Catalunya arrastra un déficit de 150.000 viviendas, una brecha que se agravará aún más si la construcción sigue al ritmo actual y se cumplen las proyecciones de crecimiento de la población a medio plazo. Ante esta carencia, el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya ha lanzado una alerta dirigida a la Generalitat, el Gobierno central y los municipios para que activen suelo sin más dilación.
El órgano consultivo subraya que el suelo no puede seguir contemplándose como un mero trámite del planeamiento urbanístico, sino como la materia prima e infraestructura imprescindible sobre la que se asienta la garantía real del derecho a la vivienda. Por ello, propone una batería de medidas que aceleren su puesta en marcha y permitan edificar a mayor velocidad.
La Generalitat ya ha identificado 179 sectores con capacidad para acoger unas 214.000 viviendas, la mitad de protección oficial. Los terrenos se encuentran en distintas fases de tramitación y el informe advierte de la dificultad de saber qué parte de ese suelo es viable y cuándo se podrá construir. De ahí que una de las 13 medidas que plantea sea crear un registro único que detalle el estado de cada ámbito. El objetivo es saber en qué solares se puede empezar a edificar y cuáles requieren todavía obras de urbanización o cambios en el planeamiento.
La lentitud de los trámites destaca como otro de los obstáculos que señala el Consell. Solo redactar un plan de ordenación urbanística municipal lleva una media de ocho años. El organismo propone reducir de tres a dos las aprobaciones del planeamiento y fijar un plazo máximo de tres meses para los informes sectoriales que deben emitir las administraciones. Si no hay respuesta en ese tiempo, el informe se entendería favorable, salvo en los casos que afecten al dominio público.
Entre el 2013 y el 2024 se terminaron en Catalunya 1,02 viviendas libres al año por cada mil habitantes, frente a 1,32 en el conjunto de España. En la vivienda protegida el retroceso ha sido más acusado. De las 4.987 viviendas que se acabaron de media cada año entre el 2004 y el 2013 se pasó a 1.196 entre el 2014 y el 2023, una caída del 76%. A ese déficit acumulado se añadirá la demanda de los nuevos hogares. El plan territorial de vivienda de la Generalitat prevé que se formen más de 180.000 hasta el 2032.
Ante esta realidad, El Consell propone revisar los terrenos reservados para equipamientos u otros usos que nunca llegaron a materializarse en los municipios y estudiar si pueden destinarse a vivienda pública. También plantea aprovechar la edificabilidad que queda sin utilizar en los barrios ya construidos, por ejemplo, añadiendo plantas a edificios existentes allí donde lo permita el planeamiento. Para los nuevos desarrollos, defiende la colaboración con promotores privados y pide recuperar los programas municipales que permiten acordar con la Generalitat qué suelos se desarrollarán primero.
El informe recurre al caso de Barcelona para ilustrar la distancia entre lo que se aprueba y lo que acaba construyéndose. La reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones y grandes rehabilitaciones aspiraba a sumar unos 334 pisos asequibles al año. Entre el 2019 y el 2024 se contabilizaron 93 viviendas protegidas vinculadas a la medida y solo ocho llegaron a ejecutarse, según los datos municipales que cita el Consell.
A los plazos urbanísticos se suma la financiación. El informe sitúa el gasto en vivienda en torno al 1% de las obligaciones presupuestarias reconocidas del Estado y la Generalitat entre el 2007 y el 2022. El Consell reclama pues presupuestos estables para que los planes de vivienda asequible puedan ejecutarse a medida que haya suelo disponible.
