El Gobierno ha entregado este mediodía ante el Tribunal Supremo un listado de 163.355 personas que adquirieron la nacionalidad española por descender de exiliados del franquismo a través de la llamada ley de nietos. El plazo concedido por el Alto Tribunal al Ejecutivo para que informase sobre la identidad de los nietos expiraba a las 15.00 horas de hoy.
Además, la Abogacía del Estado ha solicitado a la sala Tercera del Supremo que, al incluir datos sensibles de carácter personal, declare el listado como reservado “para evitar que las partes puedan hacer un uso malicioso o ilegítimo de esa información”, según indican fuentes gubernamentales.
Las mismas fuentes han señalado que el Ministerio de Asuntos Exteriores “ha coordinado la labor que realizaban los consulados para el trabajo de revisión de los procesos de nacionalización en las distintas oficinas consulares, y ha autorizado la contratación de todas las asistencias técnicas solicitadas para culminar este trabajo en el plazo señalado”.
Además, han reseñado que “las personas incluidas en los listados vieron reconocida la nacionalidad española acogiéndose al procedimiento previsto en la Ley de Memoria Democrática y a la instrucción que clarificaba ese procedimiento y reconocía la presunción de exilio”. Y eso es precisamente lo que ahora que ya tiene los datos tendrá que dilucidar el Supremo: si las personas que se nacionalizaron a través de la instrucción adquirieron la nacionalidad española conforme o no a derecho.
El conflicto arrancó con la ley de Memoria Democrática que en su disposición adicional octava regulaba que los descendientes de exiliados del franquismo podían obtener la nacionalidad española. El Gobierno dictó después una instrucción por la que daba por hecho que todas las personas que se fueron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 eran exiliados y, por tanto, no se exigía a sus descendientes pruebas de ese exilio para nacionalizarse. Vox y Iustitia Europa recurrieron esa instrucción al considerarla nula de pleno derecho por ir más allá de la ley.
El Supremo vio indicios de veracidad en esos recursos y suspendió la aplicación de la instrucción y, en consecuencia, el derecho al voto de los nacionalizados por esa vía para el próximo 29 de noviembre. Ahora, el Alto Tribunal quiere estudiar los expedientes de esos nietos para decidir si levanta o no la suspensión de su derecho al sufragio.
