Los padres no podrán votar, pero sus hijos sí. El Tribunal Supremo dictó ayer varios autos en los que desestimaba las peticiones de los partidos Iustitia Europa y Vox para que se suspenda el derecho a votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre de los hijos de nietos de exiliados que se nacionalizaron españoles gracias a la Ley de Memoria Democrática de 2022 y su instrucción de desarrollo.
Un total de 189.678 hijos de esos nietos de exiliados conservarán su derecho a voto después de que el Supremo haya rechazado dictar las cautelares que le pedían Iustitia Europa Vox al ver “serias dudas sobre la viabilidad” de esas medidas, según se desprende de diversos autos dictados ayer por la Sala de la Contencioso-administrativo del Supremo.
Los jueces consideran que ya no hay tiempo para dejar sin derecho a sufragio a los hijos de los nietos, ya que “el periodo electoral restante” hasta los comicios es muy “reducido” y añaden que eliminar el sufragio de esas personas podría provocar “una perturbación grave de los intereses generales”.
Se produce así una paradoja. Los algo más de 163.000 nueves españoles, que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la instrucción gubernamental cuestionada, cuya validez estudia el Supremo, no podrán votar en las próximas generales. En cambio, sus 189.678 hijos, según la cifra aportada por el Ministerio de Exteriores, que se convirtieron en españoles por ser hijos de españoles, sí tendrán derecho al sufragio al considerar el Supremo que eliminarlos del censo “pondría en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral”.
La polémica de la llamada ley de nietos viene de lejos. En el año 2022, se aprobó la Ley de Memoria Democrática cuya disposición adicional octava establece que pueden optar a la nacionalidad española “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. El Supremo no pone pegas a que voten el 29 de noviembre las personas que han adquirido la nacionalidad española de acuerdo con este precepto.
Poco después, ese mismo año, el Gobierno dictó una instrucción para determinar cómo debían realizarse esos procesos de nacionalización. La instrucción iba más allá de la norma al establecer que “se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En estos supuestos, deberá acreditarse la salida del territorio español mediante cualquiera de los documentos enumerados en este punto. Si la salida de España se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, deberá acreditarse la condición de exiliado”.
El problema radica en esta instrucción. Iustitia Europa y Vox la recurrieron al considerarla nula por ir más allá de la ley. El Supremo vio indicios de veracidad en esas alegaciones y suspendió el derecho al voto de algo más de 163.000 nacionalizados a través de la instrucción. En paralelo, el Tribunal pidió al Gobierno el listado de las personas que habían obtenido el pasaporte español mediante la instrucción. El Ministerio de Exteriores remitió esa lista a los jueces hace dos semanas. De los 163.000 nuevos españoles solo 901 acreditaban ser descendientes de exiliados del franquismo. El Supremo ha autorizado a votar a esos 901 nuevos españoles. Para el resto, el derecho al sufragio en las elecciones generales del 29 de noviembre sigue en suspenso.
