Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil siguen abonando un campo de sospechas contra su directora general, Mercedes González. En su último informe remitido a la Audiencia Nacional, en el marco del Caso Leire Díez, la UCO afirma que la fontanera del PSOE se valió de “la relación” con González para que se abrieran investigaciones internas en el instituto armado contra agentes que lideraban las pesquisas contra la esfera del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una de esas informaciones reservadas, por una supuesta filtración, se abrió solo un día después de que Díez y González se enviasen el último mensaje de Whatsapp, antes de activarse el borrado automático.
A poco menos de 24 horas de su esperada comparecencia en el Senado, en la que dará sus primeras explicaciones públicas después de que el caso de las cloacas del PSOE estallase de lleno contra la cúpula de la Guardia Civil, González ocupa buena parte de un nuevo atestado de la UCO. En este nuevo informe, los investigadores analizan los indicios recabados el pasado 27 de mayo, cuando agentes de la unidad contra la corrupción entraron en la sede de la Guardia Civil, llegando el teniente coronel Antonio Balas a recabar correos electrónicos en el propio ordenador del director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas. Una imagen que creó una gran conmoción dentro del cuerpo.
La UCO trabaja sobre la hipótesis de que González estaba al tanto de las presuntas actividades delictivas que realizaba Díez, a quien el instructor Santiago Pedraz, sitúa en la cúspide de una trama para sabotear procesos judiciales contra el PSOE y el Gobierno, puesta en marcha por el exsecretario de organización Santos Cerdán. Algo que González descarta por completo, al asegurar que nunca habló con la exmilitante del PSOE sobre cómo torpedear las investigaciones. La directora general tras estallar el caso admitió dos encuentros con Díez, pese a que hasta ese momento el Ministerio del Interior, a través de su responsable, Fernando Grande-Marlaska, siempre negó reunión de ningún tipo.
¿Qué podía estar en manos de González para obstaculizar esas pesquisas? Según la UCO, la apertura de expedientes internos contra sus agentes para amedrentarlos. Una teoría que también rechaza de plano González, según fuentes de su entorno. En el último informe, la UCO vuelve a recurrir a un mensaje en el que Díez le comenta al exabogado de Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, que el día anterior había tenido una reunión “con la directora de la GC” que no había estado mal: “a ver si sigo aumentando esa vía”. Ese mensaje se envió un día después del último encuentro entre ambas: el 2 de abril de 2025. Esa cita, fuera de su despacho, está confirmada por González, al igual que la del 30 de septiembre de 2024. La UCO habla de un tercer encuentro del 20 de diciembre, que González ni confirma ni desmiente al, supuestamente, no recordarlo. Lo relevante de la anterior conversación, para la UCO, serían los siguientes mensajes, al tratar de promover las investigaciones internas por las presuntas filtraciones, “llegando incluso a insinuar que concurrían elementos suficientes para que la propia Guardia Civil impulsara dichas actuaciones”.
El informe, aunque siembra sospechas sobre tres informaciones reservadas, se centra en una de mayo de 2025, cuya secuencia cronológica cerca a González. El 5 de mayo, Balas confeccionó una “nota de despacho” —una comunicación interna— para elevar a la cúpula que tenía constancia de la actividad de descrédito que estaría llevando a cabo Díez, quien buscó trapos sucios de los jefes de la UCO. En esa nota de despacho se alertaba de que la fontanera del PSOE “presumía” de tener el control absoluto de la dirección de la Guardia Civil y de “ciertas” figuras de la Fiscalía. Un día después, por la mañana, se elevó la Jefatura de Policía Judicial y, por la tarde, a la dirección adjunta operativa, mano derecha de González. El día 8 tuvo lugar una reunión, en la que el jefe de Policía Judicial manifestó al DAO que González debía estar al tanto de la campaña de desprestigio, a lo que este segundo contestó que “ya tenía conocimiento”.
El 11 de ese mismo día, tres después de estar alertada, se registran en el chat de WhatsApp entre Díez y González dos mensajes automáticos. El primero, según la UCO, compatible con la eliminación de la conversación previa. El segundo, indicativo, de que la directora de la Guardia Civil activó el borrado automático con una cadencia de 24 horas. Esa mañana el DAO se reunió con otro mando de la Guardia Civil, al que le comunicó que tenía la intención de abrir una investigación interna por la supuesta filtración de unos mensajes entre Ábalos y el presidente del Gobierno, que habían aparecido en un medio de comunicación. El lunes, apenas 24 horas más tarde, la incoación de la información reservada ya estaba confeccionada y rubricada por el DAO. A esa información reservada se le dio carpetazo pronto, después de que el magistrado del Tribunal Supremo que investigaba a el exministro de Transportes se opusiese a ello.
