Puesto a pedir una hipoteca para edificar la mayoría suficiente para gobernar, el Partido Popular ha optado por el crédito a interés fijo del partido de Abascal.
Vox se ha convertido en su socio invariable después de todas las elecciones celebradas desde el pasado mes de diciembre en España. Primero en Extremadura, luego Aragón, Castilla y León, hasta llegar al mes de junio en Andalucía.
El resultado de estas cuatro elecciones ha sido casi siempre el mismo: ha ganado claramente el PP, con holgura incontestable, pero su victoria ha sido insuficiente y se ha visto obligado a pactar con los ultranacionalistas de Vox para consolidar una mayoría que le permita gobernar.
Esta alianza política, repetida cuatro veces seguidas, ha naturalizado a lo largo de estos meses a Vox, que ha dejado de ser un actor periférico de la política española.
Si algún efecto político han tenido estas elecciones regionales ha sido este: Vox y el ultranacionalismo –una corriente muy en boga en toda Europa– ya no es un cuerpo extraño en la política española. Esto, esencialmente, es lo que ha ocurrido.
Las cuatro últimas elecciones regionales han convertido a Vox en un sujeto político común
Leyendo los cuatro acuerdos de Gobierno firmados en las cuatro comunidades donde se han celebrado elecciones, se percibe con detalle la profundidad del pacto entre ambas formaciones al que se refiere Javier Gallego en su crónica de hoy en nuestra sección.
Independientemente de los resultados electorales de ambos socios o de las singularidades económicas o sociales de cada una de las comunidades –no es lo mismo, ni reclaman lo mismo, la provincia de Teruel que Málaga, o Sevilla que León–, los acuerdos suscritos en las cuatro regiones dicen lo mismo en aquellos capítulos que más le interesan al partido de Santiago Abascal, que ha logrado imponer –habrá que reconocer sus méritos– sus hits políticos sin tapujos en los pactos de gobierno con el PP.
Por ejemplo, en la controvertida prioridad nacional. El primer lugar en el que aparece esta idea es en el acuerdo de Extremadura, firmado el 17 de abril de este año entre la presidenta Maria Guardiola y el líder extremeño de Vox, Óscar Fernández. Pero el mismo texto, exactamente el mismo, se reproduce en los mismos términos en los otros tres acuerdos de gobierno firmados posteriormente. El último, el de Andalucía el 2 de julio de 2026 entre Juan Manuel Moreno y Manuel Gavira.
El presidente Moreno insistía el pasado miércoles en una reunión de un comité regional del PP de Andalucía celebrado en Sevilla, que el pacto que le ha devuelto al Gobierno se negoció en su comunidad, “como no podía ser de otro modo” –los andaluces, desde Antequera, nunca han querido ser menos–. Tal vez, pero, el recorta y pega, aplicado a elementos mollares de su pacto de Gobierno, hace pensar que algunas líneas políticas van más allá de los intereses de su comunidad.
La doctrina de la prioridad nacional, aunque es el punto más llamativo, no es el único ejemplo que arroja la comparación de los cuatro pactos de gobierno. Otro tanto sucede con párrafos, idénticos, reproducidos en los cuatro acuerdos. Por ejemplo, el rechazo a la agenda 2030 –una de las obsesiones políticas de Vox– o al acuerdo del Mercosur al que el PP europeo sí le ha dado apoyo.
O, otra prioridad nacional de Vox, en el capítulo inmigración: el rechazo a la acogida de menores. El texto, que compromete a las comunidades a no aceptar más niños que los que ya tienen, es idéntico en los cuatro acuerdos.
Del mismo modo se reproduce la prohibición del niqab y el burka en los servicios públicos de las cuatro comunidades, ya sea Aragón o Andalucía, una comunidad fronteriza con un continente donde millones de mujeres siguen utilizando estas prendas, guste o no.
Más: el rechazo a la implantación de instalaciones de energías renovables en terrenos agrarios. El PP de Aragón y Andalucía ha hecho de este recurso energético una de las palancas de su crecimiento. Sólo hay que leer el programa que el Partido Popular presentó en Andalucía donde abordaba la necesidad de compatibilizar instalaciones renovables y actividad agraria. La consigna de Vox es ni un olivo arrancado más para poner una placa solar. No sé yo como encaja todo.
Si el texto de los acuerdos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía describen un propósito y un modo de negociar, está claro que Vox ha logrado vender su hipoteca a tipo fijo, al menos al PP.
