Malos tiempos para los sindicatos. La patronal los ignora y el Gobierno no cumple lo que les promete, mientras ellos no tienen ganas ni probablemente fuerzas para lanzarse a la movilización. Lo cierto es que los sindicatos han vivido una época feliz. Unos años en que un Gobierno progresista, la gravedad de la crisis de la pandemia y la adecuada respuesta europea favorecieron el reino del consenso. Eran los tiempos de los ERTE y del plan de recuperación. De una patronal que incluso llegó a sumarse a la reforma laboral, fuera por convicción o porque su presidente, Antonio Garamendi, consideró que era la manera de evitar medidas más extremas.
Fue la época dorada del consenso. Después, este nivel de entendimiento se agrietó progresivamente hasta llegar al marco actual en que la CEOE, calculando que el actual Gobierno tiene difícil presente y poco futuro, se ha echado al monte de la discrepancia. Nada que ver con aquella fructífera relación que se estableció entre Yolanda Díaz y Antonio Garamendi. Aquella paz también se ha marchitado y ha dejado paso a un enfrentamiento continuo y a plena luz del día, aunque la relación personal no se ha roto. Ahora coincide con un Garamendi con la reelección asegurada y una Díaz ya de salida de la primera línea política española y optando a la OIT.
Los sindicatos ven cómo se les complica el camino. Por un lado, por una CEOE que ya no pacta. Ni quiere entrar a negociar el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), ni se suma a ningún pacto, ni a tres bandas ni tampoco bilateral con los sindicatos. Además, la mochila del enfado de CC.OO. y UGT va sobrecargada por los incumplimientos del Gobierno. Y aquí tienen toda la razón. Es un Ejecutivo que firma acuerdos para después, en algunos casos, olvidarse de cumplirlos; lo que llevó a Unai Sordo y Pepe Álvarez a formular un ultimátum que, sin embargo, a la hora de la verdad no parece que se vean con capacidad para llevarlo a cabo. Lo lanzaron el 30 de junio, exigiendo la aprobación del registro digital, y añadieron otro recordatorio, el de prohibir de una vez la absorción de pluses en los aumentos del SMI, tal como se había prometido, pero no cumplido.
Con el registro horario, la fecha límite que dieron Álvarez y Sordo era el verano y se incumplió. Los sindicatos tragaron y ahora siguen reclamando, pero sin que se sepa muy bien qué harán si el Gobierno sigue sin aprobar este nuevo control del tiempo de trabajo, en formato digital y accesible en todo momento por la inspección. Un registro paralizado por la división interna entre Trabajo, su gran defensor, y Economía, que pone las trabas.
La patronal los ignora y el Gobierno no cumple sus compromisos
El episodio que frenó en seco el proceso fue el duro dictamen del Consejo de Estado que recomendaba no aprobarlo y que criticaba que se utilizaba la vía del real decreto, pero que se entraba subrepticia e incorrectamente en el terreno legislativo. Dictamen solo consultivo, sí; pero que cargaba a fondo contra la propuesta, en buena parte, a partir de los informes presentados por los ministerios socialistas, y que es munición potencial para el previsible recurso de la patronal a los tribunales si no hay cambios sustanciales en su redacción final.
El otro gran incumplimiento es el de prohibir la absorción de pluses con los aumentos del SMI. El Ejecutivo firmó, pero después se desentendió del tema. Ahora, en la negociación de la subida del salario mínimo para el 2027, los sindicatos tendrán probablemente el dilema de elegir entre boicotear la mesa de negociación o bien participar, pero reclamando un aumento superior que compense la hipotética absorción.
Unos sindicatos que en los últimos meses no han conseguido apuntarse tantos de peso y que en cambio han padecido alguna dura derrota. Les ha gustado la transparencia en los contratos que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros, incluyendo más control sobre la prolongación de los periodos de prueba para evitar fraudes potenciales. Y probablemente también se aprobará un aumento de la transparencia salarial. Son dos transposiciones de directivas europeas que llegan con retraso. Son avances, pero no piezas mayores.
En cambio, dejó una marca profunda la derrota sufrida justo hace un año, el fracaso del proyecto de ley de reducción de jornada laboral a 37,5 horas. Un gran fiasco para Yolanda Díaz, porque era su proyecto estrella, pero también para los sindicatos que lo veían como una gran bandera de enganche. Se lo cargó Junts en el trámite inicial en el parlamento después de una gestión de los tiempos por parte de Trabajo que podía haber sido más hábil. La reacción fue desempolvar el plan B, el nuevo registro horario, una opción de alcance mucho más limitado, pero que podía permitir reducir la jornada en la práctica suprimiendo las horas extras no pagadas. Y tenía la gran ventaja de no tener que pasar por el parlamento. Vía real decreto era suficiente y, se dijo, iba a aprobarse rápidamente. Pero han pasado los meses y sigue pendiente. Será con carácter inmediato, repitió la semana pasada Yolanda Díaz, pero todavía no tiene fecha de paso por el Consejo de Ministros.
En el SMI los avances, hay que reconocerlo, son espectaculares. Se ha establecido el objetivo de que cubra el 60% del salario medio, y los aumentos han sido consecutivos y significativos. El salario mínimo ha pasado de los 736 euros en 2018 a los 1.221 euros este año. Un incremento espectacular que lo ha situado muy cerca de convertirse en el salario más frecuente, lo que, por otra parte, demuestra que algo falla. Y lo que falla es que los salarios medios están empantanados sin conseguir despegar. El impulso que venía desde abajo no llega a los sueldos intermedios. Hay atasco, y con él pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores.
Conscientes de este taponamiento, los sindicatos plantean un incremento extra para los salarios intermedios, una tarea para negociar en el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), pero aquí topan con otro muro. La desgana absoluta de la patronal para entrar a negociar la renovación de este acuerdo que sirve de brújula para la negociación de los convenios colectivos. La CEOE no está por la labor, de manera que no hay ni siquiera contactos informales y, además, si en algún momento se sienta a la mesa, el primer tema que expondrá serán las bajas laborales, con lo que se multiplicarán las dificultades de un posible acuerdo.
En esta España de buenos datos macroeconómicos se constata que, al bajar a la realidad micro, el grave problema de la vivienda y el de los salarios bajos se convierten en castigadores del bienestar. Lo son especialmente con la inflación de nuevo disparada por la guerra de Irán. Si a principios de año, por fin el IPC iba a recalar en la zona deseada del 2%, el 28 de febrero todo se fue al traste. Cuando dependen de una guerra, las previsiones son poco fiables, y las alzas y bajas han llevado por el momento a un mal agosto, con un 4,3% de inflación, y a expectativas nada alentadoras. Aún más negro luce el horizonte con el anuncio de Arabia Saudí de cerrar el oleoducto que le permite esquivar el estrecho de Ormuz, tras la última ofensiva de los rebeldes hutíes.
En los últimos tiempos han sumado pequeños éxitos y una gran derrota
De esta manera, el BCE ha tenido que subir tipos por segunda vez en el año y con posibilidades de que haya una tercera antes de finalizar 2026. Si se compara la evolución salarial de los convenios, aparece cómo los trabajadores pierden poder adquisitivo. El 4,3% de inflación puede compararse con un aumento de los salarios en convenio hasta agosto del 3,4%. Visto el panorama, los sindicatos van a esperar a ver el comportamiento de los precios antes de decidir qué aumento del SMI reclaman.
Con inflación alta y petróleo de nuevo en el entorno de los 100 dólares por barril de Brent, el Gobierno tiene que plantearse qué hacer con el paquete de ayudas, que caduca a final de este mes. Tiene que buscar el equilibrio entre reducir el impacto de la inflación y asumir el elevado coste presupuestario que estas medidas suponen.
Mientras, los sindicatos esperan, conscientes de que los tiempos felices han pasado y madurando su capacidad para presionar a Gobierno y patronal. No es mucha.
