Como con las matrioshkas, para entender el alcance de la regularización extraordinaria de inmigrantes hay que ir abriendo varias muñecas rusas de madera, escuchando la historia que hay dentro de cada petición para conseguir los papeles con los que poder salir de las sombras. Una, otra…
Está la de Aarón Noriega, que desde el 18 de abril del 2025, cuando llegó a España desde Perú con su hermano menor de edad, no ha habido “ni un solo día” que no haya recontado monedas de diez céntimos para comprar algo que echarse al estómago. A un mes de cumplir los 20 años, ni un solo trabajo, en negro, estable. Desde que admitieron a trámite su solicitud, carta en mano, no ha parado de hacer entrevistas: comercial en inmobiliaria, reponedor en un gran supermercado, captador de socios en una oenegé…
Está la de Fer Insfran, que encontró refugio en Madrid huyendo de la LGTBIfobia que sufría en Ciudad del Este (Paraguay). El 5 de marzo de 2024 comenzó una nueva vida con más libertad, pero con “mayor incertidumbre”. “Es muy duro pensar en un futuro inmediato si no tienes contrato”, cuenta tras enumerar todos los trabajos por los que ha pasado: cuidando a niños y ancianos, poniendo copas en bares o limpiando en casas. Ahora, tras ser una de las primeras personas en recibir la resolución definitiva favorable, ya planea estudiar una formación profesional en riesgos laborales. Incluso sueña, “por qué no”, con una vivienda.
El 53% de las peticiones son de personas entre 25 y 44 años, el tramo donde se concentra el mercado laboral
Está la de Taís Nascimento, que desde el pasado 24 de abril, una semana después de abrirse el proceso de regularización, lo primero que hace cada día es consultar el estado de su tramitación. Lleva dos años en España viviendo de manera clandestina, tras agotar su visado como turista con el que llegó desde Brasil. En su país dejó, movida por sus ganas “de conocer mundo”, 20 años de carrera profesional en el ámbito de los recursos humanos. “He participado en procesos de selección, que he ido superando, pero a la hora de la contratación todo se viene abajo”, lamenta. Espera que la regularización suponga un volantazo hacia el carril de la estabilidad. “Mi solicitud tiene status ‘trámite’, sigo esperando”, escribió el viernes en un whatsapp, que acompañaba con el emoji de una cara triste.
El proceso de regularización, que cierra el plazo para presentar solicitudes el próximo martes, ha desbordado las cifras que manejaba el Gobierno cuando fue puesto en marcha el pasado 16 de abril. A falta de conocer las cifras finales, hasta el 12 de junio se habían presentado 900.000 solicitudes, y se han admitido a trámite 360.000 expedientes. Fuentes ministeriales trasladaban hace dos meses que las peticiones se podrían situar en las 750.000, mientras que la medida podría beneficiar a 500.000 personas. Ahora, no se descarta que las solicitudes alcancen el millón, aunque sería una cifra pendiente de filtrado, ya que podría haber duplicidades. De lo que nadie duda es de que esta regularización extraordinaria será la de mayor alcance de la democracia. La mayor hasta ahora, en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, otorgó los papeles a 576.506, de las 691.655 solicitudes presentadas. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacan que el proceso se ha desarrollado con “total normalidad”.
Uno de cada cuatro solicitantes procede de Colombia, siendo de lejos Marruecos el segundo país de origen
Según datos a los que ha tenido acceso La Vanguardia, el 53,1% de las personas que pretende regularizar su situación en España tiene entre 25 y 44 años. Un dato que coincide, prácticamente, con los que arroja el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la encuesta de población activa (EPA): el mercado laboral concentra el 55% de sus trabajadores en el tramo central, de 25 a 44 años. De las 900.000 solicitudes, el 28% corresponde a personas menores de 25 años, mientras que los mayores de 44 años representan el 19%. En cuanto a nacionalidades, más de una cuarta parte de las personas que hasta el momento han pretendido acceder a los permisos, de un año de validez renovable, proceden de Colombia (26,9%), doblando a los marroquíes (13,7%). El ránking de nacionalidades más demandantes ha aflorado una realidad que, a veces, opacan las estadísticas de entradas irregulares en el país: los aeropuertos son la principal vía de llegada a España, a través de visados.
Solo colombianos, venezolanos, peruanos, hondureños y paraguayos suman el 56% de las solicitudes. La cifra se eleva hasta el 65% si se engloban todas las personas latinoamericanas. Para encontrar la segunda nacionalidad africana, tras Marruecos, es descender hasta el séptimo puesto: un 3% de las 900.000 peticiones corresponden a senegaleses.
La regularización está sirviendo para desatascar el sistema de asilo, saturado en los últimos años
Que los venezolanos no se sitúen a la cabeza tiene que ver con la vía que abrió el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 para otorgar de manera exprés el permiso de residencia por razones humanitarias. Similar en la práctica a la petición de asilo. A través de este mecanismo, que se ha cerrado este mes después de casi seis años, se han regularizado casi un cuarto de millón de venezolanos.
Pero las oleadas de peticiones hicieron colapsar el sistema burocrático, que acumulaba meses de espera. De hecho, la regularización extraordinaria también tenía la intención de acabar con la saturación: las personas que habían solicitado protección internacional podían acogerse al mecanismo masivo si renunciaban a la petición de asilo. Es el caso de Fer Insfran que se encontraba en la vía del asilo, por razones de LGTBIfobia, pese a que los ciudadanos de Paraguay no tienen una alta resolución positiva por esta opción. La abogada Ariadna Marés, de la entidad colaboradora Arcópoli, explica las dificultades para lograr el asilo por orientación sexual, identidad de género o expresión de género desde países latinoamericanos que, si bien tienen unas regulaciones que no van del todo en contra del colectivo, sí hay una población que persigue por estos motivos y el Estado no protege. Así, el mismo día que se abrió la regularización extraordinaria, Insfran tenía toda la documentación lista para ser presentada.
El atasco ahora está en la petición de cita en comisarías para conseguir la tarjeta de identidad de extranjero
A Insfran le ha llegado ya incluso la carta con su tarjeta de identidad de extranjero (TIE), el broche del proceso de regularización. Un documento físico que acredita la permanencia legal de los extranjeros en España, su identificación y que se ha concedido de acuerdo con la normativa vigente. Según fuentes policiales, en este último paso se está produciendo un buen atasco ante la dificultad de conseguir una cita en las comisarías de la Policía Nacional. En teoría, no puede pasar más de un mes entre obtener el permiso y acudir a dependencias policiales para estampar la huella. Según el Ministerio de Exteriores, se debe solicitar en la oficina de extranjería o comisaría de la provincia en la que se ha tramitado la autorización. Y en este punto, indican las mismas fuentes, conseguir día y hora en Barcelona o Madrid resulta (casi) misión imposible. De ahí que en canales de Telegram, tal y como ha constatado este periódico, las mafias están mercadeando de manera irregular con citas que pueden alcanzar hasta los 200 euros. Ante esto, Gobierno central ha puesto en marcha un plan de choque especial en Catalunya para reforzar las oficinas de extranjería, ante unas cifras que han desbordado las expectativas. Según el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, las solicitudes superarán las 150.000 previstas.
El TIE en la mano es el salvoconducto para que las personas extranjeras que llevaban tiempo viviendo irregularmente en España puedan volver a sus países para ver a sus familiares, tal y como resaltan Nascimento e Insfran, a quienes vivir en los márgenes también les ha supuesto la imposibilidad de salir del país durante más de dos años. La libre circulación está en el catálogo de derechos básicos –y seguridad jurídica– que se otorgará a una realidad que existía antes de que la regularización extraordinaria tuviese la luz verde definitiva. Ahora, se les reconocerá y se les dignificará.
