La legislatura se encamina ya de forma decidida a su final en 2027, sea con elecciones generales antes de las municipales de mayo o ya en verano. Los meses que quedan van a ser muy tensos en los dos focos más candentes: el frente judicial, con los casos de presunta corrupción abiertos, y el frente parlamentario, con la mayoría que apoya al Gobierno ya pensando en marcar distancias ante la proximidad de las urnas. Todo ello configura una madeja enredada que va a dar muchos sobresaltos de aquí al día de las elecciones.
El frente judicial está al rojo vivo. Aún no se ha apagado el impacto de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez, el primer paso de una larga andadura procesal, que enseguida ha surgido otro foco de controversia con la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez, la mujer del presidente, por riesgo de fuga, y enviarla al banquillo. Nada menos que entre 2 y 16 años de cárcel cree que el juez que deberían caerle… Más allá del peso que supone para los afectados estos procesos, el primer caso resulta muy perjudicial para los intereses electorales del PSOE, pero el segundo no tanto, puesto que permite al partido argumentar que existe una corriente por parte de distintos poderes para desbancar con malas artes al Gobierno.
La instrucción del juez Peinado y la del magistrado Calama, que se ocupa del caso que afecta a Zapatero, no se parecen en nada. El segundo ha tenido en cuenta la condición de ex presidente del Gobierno del investigado, no le ha hecho pasar por exposiciones públicas gratuitas ni le ha reclamado el pasaporte por el momento. La mujer del presidente, también acusada de tráfico de influencias, aunque sea difícil discernir a cambio de qué beneficio propio las ejerció, no ha tenido el mismo trato. Peinado cree que sus escoltas podrían ayudarla a escapar, lo que supone que todo un juez demuestra escasa confianza en los policías.
Casos como el de Begoña Gómez junto al hecho de que otras instrucciones, como las que afectan al novio de Isabel Díaz Ayuso, al caso Kitchen o a la presunta corrupción del ex ministro Montoro, avancen con suma lentitud, permiten al PSOE sembrar dudas sobre algunos jueces. De la misma forma que el PP y Vox meten todos los asuntos de corrupción socialista en el mismo saco (sean los casos de Ábalos y Cerdán o sean los de la familia de Sánchez), el PSOE utiliza algunas actuaciones discutibles de los jueces para cuestionarlas todas. Unos portavoces socialistas lo hacen más que otros, ya que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dado su cargo, procura no generalizar en sus declaraciones públicas. El ministro es especialmente beligerante con Peinado, a quien denunció ante el Consejo General del Poder Judicial hace un año sin que este órgano haya respondido todavía a sus quejas. La única salida de Sánchez es lograr que se imponga entre sus votantes la impresión de que es víctima de un acoso torticero. Las joyas de Zapatero se han interpuesto en ese relato.
Bolaños presentó una queja al CGPJ contra el juez Peinado hace un año que aún no se ha resuelto
La legislatura acaba en los tribunales. De hecho, ya empezó con un choque con la alta judicatura a cuenta de la ley de amnistía, justificada por el lawfare recogido en el pacto entre el PSOE y Junts para investir a Sánchez. Y aquí entroncamos con el frente parlamentario. Aunque el Gobierno va aprobando algunas iniciativas en el Congreso cada semana, la debilidad de la mayoría que le dio la presidencia es elocuente y tiene su reflejo más claro en la imposibilidad de aprobar unos presupuestos que se van a presentar en el último tramo del mandato.
Junts no está por la labor de apoyar los presupuestos. Su estrategia ante las elecciones es alejarse de Sánchez. El Gobierno lo va a intentar igualmente bajo la premisa de que, con la amnistía aplicada es muy difícil lograr el voto de Junts, pero sin ella es imposible. El Tribunal de Justicia de la UE resolverá el 16 de julio sobre si la ley de amnistía es aplicable a los casos de malversación. Si fuera así, el Tribunal Supremo ya podría aplicarla, pero lo más probable es que sea necesario un pronunciamiento del Constitucional. Y ahí pueden surgir algunos problemas.
El Gobierno espera que la amnistía se aplique antes de debatir el presupuesto, aunque hay algunas trabas
Los recursos de amparo presentados ante el Constitucional se resuelven por orden de llegada y, en este caso, el primero corresponde abordarlo como ponente a José María Macías, vocal del sector conservador, que podría dilatarlo. De hecho, no se espera que el tribunal aborde esta cuestión hasta bien entrado septiembre. Y, aun en el caso de que en noviembre se llegara a una resolución final, habría que ver el siguiente paso del Supremo.
En el Gobierno creen que al Supremo le va a quedar poco margen para alargar la aplicación de la amnistía y que el alto tribunal no querrá poner en entredicho su reputación ante Europa. Incluso apuntan que al PP también podría interesarle que el regreso de Carles Puigdemont se resuelva ya antes de las elecciones para que Vox no pueda condicionar un acuerdo de gobierno a algún tipo de maniobra legal contra los dirigentes del procés .
De ser así, la amnistía llegaría justo antes de votar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos en el Congreso, allá por noviembre como pronto. El proceso para presentar las cuentas ya ha empezado. En julio se intentará aprobar el requisito previo, los objetivos de déficit de las administraciones. Puede ser que Junts los tumbe, como ya ocurrió en años anteriores. Así como entonces ese rechazo sirvió de excusa al Gobierno para retirar las cuentas y prorrogarlas, ahora la Moncloa considera que puede seguir adelante, lo que puede convertirse en materia de recurso ante el Constitucional por parte de la oposición.
Si no se aprueba la senda de déficit, las autonomías se quedarán con el margen de endeudamiento que tienen ahora y no podrán ampliarlo. Ese debate, junto con el dinero que podrían recibir de unos nuevos presupuestos, serán materia de debate con la que el Gobierno tratará de tomar la iniciativa hasta final de año, aunque la actividad judicial lo inunde todo. Con permiso de las sorpresas que pueda deparar el escenario internacional antes de plantarnos ya en 2027.
