La ciudad de Torrent, a pocos kilómetros de València, se convirtió tras el accidente de metro del 3 de julio de 2006 en el epicentro de la tragedia. Casi la mitad de los fallecidos (21 de 43 muertos) eran de esta localidad de más de 90.000 habitantes, que vivió sus jornadas más tristes tras el trágico descarrilamiento del convoy de la Línea 1 de Metrovalencia. La Ciutat de l’Esport, inaugurada apenas un año antes, se convirtió en una capilla ardiente para recibir a los cuerpos y a sus familiares y, días después, el mismo recinto acogió una multitudinaria misa funeral para homenajear a todos los fallecidos. Un shock para la población que, no obstante, no pasó factura electoral a los responsables del PP valenciano que gobernaban la Generalitat con mayoría absoluta. De hecho, sucedió todo lo contrario.
El PP de Francisco Camps iba lanzado y el accidente no provocó que sus buenas expectativas electorales descarrilasen. Sin todavía haberse cumplido un año del accidente, en las elecciones autonómicas de 2007, Camps logró 1,2 millones de votos y 54 diputados; seis escaños más que en 2003 (tenía 48) y 100.000 papeletas más que cuatro años antes. De hecho, fue el mejor resultado de la historia en porcentajes de votos de un partido en unas elecciones autonómicas valencianas.
El PP obtuvo, menos de un año después, el mejor resultado de la historia en porcentaje de voto
Un auténtico tsunami electoral que llegó a muchos municipios, también al llamado cinturón rojo de València -que hasta entonces había resistido al empuje popular- y a localidades como Torrent, la más importante de l’Horta Sud. Un año después de la tragedia que se llevó la vida de 21 vecinos, en esta localidad ganó por primera vez el PP. Una entonces desconocida y joven política como María José Catalá -ahora alcaldesa de València- ponía fin a 28 años de alcaldes socialistas.
En las quinielas nadie apostaba por esta victoria; de hecho, los populares de Torrent aprovecharon el supuestamente complicado momento para renovar la agrupación y hacer una apuesta a largo plazo. Fue la mayor sorpresa de la noche electoral municipal y un claro síntoma del poder institucional absoluto de los populares valencianos. Nada le pasaba factura.
Primera comisión de investigación
Tras el accidente, el pleno de las Corts Valencianes aprobó la constitución de una comisión parlamentaria de investigación del accidente del metro, que inició sus trabajos el 17 de julio de 2006 y los concluyó el 4 de agosto de 2006. Unas sesiones que apenas duraron 18 días, lo que da cuenta del interés de sus promotores (en aquel entonces el PP tenía mayoría absoluta en el Parlamento valenciano) por acelerar los ritmos y cerrar el debate cuanto antes. Por tener otra referencia, la comisión de la dana, cuyo final también se precipitó entre las críticas de la oposición y las victimas de la riada, duró más de un año.
Las conclusiones de la comisión del accidente de metro, pese a las quejas y continuas denuncias de los grupos de izquierdas, fueron muy tajantes: “Las investigaciones realizadas hasta la fecha descartan que pudiera concurrir algún fallo mecánico, técnico, de conservación o cualquier otro motivo que hubiera podido contribuir a causar este siniestro, por lo cual todo indica que el exceso de velocidad en la curva fue el desencadenante de este accidente”. El tren, se detalla en el dictamen aporbado, circulaba a 80 km por hora cuando “existía una placa de limitación de velocidad a 40 km/hora en la curva donde ocurrió el accidente”. El documento terminaba apuntando que “lo ocurrido ha sido un accidente del que no se deriva ninguna responsabilidad política, ya que ha quedado demostrado que el sistema de frenado instalado en la línea 1 es el adecuado” por lo que “no puede derivarse responsabilidad política alguna de estos hechos, porque la política del Consell ha sido la constante mejora de la seguridad de la línea”. Una tesis exculpatoria que recuerda a la aprobada recientemente por PP y Vox en la comisión de la dana.
Principales conclusiones de la comisión de investigación de 2006 sobre el accidente de metro de València
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Durante 18 años han circulado por la línea 1, en uno u otro sentido, más de dos millones de trenes sin que se hubiera producido ni un solo accidente entre la estación Plaza de España y Jesús.
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La línea 1 de Metrovalencia es segura y así lo acreditan tanto la documentación presentada, a la que se hace referencia en este dictamen, como las intervenciones de los comparecientes que así lo han reconocido y demostrado con contundencia, acreditando que los sistemas de seguridad instalados en la línea son los correctos y apropiados para sus características y régimen de explotación.
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La causa del accidente ha sido el exceso de velocidad. Todas las pruebas conducen a la misma conclusión. La lectura de la primera caja negra revela que el tren circulaba a 80 km/h en el momento del siniestro, dato que también confirma la lectura de la segunda caja negra.
Unas consideraciones a las que se unía la idea de que el Consell había estado “en todo momento al lado de las víctimas”, algo que nunca se compartió desde la Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol, una entidad muy crítica con la gestión que el gobierno valenciano hizo tras el accidente. Desde la entidad se tuvo la sensación del deseo del Consell de querer pasar página cuanto antes para que lo sucedido en la Línea 1 de Metrovalencia no empeñara la visita del Papa que se celebró del 8 y 9 de julio, apenas cinco días después del accidente.
El president Camps nunca recibió a los familiares de las víctimas como tal y no fue hasta la dimisión de este y la llegada del también popular Alberto Fabra cuando representantes de esta entidad de víctimas pudieron entrar al Palau de la Generalitat. Fue en octubre de 2011. También fue muy simbólico el discurso que la entonces presidenta de la entidad, Beatriz Garrote, realizó el 3 de julio de 2015 en las Corts Valencianes, cuando se cumplían 9 años del accidente y ya con la izquierda en el poder.
Segunda comisión de investigación
No sería hasta un año más tarde, en 2016, cuando, con la nueva mayoría progresista en el parlamento autonómico, se constituyó una nueva comisión de investigación sobre el accidente de metro que reescribió el relato del PP.
La segunda de las comisiones tuvo unas conclusiones muy distintas de la primera y se centró en intentar contradecir lo aprobado una década antes en el mismo escenario parlamentario.
Principales conclusiones de la comisión de las Corts de 2016
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El accidente del 3 de julio de 2006 era previsible y evitable. El túnel de la línea 1 no era seguro.
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La comisión del 2006 no depuró las responsabilidades políticas.
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El grupo parlamentario popular, el gobierno y FGV (Ferrocarils de la Generalitat Valenciana) impidieron que se conociera la verdad sobre las causas del accidente.
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La comisión de investigación de 2006 fue controlada por el Partido Popular, su grupo parlamentario y FGV. La documentación fue sesgada e incompleta. Las comparecencias aleccionadas (H&M Sanchis, por decisión de la dirección de FGV) y los tiempos de duración de la misma fueron insuficientes.
Pero el dictamen de los partidos de izquierda no acabó ahi y también apuntó a las responsabilidades políticas (dado que uno de los lemas de la asociación que cada día 3 se concentraba para recordar a las víctimas era el de 43 muertos, 47 heridos y 0 responsables). Así, se señaló a Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana entre 2002 y 2011; a José Vicente Dómine, director general de Transporte; a Víctor Campos Guinot, vicepresidente de la Generalitat de 2004–2007 y presidente de la Comisión Interdepartamental de gestión del accidente; a Serafín Castellano, portavoz del PP en las Corts durante la primera comisión; y a Juan Cotino Ferrer, conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de 2004–2007. Pero también, y eso le ha costado algún reproche judicial y la necesidad de pagar una indemnización por perjuicios morales, se señaló públicamente a responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana de entonces como la gerente Marisa Gracia.
Dos relatos muy distintos para una misma y trágica historia. Algo muy similar a lo sucedido con la dana, donde también una primera comisión controlada por la derecha se ha centrado y esforzado en apuntalar únicamente uno de los relatos sobre lo que sucedió y exculpar al gobierno de turno.
