l Consejo de Ministros dio luz verde ayer a la nueva estrategia de planificación de redes eléctricas que contempla un conjunto de inversiones de 17.900 millones de euros para facilitar la conexión de nueva demanda en vivienda, industria y transporte electrificado. Así como inversiones en protección de aves y resiliencia ante fenómenos naturales adversos.
Dado que ha pasado casi un año desde que el Gobierno sacó a consulta pública esta propuesta, el Ejecutivo ha actualizado su estimación del impacto que supone este incremento de inversión y, teniendo en cuenta las nuevas previsiones de incremento del PIB en los próximos años, las inversiones totales para descongestionar la red podrán ascender hasta los 35.000 millones de euros.
El Gobierno aprovechó también el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones para autorizar una inversión adicional, fuera de la contemplada en los 17.900 millones, de 650 millones encaminada a actualizar los sistemas de control de tensión para evitar apagones que permitirán al operador de la red reducir el exceso de planificación de ciclos combinados de gas que viene realizando desde el apagón de 2025 para prevenir riesgos, lo que supondrá una reducción de 450 millones de euros anuales en la factura del conjunto de los consumidores.
Esta modificación recoge 51 actuaciones, como la incorporación de cuatro compensadores electrónicos. Con estos cambios, la inversión total correspondiente a la planificación en vigor asciende a 8.818 millones.
El Gobierno aprovechó también el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones para autorizar una inversión adicional, fuera de la contemplada en los 17.900 millones, de 650 millones encaminada a actualizar los sistemas de control de tensión para evitar apagones que permitirán al operador de la red reducir el exceso de planificación de ciclos combinados de gas que viene realizando desde el apagón de 2025 para prevenir riesgos, lo que supondrá una reducción de 450 millones de euros anuales en la factura del conjunto de los consumidores.
En cuanto a la inversión en ampliación de redes, el Gobierno reconoce que los límites a la inversión que operaban hasta ahora y que limitaban esta a un 0,065% del PIB para REE y un 0,13% para las empresas de distribución se consideran “insuficientes” para las necesidades que reclama el proceso de electrificación de la economía española.
Por ello, se ha aprobado una senda creciente de inversiones hasta 2030 que, en el caso de las distribuidoras eléctricas, queda en un tope de 1.020 millones en 2027; 2.550 millones en 2028; 3.060 millones en 2029; y 3.570 millones en 2030. En total, 10.200 millones adicionales.
Para la red de transporte de REE, los límites adicionales son 700 millones en 2027; 1.850 millones en 2028; 2.300 millones en 2029; y 2.850 millones en 2030). Aunque estas inversiones están condicionadas a la planificación que finalmente apruebe el Gobierno.
El nuevo real decreto establece cómo deben elaborarse, tramitarse y justificarse los planes de las empresas distribuidoras, que serán públicos y permitirán las aportaciones de los agentes que deseen conectarse, según explicó el Ministerio para la Transición Ecológica.
El sector ha aplaudido la decisión del Gobierno. En concreto, desde la Alianza España Verde y Conectada, organización que agrupa a la industria eléctrica, aseguran que esta norma es “clave para desbloquear el atasco que hay en la red, ya que la economía española no puede permitirse rechazar proyectos industriales por falta de conexión”.
Considerando también las inversiones permanentes, limitadas al PIB anual, el desembolso total en las redes eléctricas podrá superar los 35.000 millones hasta el final de la década. La conexión de nuevos usuarios permitirá repartir entre una mayor base los costes totales de las redes, rebajando con ello los peajes repercutidos en las facturas finales de los consumidores.
Destino de las inversiones
En transporte (REE), el destino de las inversiones incrementales estará identificado en la citada planificación, pero en distribución, queda acotado a una serie de categorías, como las demandas industriales, residenciales y de descarbonización del transporte.
Hasta un 20 % puede ser para control de tensión, observabilidad y ciberseguridad, a fin de aumentar la transparencia de los datos, y hasta otro 20 %, para inversiones anticipatorias, es decir, donde la demanda no está asegurada en los cinco años siguientes, que permitirán la conexión en zonas sin redes o con redes saturadas.
Además, hasta un 10 % podría ir a la adaptación de las líneas a la normativa de protección de la avifauna, mismo porcentaje que para resiliencia climática y afrontar fenómenos adversos.
“En adelante, hay que seguir trabajando en la electrificación de la economía para aprovechar la ventaja competitiva que nos dan las energías renovables para reforzar nuestra autonomía. Se ha avanzado con la eliminación del 7% (IVPEE) mediante el RD-ley 18/2026, pero se tiene que seguir reduciendo la fiscalidad y eliminar impuestos como el Impuesto Especial para la Electricidad.”, reclaman desde Alianza Verde y Concectada
