La mayor patronal de la distribución en España, Asedas, ha pasado a la acción frente a la reducción de la jornada laboral que impulsa el Gobierno de coalición. La organización que agrupa a compañías como Mercadona, Dia, Aldi, Lidl, Consum o Condis, entre otras, acaba de enviar una carta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para trasladarle su “firme oposición” al proyecto de ley que aprobó el consejo de ministros el 6 de mayo y que ya ha sido remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
El presidente de Asedas, el ex político catalán Josep Antoni Duran i Lleida, afirma en un comunicado que la medida estrella de la también vicepresidenta segunda ha causado un profundo malestar en las empresas que forman parte de la organización. Sobre todo, por la manera en la que se ha presentado el proyecto de ley, apuntando, a su entender, directamente al sector de la distribución y el comercio. “Como si en muchos años de fructífera negociación colectiva, no se hayan tenido en cuenta” las necesidades de los trabajadores, sostiene.
Los empresarios lamentan “falta de diálogo”
La patronal considera que los informes en los que se ha basado el proyecto de reducción de jornada indican “un profundo desconocimiento” de la realidad socioeconómica y laboral de la distribución. Proyecta, según señala, “una imagen negativa y no justificada” del servicio que prestan los establecimientos de la alimentación y el gran consumo.
Las compañías del sector lamentan además que Trabajo no haya dialogado con los representantes de los empresarios. Esta falta de contacto les ha impedido, insiste Duran i Lleida en la misiva, explicar con detalle por qué consideran “inadecuado y perjudicial” reducir la jornada a las 37,5 horas semanales.
Por todo ello, Asedas iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, a los que pedirá que apoyen las enmiendas a la totalidad del proyecto.
Más de 340.000 trabajadores
El conjunto de las empresas vinculadas a Asedas representan el 75% de la distribución alimentaria en España y emplean a más de 340.000 personas.
Las principales organizaciones empresariales, como la CEOE a nivel estatal o Foment desde Catalunya, se han opuesto frontalmente a la reducción de la jornada laboral por ley. Consideran que el tiempo de trabajo se ha de regular mediante la negociación colectiva, y no en el marco de una normativa estatal. Los sindicatos, por su parte, apoyan la iniciativa del Gobierno y también se han movilizado para intentar que se apruebe.
