La tensión y nervios dentro del Ejecutivo y su entorno va en aumento y la crisis de Ceuta la ha hecho subir todavía más. El temor a un nuevo incendio judicial que afecte al Gobierno provocó ayer dos movimientos que fueron aplacados por la presidenta del poder judicial, Isabel Perelló, quien tuvo que reclamar el “máximo respeto” para la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.
El primer movimiento, más táctico y como control de riesgos, fue apartar al fiscal encargado de estudiar la querella presentada en la Audiencia Nacional por la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, comunicó ayer a la magistrada que él asumiría el asunto. En nueve años como jefe, este es el tercer asunto que asume, lo que indica la magnitud de la relevancia y trascendencia del caso.
Su papel ahora será informar a la instructora su posición sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos y sobre la posible existencia de algún delito. Todo esto lo hará bajo la batuta de la Fiscalía General del Estado. No obstante, y como ha pasado recientemente en otros asuntos que han salpicado al Gobierno o al entorno del presidente, Pedro Sánchez, Tardón podría iniciar una investigación formal y admitir a trámite la querella presentada por una acusación con el criterio en contra del fiscal.
El segundo movimiento vino, de nuevo, por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Junto a Pedro Sánchez, desde el primer momento ha desvinculado a Marruecos del asalto y ha negado que existiesen alertas tempranas sobre lo que podía ocurrir. Sin embargo, el informe policial entregado a Tardón esta semana ha sido un choque frontal a sus tesis.
Esto provocó que pidiera explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo. Ofrecidas estas, dio un segundo paso que fue pedir explicaciones a la presidenta del CGPJ sobre la orden de Tardón a los agentes policiales para que no informaran a sus superiores del contenido del informe reclamado sobre la situación de Ceuta.
Perelló fue rápida en la contestación a la misiva del ministro, juez de la Audiencia Nacional en excedencia, y le explicó en otra carta, que los órganos de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta del TS y del CGPJ- “tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales”.
El señalamiento a Marruecos tiene una relevancia nuclear. Los ministerios implicados en la gestión de la crisis están convencidos de que su plan para Ceuta no es posible sin la plena colaboración de Marruecos, por lo que cualquier paso en falso que incomode al país vecino puede echar por tierra los avances de las últimas semanas. La ciudad autónoma no retomará su normalidad hasta que se expulse a todos los inmigrantes que no tengan derecho a protección internacional.
Por más que se saque a las personas de la calle -aún a ritmo muy lento- y se tramiten los expedientes de devolución -más atascado aún-, si Rabat no mantiene la puerta de retorno abierta para sus compatriotas, nada habrá servido.
“En cada decisión que se toma, en cada paso que se da, siempre está presente el no molestar a Marruecos. Y aún así, vamos con el temor de que pueda ser visto como una provocación”, admiten fuentes ministeriales.
Por eso, que la Audiencia Nacional abra una investigación y la policía española apunte ya a la “total pasividad” de la policía marroquí y a un posible plan establecido para presionar a España genera una tensión diplomática en un momento tal delicado como este.
A todo ello se añade que el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Bourita, ha comunicado a su homólogo español, José Manuel Albares, que las autoridades de su país han abierto una investigación sobre la entrada masiva, después de que la Policía minase su informe de indicios que señalan a la connivencia de Rabat, con algunos de sus gendarmes guiando activamente a las personas por las inmediaciones del espigón fronterizo Tarajal.
Este hecho no es baladí si se tiene en cuenta que la justicia española debe comprobar obligatoriamente si hay una investigación abierta en el extranjero antes de asumir la competencia, según el principio de subsidiariedad para evitar la duplicidad de procesos por un mismo hecho.
Sin embargo, Marruecos tiene impuesta su particular ley del silencio. Varias oenegés alauitas elevaron la cifra de muertos de la avalancha a 141 a ambos lados de la frontera. Rabat no reconoce a ningún fallecido en sus aguas. Ni en las españolas: seis de los cadáveres que fueron identificados, y reclamados por sus allegados, tuvieron que ser enterrados en el cementerio musulmán de Ceuta porque Rabat impidió que los coches fúnebres cruzasen la frontera.
