La subida de tipos de interés, los nubarrones económicos, el elevado endeudamiento de algunos países y los vientos políticos dominantes a favor de reducciones generalizadas de impuestos están avivando el debate acerca de por dónde reducir el gasto público en Europa. Una controversia aún más encendida por el creciente extremismo de derechas, que señala a la inmigración como primer responsable del desequilibrio de las cuentas públicas. Además, en este contexto emerge la necesidad de incrementar de manera muy considerable el presupuesto en seguridad y defensa, por lo que, de manera natural, se afirma que ese mayor gasto debe compensarse con una reducción de las prestaciones sociales.
Estamos ante un planteamiento erróneo pues, a menudo, nos dejamos llevar por la tradicional y simplista manera de considerar la defensa como un mero gasto, como si se tratase tan solo de equipar y suministrar armamento pesado al ejército. Al contrario, tal como observamos en los diversos conflictos abiertos, el dominio de lo digital y de la tecnología en general es mucho más relevante que lo que pueda acontecer en el estricto campo de batalla. Así, la inversión en seguridad y defensa es de carácter dual, al referirnos a bienes, software o conocimientos que resultan útiles para aplicaciones civiles y militares, de manera que muchas empresas orientadas exclusivamente a lo civil pueden adecuar sus productos y servicios al ámbito de la defensa. Por ello, bien planificada, esa mayor inversión pública se convierte en una palanca determinante de innovación tecnológica y política industrial y no en un gasto improductivo.
La tecnología en defensa es mucho más relevante que lo que pueda acontecer en el estricto campo de batalla
A su vez, prepararse para una eventual guerra es apelar a la máxima solidaridad de una sociedad. En ese contexto, puede entenderse que el gasto social se ajuste para financiar la mayor inversión en defensa, pero ese compromiso mutuo ha de involucrar a todos, especialmente a quienes más tienen. Sin embargo, no parece ser este el planteamiento de la Unión Europea, que pretende avanzar en una ambiciosa política de seguridad y defensa común, pero manteniendo unas fiscalidades dispares e insostenibles, hasta el punto de que en su mismo seno existen pseudo paraísos fiscales que facilitan la elusión impositiva, el prácticamente no pagar impuestos, en el marco de la legalidad. Podemos referirnos, entre otros muchos ejemplos, a las grandes diferencias entre lo que pagan por impuesto de sociedades pymes, grandes corporaciones o ese
dinero global que se mueve alegremente y no sabe de fiscalidad.
Si algo tan trascendental como rearmarnos para defendernos mejor no lleva a una revisión a fondo de un modelo fiscal injusto, que castiga en exceso a clases medias y pymes, vamos francamente mal. No olvidemos que Roma cayó ante los bárbaros no por la fortaleza de estos, sino por su propio derrumbe moral.
