Vox anda mosca con la aplicación práctica y real de una de sus propuestas estrella para los presupuestos de la Generalitat de 2026 que se aprobaron antes del mes de agosto. El malestar de la derecha extrema con la creación de la llamada Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno es evidente, como puso de relieve el síndic de la formación en el debate de Política General ante el president Juanfran Pérez Llorca, que prefirió enmarcar la finalidad de esta entidad en un contexto distinto.
La contrariedad en Vox es tal que ayer, uno de sus diputados preguntó en el pleno de las Corts a la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Susana Camarero, sobre esta oficina tras asegurar que en el debate del pasado lunes, el jefe del Consell dijo “algo totalmente erróneo sobre esta nueva oficina: que servía para la homologación de títulos extranjeros y para algo relacionado con el retorno voluntario que no supo explicar muy bien”. Para Vox, el sentido de este ente no es otro que el de “impulsar programas de retorno voluntario de inmigrantes ilegales y no para convalidar títulos extranjeros”. Para eso la derecha populista forzó la reformulación de la Oficina Valenciana de Inclusión y la dotó con un presupuesto de casi un millón de euros.
Sin embargo, a juzgar por la información que da esta oficina en sus perfiles en redes, sus servicios van mucho más allá de las pretensiones de los de Abascal. Si bien se recoge información, orientación y derivación sobre el retorno voluntario, muchas de sus líneas de actuación van encaminadas a ofrecer “un servicio de atención integral y gratuita a personas migrantes y/o víctimas de delitos de odio y discriminación”. Así, se ofrece acompañamiento social y psicológico adaptado a cada persona, además de asesoramiento jurídico en cuestiones de extranjería, trámites y situaciones de discriminación. También ofrecen apoyo lingüístico a los demandantes, así como orientación laboral, formación y apoyo para el empleo.
De hecho, en esta línea, la vicepresidenta Camarero defendió ayer que Consell trabaja por “la integración” de las personas que están en la Comunidad Valenciana, tanto social como laboralmente, sin que eso sea incompatible con “ayudar a quien libre y voluntariamente decida retornar a su país”. La número dos del ejecutivo defendió las ayudas para homologar los títulos porque “quien legalmente está en nuestro país se merece trabajar en lo que se ha preparado y en lo que ha estudiado”.
La oficina de arraigo y retorno ofrece formación, orientación laboral y apoyo psicológico y lingüístico a los migrantes
Eso sí, intentó calmar a Vox (y buscar un lugar común entre ambos partidos criticando la política de Pedro Sánchez) y aseguró que el gobierno valenciano ha tramitado más de 20 expedientes de personas migrantes interesadas en volver a sus países de origen, a los que ha ofrecido información, asesoramiento y acompañamiento para realizar unos trámites que, recordó, dependen del Gobierno de España.
“Los retornos los hace el Gobierno de España”, recordó a sus socios que pelearon en los presupuestos para dotar de más de 900.000 euros a una oficina cuyo servicio está externalizado a través de dos entidades hispanas especializadas del tercer sector que dan un servicio integral a los migrantes más allá de las prioridades de la derecha extrema.
