La portavoz de Sanidad del grupo socialista de Les Corts, Yaissel Sánchez, ha revelado este domingo que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) por vulneración de derechos tras negarle información sobre los pagos a las empresas de la sanidad privada en los ejercicios de 2024 y de 2025.
La condena, ha explicado, da al conseller un plazo de un mes para que remita toda la información que se le solicitó y que negó al grupo socialista “con excusas grotescas, como que solo podía dar datos por bienios, una tomadura de pelo y un insulto a la inteligencia de todos los valencianos y las valencianas para no cumplir con la ley y dar la información requerida”, informa el PSPV en un comunicado.
Se solicitaba información sobre los pagos a las empresas de la sanidad privada en los ejercicios de 2024 y de 2025
Fuentes de la Conselleria de Sanidad han indicado a EFE que “es falso que el conseller haya sido condenado por vulneración de derechos fundamentales por ese tema” y han explicado que la sentencia a la que se refiere el PSPV “que todavía no es firme” y “estima la demanda pero no condena” y “entiende que no se da la respuesta con el detalle que se requería e insta a darla”.
Para Sánchez “es inadmisible e inconcebible que haya un solo euro de dinero público que el Consell de Pérez Llorca no quiera decir cómo lo ha gastado y en qué bolsillos privados los ha metido”.
La Conselleria matiza que se estima la demanda pero no hay condena
Ha recordado que en febrero pasado registró varias solicitudes de documentación por la vía del artículo 12 del Reglamento de Les Corts al conseller para que informara sobre las cantidades económicas abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados por la derivación de intervenciones quirúrgicas, la realización de pruebas diagnósticas y las lecturas e informes vinculados a pruebas en los ejercicios de 2024 y de 2025.
Pese a ello, en una primera respuesta a principios de abril, el conseller negó la información alegando que era “complejo” y solo ofrecía el listado de empresas privadas a las que había derivado radiologías y operaciones del Plan de Choque pero “ni una sola cifra, ni total ni parcial, ni atendiendo a las obligaciones contraídas, ni siquiera a los pagos”.
Por eso, registró un recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el conseller.
Días después, “sorprendentemente”, Marciano Gómez remitió a la parlamentaria una “ampliación de información” en la que ofrecía datos aunque “por bienios”, admitiendo que en el periodo 2024-2025 había desembolsado 331 millones a un conjunto de centros, clínicas y hospitales privados por operaciones dentro del Plan de Choque y actividad no concertada.
Antes de que la respuesta se remitiera a Les Corts, la conselleria, actuando “con malas artes y una falta total de decoro parlamentario”, había filtrado a un medio estos datos y los del periodo 2022-2023 (que hasta junio de 2023 afectaría al anterior Consell del Botànic), convenientemente “cocinados” para minimizar el impacto de unas cifras que revelan el escandaloso desvío de fondos a la sanidad privada, particularmente en 2025, según Sánchez.
Ese mismo año, ha recordado, es el ejercicio en el que Marciano Gómez, como denunció la Sindicatura, avaló una treintena de liquidaciones anuales en favor de las concesiones privadas de las áreas sanitarias mediante las que estas se ahorraron decenas de millones antes de que el Consell Jurídic dictaminara sobre el criterio seguido, que finalmente fue contrario a la actuación del Consell de Mazón.
A la vista de estos hechos, la diputada formalizó el citado recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales ante el TSJCV.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado sentencia por la que estima la demanda presentada por la diputada socialista contra la respuesta del conseller Gómez, de forma que “se declara que la resolución impugnada es contraria al ordenamiento jurídico y se anula en lo relativo a no haberse facilitado la información solicitada separando los ejercicios de 2024 y 2025”.
“Como consecuencia de la misma, se ha vulnerado el derecho fundamental de la actora recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española”, ha proseguido, a la par que ha añadido que se reconoce el derecho de la parlamentaria a obtener de la Conselleria de Sanidad la información solicitada “en el plazo máximo de un mes”.
Sánchez ha sostenido que “la falta de transparencia de la Conselleria de Sanidad es tan evidente que al final el Tribunal Superior de Justicia nos ha dado la razón y ha sentenciado las marrullerías del conseller de Sanidad con las derivaciones a las empresas privadas”.
Respuesta de la Conselleria
La Conselleria de Sanidad ha indicado a EFE que “es falso que el conseller haya sido condenado por vulneración de derechos fundamentales por ese tema” y ha explicado que la sentencia a la que se refiere el PSPV, “que todavía no es firme, estima la demanda pero no condena”, sino que “entiende que no se da la respuesta con el detalle que se requería e insta a darla”.
“La Conselleria sí dio información pero la sentencia estima que se debe ampliar y así se hará”, ha añadido.
Fuentes de la Conselleria han sostenido que la sentencia dice además que “no consta acreditada la denuncia desplegada en la demanda de ser voluntad manifiesta de la Administración la de restringir el acceso parlamentario a datos especialmente sensibles desde el punto de vista de control politico”.
“No hay , por tanto, condena en costas para la Conselleria”, han resaltado, algo que contrasta con los cerca de 70.000 euros abonados por las condenas en costas por 97 solicitudes de información sin respuesta entre 2020 y 2023, cuando gobernaba el Botànic.
