El Gobierno ha celebrado este martes una reunión del Consejo de Ministros casi monográfico para amortiguar el impacto económico y social provocado por la crisis migratoria desatada a finales de julio en Ceuta y ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes que movilizará 309 millones de euros en lo que resta de 2026 —a los que se suman otros 50 millones en líneas de avales del ICO—. Se trata de una inyección sin precedentes que equivale al 16% del Producto Interior Bruto de Ceuta para ejecutarse en apenas cuatro meses. La norma no solo busca blindar de forma inmediata el tejido productivo y la paz social en la plaza norteafricana, sino que extiende de manera permanente a Melilla parte de sus ventajas fiscales y laborales en un claro ejercicio de contención preventiva.
La decisión formaliza el compromiso avanzado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elevando sustancialmente las previsiones iniciales para atender la brecha abierta en la economía ceutí, donde las pérdidas empresariales preliminares ya se calculaban en torno a los 28 millones de euros. Para contener el golpe en el mercado de trabajo y en las finanzas de las pymes, el Ejecutivo ha activado un paquete de alivio económico dotado con 80 millones de euros. Entre las medidas estrella figuran 36,6 millones en ayudas directas a 2.600 autónomos (5.000 euros por trabajador por cuenta propia) y 1.400 empresas (con cuantías de entre 10.000 y 150.000 euros según facturación), gestionadas a través de la Agencia Tributaria desde el próximo 14 de septiembre para empezar a abonarse en octubre. A ello se añaden 14 millones para bonos de consumo y campañas turísticas, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y ayudas directas del SEPE para formación.
En el plano laboral y fiscal, el Real Decreto-ley introduce reformas de calado permanente para Ceuta y Melilla: la bonificación empresarial en la cuota de la Seguridad Social para contratos indefinidos sube del 50% al 75% —siempre que se vinculen a acciones formativas—, mientras que el Impuesto sobre Sociedades eleva su bonificación del 50% al 60% y el IRPF mejora la tributación de los autónomos, lo que supondrá un alivio de 12 millones de euros en rebajas fiscales. De forma transitoria, el Ministerio de Trabajo articula un régimen de ERTE por fuerza mayor con exención total de cuotas para compañías con actividad limitada, así como acceso pleno al desempleo para los trabajadores sin consumir prestación acumulada.
El resto del presupuesto extraordinario atiende a la emergencia logística, de seguridad y de servicios públicos que ha desbordado a las administraciones locales. La mayor partida se destina a la acogida humanitaria (118 millones de euros), de los cuales 63,6 millones irán dirigidos específicamente a la atención de los menores no acompañados que permanecen en la ciudad y 53,4 millones al alojamiento básico de migrantes. En el ámbito de la seguridad y la defensa, el Estado moviliza 90 millones de euros, que incluyen 74 millones para el despliegue del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, además de un incentivo excepcional de rendimiento para la Policía Nacional (7,1 millones) y la Guardia Civil (8 millones).
Por último, el plan asigna 21 millones de euros al refuerzo de servicios esenciales, financiando la incorporación de 100 profesionales sanitarios al INGESA, partidas para agilizar la justicia y la asistencia jurídica gratuita, apoyo psicosocial en centros educativos, la promoción internacional a través de ICEX y subvenciones directas a la ciudad autónoma, entre las que destacan más de 7 millones de euros aprobados para la planta desalinizadora. Con este despliegue, coordinado tras la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional y bajo el mando único de Ángel Víctor Torres, el Gobierno busca cerrar la fase de emergencia en la frontera exterior de la Unión Europea y asegurar la reactivación antes de la esperada visita del Rey Felipe VI a Ceuta.
