El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una segunda prórroga de las medidas anticrisis para contener el repunte de la inflación tras el inicio de la guerra en Irán. Lo hace después de que el conflicto se haya alargado más de lo previsto y provocado un inesperado repunte de precios del 4,3%. Mientras crece el malestar de empresas y particulares, al Gobierno se le agota el margen fiscal para intervenir.
Entre las medidas que vencen este jueves destacan la rebaja progresiva de impuestos al gasóleo, las bonificaciones al combustible de los transportistas o las ayudas al campo para la compra de fertilizantes. Decaen en un momento en que el Brent cotiza por encima de los 100 dólares por barril y sigue en niveles un 40% superiores a los del inicio de la guerra. El gas añade tensión, con unas subidas del 132% desde febrero.
El nuevo real-decreto ley lo ha elaborado el departamento del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que lleva tres semanas reuniéndose con los sectores productivos. Los transportistas, los agricultores o la gran industria han recibido señales de que habrá medidas para aliviar al aumento de sus costes energéticos. En junio ya se renovaron algunas de ellas, como la ayuda al transporte de 20 céntimos por litro de gasóleo o la bonificación del 80% de los peajes eléctricos para las fábricas de gran consumo eléctrico. Cuerpo confirmó ayer que los hogares “también” entrarán en la prórroga, sin dar detalles.
En el caso de los consumidores domésticos, Economía se encuentra ahora con un problema añadido: el encarecimiento adicional del gas, que amenaza con elevar a partir del 1 de octubre en un 50% la tarifa regulada, la TUR. Desde Sumar reclaman además una reedición de la excepción ibérica, con topes al gas en el momento de fijar el precio del mercado mayorista de electricidad. Chocaría con las directrices comunitarias.
El alza del gas amenaza la tarifa regulada y eleva la presión de Sumar para intervenir el mercado eléctrico
En junio, el Gobierno ya amplió varias medidas aprobadas en marzo y fue levantando otras, como la del IVA reducido al 10% para la electricidad y el gas. Confiado en una evolución positiva de la inflación, también fijó un mecanismo automático para reducir mes a mes y de cinco en cinco céntimos por litro las rebajas fiscales al gasóleo. El repunte de precios en agosto obligó a regresar a la rebaja de 20 céntimos por litro. En la gasolina es de 5 céntimos.
Si el Gobierno se mostró en su momento abierto a recuperar las rebajas en la luz, el gas o la electricidad si regresaba la tensión sobre los precios, Cuerpo explicó ayer que la prioridad será “minimizar los efectos de segunda ronda en los alimentos”. El objetivo es atajar la inflación en los usos energéticos, antes que se propague al resto de la economía. El ministro sostiene que los alimentos han bajado ligeramente desde marzo.
El problema está en que la prórroga también supone un nuevo esfuerzo fiscal y Bruselas no está para excesos. Las medidas de marzo tuvieron un impacto de 5.000 millones entre rebajas de impuestos y aumentos de costes, a lo que se suman 1.825 millones adicionales en junio.
La Airef considera que, con la prórroga de junio, la desviación con respecto a las exigencias de la Comisión Europea “estaría justo en el límite permitido”. Ya roza el máximo una vez incluidas las salvaguardias con las que Bruselas permite desviaciones del déficit para invertir más en defensa o paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio. La cláusula de escape permite un desajuste adicional del 0,6% del PIB, del que solo quedarían dos décimas por consumir, según la autoridad fiscal.
La Airef calcula que España ya estaría “justo en el límite permitido” de esfuerzo por Bruselas
Economía debe ajustar las medidas atendiendo a un doble frente. Por un lado, busca “flexibilidad adicional” en la UE para acomodar su impacto en el Pacto de Estabilidad, según ha indicado el propio Cuerpo. Por otro, debe ceñirse a las actuaciones permitidas por Bruselas para disfrutar de la cláusula de escape. Cualquier ayuda o rebaja fiscal a los combustibles fósiles computa como déficit excesivo, lo que limita el margen de actuación del Gobierno.
