justicia cuando es de sobra conocido que no piensan así en la intimidad. La reforma planteada por el ministro de justicia, Félix Bolaños, es claramente insuficiente para la dimensión del problema que enfrenta la sociedad española en lo referente a la calidad de un pilar de tanta trascendencia como este. Del mismo modo, cabría hablar de fracaso en las componendas para negociar los cambios en las estructuras del poder judicial que han acabado reafirmado y dando por bueno unos modos incomprensibles en el aparato judicial. Una tradición política española: los gobiernos del cambio siempre han sido timoratos al encarar la reforma del poder judicial.
Ese comportamiento poco ejemplar del poder judicial es tan polarizador como el que se atribuye directamente a los partidos políticos. Una buena parte de la sociedad no entiende que las causas avancen o se obstruyan según la oportunidad de los calendarios políticos del momento. Crece pues la masa de damnificados y descontentos con uno de los pilares del Estado. Así como el de descreidos en las bondades del estado de derecho, ese que se reivindica cuando las cosas te van bien y del que no hay recuerdo cuando el resultado es el contrario.
