Óscar Puente quedará inmortalizado este martes en una fotografía parlamentaria difícil de esquivar. La de un ministro con muy pocos apoyos en el Congreso. Y eso que, en lugar de los 350 escaños del hemiciclo, la comparecencia extraordinaria de la Diputación Permanente se celebrará ante sus 69 integrantes. Pero la imagen que trascenderá no será la de una bancada reducida, sino la de un responsable político que llega a la cita con buena parte de los grupos parlamentarios reclamando su salida. Una contestación que refleja hasta qué punto la crisis abierta por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) ha desbordado las fronteras habituales de los bloques de la legislatura, con las elecciones a menos de un mes de distancia.
El rechazo a la gestión del ministro socialista alcanza tanto a la oposición, con PP, Vox y Junts reclamando su salida desde el primer momento, como a los propios socios del PSOE en el Gobierno, ahora agrupados bajo las siglas de Frente Amplio, que también han cuestionado su continuidad.
El ministro comparece hoy en la Diputación Permanente para dar explicaciones por el accidente ferroviario
Más allá de las diferencias, buena parte de los grupos coincide en que la ausencia de una culpa directa de Puente en las causas del accidente no le exime de responder políticamente por el funcionamiento del sistema ferroviario, del que es el máximo responsable.
Así, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha reclamado que, si el ministro no dimite, sea Pedro Sánchez quien “asuma la responsabilidad” de cesarle.
ERC intentó ayer mantener una posición más prudente y esperar a las explicaciones de Puente antes de pronunciarse. Pero su socio electoral en Catalunya, Podemos, se adelantó a la hora de reclamar su salida. La eurodiputada Irene Montero apeló al “consenso social” existente sobre la necesidad de que el ministro dimita.
Solo PSOE, por motivos obvios, y EH Bildu, que prefiere aguardar a las conclusiones de la investigación técnica, no se sumarán a la petición de dimisión.
Puente, sin embargo, no contempla dar un paso atrás. Tras el accidente ofreció su cargo a Pedro Sánchez, que rechazó su salida y le encomendó seguir al frente de la crisis. Pese al respaldo presidencial, el ministro llega cuestionado por sus primeras intervenciones públicas tras la tragedia. Se le reprocha haber concentrado inicialmente la explicación del accidente en la actuación de un trabajador, haber abierto la posibilidad de suspender el servicio de alta velocidad, alimentando la incertidumbre sobre la seguridad de la red, y no haber conseguido trasladar un mensaje de tranquilidad a los usuarios.
A modo de cortafuegos, Puente llevará al Congreso cifras de inversión –Transportes sostiene que la partida destinada al mantenimiento de Adif se ha duplicado desde 2018, hasta alcanzar los 1.375 millones de euros en 2026– y un paquete de ayudas para las víctimas aprobado horas antes por el Consejo de Ministros. Entre las medidas figuran la duplicación de las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros, el adelanto de los pagos y la mejora de la atención a los afectados.
Pero ninguna de estas medidas servirá para cambiar la fotografía que dejará la comparecencia con un ministro que conserva la confianza del presidente del Gobierno, pero que verá cómo buena parte de sus antiguos aliados cuestiona abiertamente su continuidad.
