En el hospital de Donetsk, un niño de 9 años de Mariúpol repetía el saludo ucraniano más conocido: “Slava Ukraini”, Gloria a Ucrania. Los responsables del centro le corrigieron una y otra vez: no “Gloria a Ucrania”, sino “Gloria a Ucrania como parte de Rusia”. El niño había llegado solo, separado de su familia durante los bombardeos; tenía nueve años y ya estaba siendo “rusificado”.
“Su propósito es que los niños se olviden de que eran ucranianos alguna vez”, afirma Inna Mikhieiva, jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del distrito Shevchenkivskyy de Kyiv, quien ejerció en Mariúpol hasta la ocupación rusa. “Es un crimen de guerra y podría considerarse hasta genocidio de población, porque los niños son nuestro futuro”.
Este caso no es una excepción. Es el resultado de un sistema construido deliberadamente para borrar la identidad ucraniana de una generación entera. En marzo de 2026, la Comisión de la ONU concluyó que las deportaciones y traslados forzados de niños a Rusia constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, ejecutados según una política concebida al más alto nivel del Estado ruso.
Mikhieiva identifica tres categorías de víctimas. La primera: niños en orfanatos e internados, trasladados con la excusa de “campamentos de verano”, sin familia presente. La segunda: niños separados de sus padres en los llamados campos de filtración, puntos de control donde las fuerzas rusas identificaban y detenían a la población civil; si el padre no superaba el control, le separaban del hijo allí mismo. La tercera: niños cuyos padres murieron en los bombardeos y quedaron desprotegidos en territorio ocupado.
El Ministerio de Justicia ucraniano ha verificado 20.570 casos de deportación hasta abril de este año. La ONU ha confirmado con estándares jurídicos rigurosos 1.205 casos individuales. La propia Rusia reconoció en 2022 haber “acogido” a 744.000 niños ucranianos, cifra declarada por María Lvova-Belova antes de que la Corte Penal Internacional emitiera órdenes de arresto contra ella y contra Putin en marzo de 2023. La propia ONU estima que el 80% de los niños documentados no ha regresado.
Política sistemática
Una comisión de la ONU dictaminó en marzo de 2026 que estos forzosos traslados forzosos de menores eran crímenes de guerra y contra la humanidad
Una vez separados, los niños son redistribuidos a regiones remotas de Rusia: zonas rurales, Siberia, Crimea, con el objetivo de dificultar su localización. Reciben ciudadanía rusa, sus perfiles aparecen en bases de datos de adopción y se les cambia el nombre y el lugar de nacimiento. En los campamentos, el protocolo es sistemático: confiscación de teléfonos, prohibición de hablar ucraniano y el mensaje constante: “Ucrania ya no te necesita. Nadie va a buscarte”. A los adolescentes de 13 a 15 años los preparan para servir en el ejército ruso al cumplir 18.
Mikhieiva conoce estos casos desde dentro. Como jueza instructora, dictó una orden de detención contra la directora de un orfanato de Jersón que facilitó el traslado de seis niños a Crimea durante la ocupación. De cuatro se ha perdido el rastro. Uno está alistado en el ejército ruso.
Kyiv acusa a Rusia de haberse llevado a 20.570 niños hasta abril de este año y la ONU ha confirmado al menos 1.205
El informe del Yale Humanitarian Research Lab, centro de investigación académica independiente de la Universidad de Yale, amplía el foco: Gazprom y Rosneft, las dos mayores empresas energéticas de propiedad estatal rusa, financiaron y facilitaron el traslado y la adoctrinación de al menos 2.158 niños ucranianos entre 2022 y 2025. La evidencia proviene de sus propias comunicaciones públicas. En marzo de 2026, la Administración Trump levantó temporalmente las sanciones sobre el petróleo ruso, beneficiando directamente a ambas.
La red de complicidades se extiende más allá de Rusia. El Reino Unido sancionó la semana pasada al Campamento Internacional Infantil de Songdowon, en Corea del Norte, por participar en el programa ruso de deportación y reeducación de niños ucranianos. “Rusia busca aliados porque pocos le quedan”, señala Mikhieiva.
“No me sorprendería que China estuviera involucrada”. Mientras tanto, la Duma (parlamento ruso) acaba de nombrar a Yana Lantratova nueva Defensora de Derechos Humanos, la misma persona a quien los servicios de seguridad ucranianos acusan de haber participado en el traslado ilegal de una niña de diez meses desde Jersón, adoptada después por el diputado Sergei Mironov, quien le cambió el nombre y falsificó su partida de nacimiento.
Es como si te quitaran el pasaporte genético de una nación”
Encontrar a los niños es solo el primer obstáculo. Rusia cambia su documentación, los traslada a zonas remotas y persigue a quienes intentan localizarlos. El retorno de dos niñas gemelas huérfanas requirió más de un año de negociaciones con Qatar como intermediario. En febrero de 2024 se constituyó una coalición internacional con más de 50 países miembros para coordinar los retornos. El 3 de diciembre de 2025, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que exige a Rusia devolver a los niños. Desde 2022, según cifras del Gobierno ucraniano, han muerto 704 niños y 2.318 permanecen desaparecidos. Según Bring Kids Back UA, la plataforma oficial del Gobierno ucraniano para el seguimiento y retorno de menores deportados, 2.191 han regresado hasta la fecha.
“El hecho de borrar la identidad de los niños es un intento de borrar toda la identidad del Estado ucraniano de cara al futuro”, concluye Mikhieiva. “Piensa en cuánta gente desplazada que no va a retornar, en toda la gente joven que ha muerto en batalla. Es como si te quitaran el pasaporte genético de una nación”.
