El Congreso ha dado este jueves un nuevo paso en el proceso sancionador abierto contra Vito Quiles. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, el órgano creado en la Cámara Baja para velar por el cumplimiento de las normas básicas de comportamiento de los periodistas acreditados, se ha reunido para estudiar la denuncia presentada por la portavoz de Podemos, Ione Belarra, contra el agitador ultra.
La reunión ha confirmado además el endurecimiento del clima en torno a las actuaciones de varios activistas de extrema derecha acreditados en el Congreso. Fuentes parlamentarias han explicado que la Cámara mantiene abiertos once expedientes contra Quiles y Bertrand Ndongo -ocho contra el primero y tres contra el segundo- por distintos incidentes registrados en ruedas de prensa y comparecencias parlamentarias. Tres de esos procedimientos se encuentran ya en fase de instrucción y dos podrían desembocar en sanciones que van desde la retirada temporal de la acreditación hasta su expulsión definitiva del Congreso, tal y como prevé el artículo 98 del Reglamento.
En el caso de Quiles, el expediente analizado este jueves ha sido además uno de los más avanzados del procedimiento disciplinario. Distintas fuentes parlamentarias sostienen que el Consejo Consultivo aprecia indicios suficientes para considerar que su actuación durante una rueda de prensa de Belarra pudo constituir una falta grave.
Los hechos se remontan al pasado 10 de febrero, cuando el activista interrumpió reiteradamente la comparecencia que la dirigente de Podemos ofrecía tras la Junta de Portavoces hasta provocar su final anticipado. La escena desencadenó protestas entre los periodistas presentes en la sala, que denunciaron que el comportamiento de Quiles impedía desarrollar con normalidad el turno de preguntas.
“Mientras intervenía esta diputada, el sr. D. Vito Zoppellari Quiles, que aparece como periodista acreditado por la Cámara, ha interrumpido los turnos de preguntas, impidiendo a los profesionales de la prensa realizar su trabajo”, recogía el escrito remitido por la dirigente de Podemos a la Presidencia del Congreso. La denuncia sostenía además que su comportamiento “no se trata de un hecho aislado”, sino de una actitud “reiterativa” destinada a bloquear el trabajo de los medios y alterar el normal funcionamiento de la actividad parlamentaria.
En el Congreso existe la previsión de que las primeras resoluciones puedan adoptarse en cuestión de semanas. Las sanciones previstas en el Reglamento incluyen desde suspensiones temporales de acreditación hasta la retirada definitiva de credenciales en casos considerados muy graves o reincidentes. Fuentes de la Presidencia de la Cámara sostienen que los letrados están actuando con criterios “hipergarantistas” ante la posibilidad de que cualquier decisión termine siendo recurrida ante los tribunales.
El Consejo Consultivo ha celebrado ya cinco reuniones para analizar denuncias similares relacionadas con la actuación de activistas ultras acreditados en el Congreso. En la Cámara existe desde hace meses una creciente preocupación por unas prácticas que distintos grupos parlamentarios y profesionales de la información consideran dirigidas a reventar ruedas de prensa, intimidar a diputados y hostigar a periodistas mediante provocaciones constantes y campañas posteriores en redes sociales.
PSOE, Podemos y otras formaciones de izquierdas han acusado reiteradamente a Quiles de actuar como “agitador de extrema derecha” y de mantener una estrategia coordinada con PP y Vox. Sus detractores recuerdan su vinculación con Alvise Pérez -con cuya candidatura concurrió a las elecciones europeas- así como su presencia en actos de campaña del Partido Popular. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado esas acusaciones y ha defendido públicamente que Quiles es “un periodista”, llegando incluso a sostener que pudo haber sido víctima de una agresión durante un acto relacionado con el entorno de la esposa del presidente del Gobierno.
