Una foto oficial en la Moncloa de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras sirvió para cerrar la propuesta de financiación autonómica, y una reunión oficiosa pretendía certificar el camino para que la Generalitat asumiera la gestión del IRPF a partir del 2028. Una conversación previa del líder de ERC con María Jesús Montero y la cara del presidente desbarataron los planes de Junqueras y, a continuación, los del PSC.
La reunión no fue mal, simplemente fue estéril. Para Junqueras, porque salió con las manos vacías y la obligación partidista de no abrir la puerta a la negociación de los presupuestos en Catalunya; y para Salvador Illa, porque su palabra ya no es suficiente aval para mantener alineados a sus principales socios de legislatura y su apuesta por la gestión sigue coja.
Aficionado a los adagios latinos, Junqueras se ha abonado ahora al facta non verba . “Hechos, no palabras” fue el eslogan electoral de José Montilla en el 2010. El PSC perdió la presidencia, y ERC se hundió. Poco después, Junqueras aterrizó en la presidencia republicana. Inhabilitado para ser candidato, el líder de ERC necesita tiempo, que la legislatura avance en Catalunya, y apuntalar su estrategia de diálogo sin perder autoridad.
Así que señala desacuerdos con el PSC, pero no se levanta de la mesa de negociación y ofrece alternativas a los socialistas, que mantienen viva la relación y desdibujan cualquier tentación de un adelanto electoral. “No se convocan elecciones cuando sabes que no ganarás nada, eso solo lo hace ERC”, sostienen en referencia sarcástica a Pere Aragonès.
Junqueras, como hizo Carles Puigdemont antes de romper relaciones con el PSOE, ha hecho bandera del catálogo de logros en la negociación, pero ahora llega el momento de reclamar por los incumplimientos. Junts dio un portazo, y ERC señala, con sosiego, al PSC.
“El PSOE no se mueve, pero quien no ha hecho el trabajo es el PSC”
Los republicanos vincularon su apoyo a la investidura de Illa y a los presupuestos a acuerdos con el Gobierno de Sánchez. Tras los avances, el diagnóstico actual es que “el PSOE no se mueve, pero quien no ha hecho el trabajo es el PSC”. Durante meses, los negociadores de ERC, de la Generalitat y del Gobierno han trabajado con discreción. La percepción de los participantes era que, en junio, estaba más cerca un acuerdo para la cesión de la gestión del IRPF que la financiación. Después la cosa viró.
Hacienda sostiene que nunca dio expectativas a ERC de que habría una cesión de la gestión del IRPF, y la Generalitat se aferra al acuerdo de la comisión bilateral Estado-Generalitat. La literalidad del documento marca dos posiciones. Para ERC, el texto prevé que la Agència Tributària de Catalunya “asuma progresivamente competencias de gestión en el IRPF”; Hacienda pone el foco en el final de la frase: “Dentro de un modelo en red de gestión del sistema, con participación de la agencia estatal y las administraciones autonómicas”.
ERC pretende que la ministra prometa una cesión de soberanía fiscal ante los barones del PP
El acuerdo de financiación se cerró ajustando un sudoku de variables hasta que los números cuadraron en las simulaciones. La demanda de la gestión del IRPF es una cesión de soberanía que el PSOE no está en condiciones de aceptar en un escenario de campaña electoral que parece perpetua. Mucho menos si la demanda de ERC es que Montero solemnice en un Consejo de Política Fiscal y Financiera su compromiso con una cesión tan relevante antes de batirse con Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía. Más palabras, pero con mayores consecuencias.
En ERC se han recetado tranquilidad. En el cajón espera una enmienda a la totalidad de los presupuestos aprobados por el Govern de Illa y se acepta dilatar el calendario a la espera de movimientos en las filas socialistas. Los mensajes públicos del Gobierno y la Generalitat pretenden trasladar optimismo. No obstante, Junqueras sabe que la cosecha que no logre ahora difícilmente la tendrá tras dar luz verde a unos presupuestos que garantizan a Illa un tránsito hasta el 2028 sin aprietos económicos. Sánchez gobierna mes a mes con sus decretos en el Congreso; Illa tendría un margen de dos años que Junqueras quiere rentabilizar.
