Catalunya no tendrá un consorcio de inversiones paritario entre el Estado y la Generalitat. La proposición de ley presentada por Esquerra Republicana con el fin de crear un ente que permitiera planificar, decidir y ejecutar conjuntamente las inversiones en las infraestructuras de titularidad estatal que hay en el territorio catalán no se hará realidad después de que el Congreso tumbara con los votos del PP, Vox, Junts, PNV y UPN su toma en consideración. Es decir, la propuesta trabajada conjuntamente entre ERC, el Govern y el Gobierno no pasó ni siquiera el primer filtro.
Socialistas y republicanos consiguieron reunir el apoyo de otros aliados de la investidura como Sumar, Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria… pero no del PNV. Los jeltzales habían anunciado su abstención y acabaron votando en contra. Los posconvergentes trataron de mantener la incógnita sobre el sentido del voto hasta el debate, pero unas horas antes admitían que serían “coherentes” con lo que habían defendido hasta la fecha. En el Parlament se había votado dos veces sobre este consorcio y en ambas se habían pronunciado en contra. Ayer hicieron lo mismo en la Cámara Baja, lo que ha acrecentado –aún más, si cabe– la brecha entre los de Carles Puigdemont y los de Oriol Junqueras.
Govern y republicanos mantienen la negociación para los presupuestos pese al traspié
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, señaló que el problema es de “concepto”: “En lugar de exigir que paguen lo que deben, se propone crear un organismo controlado por Madrid”. Nogueras fue más allá y calificó de “chiringuito” este ente porque “Catalunya no necesita un consorcio, sino que Madrid haga las transferencias del dinero que nos corresponde”. De hecho, ese traspaso dinerario con lo no ejecutado es lo que ha exigido JxCat como condición para sentarse a negociar los presupuestos desde hace dos años.
Desde ERC, la diputada Inés Granollers lamentó la política de JxCat, a los que acusó de abonarse al “bloqueo”. “Mientras que algunos nos dedicamos a llevar propuestas para resolver los retos de la sociedad y de la ciudadanía catalana, ustedes se enrocan y se dedican a destruir”, sostuvo.
En la formación republicana no esconden su “profunda decepción”. Recuerdan que ellos “siempre” les han acompañado, por ejemplo, en la delegación de las competencias de inmigración, por lo que critican a JxCat que no siga el mismo estilo: “Catalunya no se puede permitir este inmovilismo. Junts es el partido del no, ninguna propuesta, siempre enfadados y cero constructivos”, indican fuentes del partido.
A lo largo del debate, Nogueras tachó de “equivocada” la iniciativa ya que, a su juicio, la capacidad de decisión seguiría teniéndola Madrid con el consorcio. Además, varias voces de Junts consideran que supondría “corresponsabilizarse” de los “incumplimientos” en inversión del Estado. Por ello, la líder posconvergente lamentó que, en realidad, lo que se decidía es “si Catalunya tiene que continuar aceptando que sus infraestructuras sigan controladas por Madrid y si se reafirma que el poder lo tiene Madrid y Catalunya renuncia”.
Ante ello, JxCat planteó que la única propuesta es que el Estado “pague o pague, sin inventos” que “rebajan las aspiraciones de Catalunya hasta sonrojar a cualquier persona que lo defienda”.
Por su parte, ERC insistió en que el consorcio implicaba dar “un paso en planificar y ejecutar mejor”. Granollers cargó contra el hecho de que los posconvergentes no se abrieran a presentar enmiendas y apeló a sus votantes: “Su gente también coge un Rodalies, alquila pisos o sufre los colapsos de la AP-7. Le pido a su gente que deje de ser su gente”.
El diputado del PSC, José Zaragoza, se sumó a los reproches: “Siempre piden todo y al final se quedan en nada. Son la versión catalana del cuanto peor, mejor”. Y Cristina Agüera (PP) afirmó que el Gobierno pretendía “sustituir su falta de gestión por más estructura y reparto de sillas”.
El recorrido del consorcio llegó a su fin. Se requiere una reserva de ley para su creación. Ello implica al Congreso. Este instrumento, ya naufragado, formaba parte del acuerdo de investidura entre PSC y ERC. No obstante, ambas partes creen que lo han intentado y que han hecho lo que dependía de ellos. El órgano estaba en la lista de los “avances” en soberanía que los de Junqueras exigen para los presupuestos. Ahora no podrán contar con él, pero valorarán si el resto de elementos que están encima de la mesa decantan la balanza (o no) hacia la aprobación de las primeras cuentas de la legislatura, si llegan a presentarse.
La proposición de ley de Esquerra Republicana incorporaba un segundo plano del consorcio de inversiones, que era la constitución de una sociedad mercantil participada por el Estado y la Generalitat para la ejecución de estudios, proyectos y obras. Su previsión era crearla en el plazo de doce meses a partir del inicio de la actividad del consorcio, que debía arrancar a principios de 2027. Pese a estar recogida en esta norma de los republicanos, este instrumento podría prosperar igualmente. Se requiere la autorización del Consejo de Ministros, no necesariamente del Congreso. Hay algún precedente. Un ejemplo es Barcelona Sagrera Alta Velocidad, creada en 2003 para coordinar e impulsar la construcción de esta estación. Otros ejemplos son las encomiendas de gestión, aunque es una opción que no se contempla por ser “lenta”.
