El relato de cómo se puso cerco a José Luis Rodríguez Zapatero empieza en octubre del 2024 y termina en mayo del 2026. Comenzó como un hallazgo casual, un “ZP” en un teléfono, una “Z” que no era suficiente. En los últimos años, además de lo público –y notorio– de sus vínculos con Venezuela, el expresidente del gobierno se había implicado en las campañas electorales socialistas a modo de salvavidas para Pedro Sánchez. Diecinueve meses después de aquel “ZP”, un juez de la Audiencia Nacional ordenó el registro de su despacho. ¿Cómo hizo la Policía y, sobre todo, la Fiscalía Anticorrupción para dar con él?
Alerta de Francia
Disco Crucial
Octubre del 2024. Las autoridades francesas emiten una orden europea de investigación (OEI), un instrumento que permite a un país solicitar a otro la obtención de pruebas para un caso penal. Con esta herramienta, Francia pide a España que proceda a una serie de registros en domicilio y despacho de varios investigados suyos. Primeros dos nombres clave: Felipe Baca y Miguel Palomero. Los franceses habían detectado una presunta trama de blanqueo, originada en Venezuela, que estaría moviendo dinero a través de una entramado societario offshore para mover el dinero de la corrupción. Habrían blanqueado en Francia y en España.
En el ordenador de Palomero, la policía halla un disco duro con el nombre de “crucial” donde guardaba conversaciones. Su agenda llama la atención, pero sobre todo un nombre: Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana.
Tras Plus Ultra
El watsap delator
Los franceses sospechaban que parte del dinero presuntamente blanqueado provenía de una ayuda pública del Gobierno español, concretamente del rescate a la aerolínea Plus Ultra. La Policía española lo comunicó a la Fiscalía Anticorrupción. Palomero tenía conversaciones reveladoras con otro empresario venezolano, Danilo Diazgranados. La unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) analizó esas comunicaciones y entregó un informe en noviembre del 2025. Ahí se hablaba de presuntos pagos a funcionarios españoles. Pero hasta que llegó ese informe, el asunto estuvo un año parado. Algo pasa.
En los informes de tramo en el tiempo no se incluye ni una referencia a las conversaciones sobre “ZP” . Se lo guardan por la vía escrita. Pero a partir de ese informe arranca una carrera de velocidad. La Fiscalía interpone una denuncia, poniendo el crono para montar en seis meses la investigación.
Acelerón
Tras la pista venezolana
En aquel primer informe, la UDEF analizaba las conversaciones y las sociedades de ambos investigados. Por un lado, Palomero tenía vínculos con Rodolfo Reyes, principal accionista entonces de Plus Ultra. Hablaban de las gestiones necesarias para lograr el rescate de la compañía. Por otro lado, se analizan movimientos bancarios y societarios de Diazgranados. Descubren que tiene una empresa, Agropecuaria Lucena, que hace pagos por trabajos diversos a Análisis Relevante y Whathefav.
Esas dos empresas se irían a vincular con su “ZP”. Pero todavía era demasiado pronto. Había que seguir tirando del hilo. Se pide informe a la Agencia Tributaria (AEAT), que lo entrega el 30 de diciembre del 2025, un mes después. Los inspectores de Hacienda descubren que las administradoras de Whathefav son Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Y que detrás de Análisis Relevante (AR) estaba Julio Martínez Martínez. En fuentes abiertas era fácil vincularlo con “ZP” y con personas de su entorno. Seguía siendo pronto.
La AEAT da en el clavo
Gastos de AR: Zapatero
Cuando la Fiscalía Anticorrupción vio la conclusión de la AEAT, tenía lo que buscaba. Como cobrador de AR aparecía José Luis Rodríguez Zapatero. Casi 500.000 euros en cuatro ejercicios fiscales. Por un lado tenían que un empresario venezolano estaba pagando a un pagador del expresidente y a su vez estaba pagando a sus hijas. Y que ese magnate, a su vez, tenía conversaciones con un abogado en las que hablaban de pagos en efectivo a funcionarios. Y que este abogado mantenía conversaciones con el máximo responsable de Plus Ultra. Y que Martínez también cobraba de la aerolínea. La cuadratura del círculo, pero todavía no era el momento.
Sepblac y UDEF
Dos meses meteóricos
No había tiempo que perder. La causa la reabre una jueza que ya había investigado el rescate de Plus Ultra, pero lo había archivado. Ahora era distinto. Sabía que había una presa mayor, así que la instructora Esperanza Collazos ordena, a mediados de diciembre, la detención de los dos máximos responsables de Plus Ultra, Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, y también la detención de Julio Martínez Martínez, a quienes se les incauta documentación y el teléfono. Además, se pide un informe a inteligencia financiera del Sepblac –unidad encargada del blanqueo de capitales–, que llega en 15 días. La UDEF, el 16 de febrero, ya estaba aportando un nuevo informe. Los agentes hacen ya la primera referencia escrita a Zapatero como posible influencia de la organización investigada.
“Influencia” de ZP
Se acortan los plazos
Tan solo un día después del informe de la UDEF, Anticorrupción entrega un nuevo escrito a la jueza. Ya identifica, sin ambages, a “Z” como Zapatero y sitúa a Martínez como su “persona interpuesta”. Aquello había escalado demasiado, y la jueza instructora se lo quita de encima y lo envía a la Audiencia Nacional con un auto de inhibición del 23 de febrero en el que señala como investigados, entre otros, al expresidente del gobierno y a sus dos hijas.
El liderazgo de ZP
La UDEF rompe la baraja
El 3 de marzo, el juez de la Audiencia Nacional se queda con el caso y lo declara secreto. En escasos tres meses, la UDEF había analizado los terminales telefónicos de los detenidos de diciembre y la documentación. Ya estaban preparados para afirmar que Rodríguez Zapatero era el “líder” de una red de influencia. El 19 de mayo, el juez ordenaba el registro de su despacho, dando comienzo su calvario judicial.
La jueza Collazos investigaba a las hijas del expresidente del Gobierno
Antes de que la investigación sobre Plus Ultra diese el salto cualitativo a la Audiencia Nacional, la jueza que dirigía la causa en los juzgados de instrucción de Madrid en la plaza de Castilla, Esperanza Collazos, dejó plasmado en el auto de inhibición, al que ha tenido acceso La Vanguardia, que habían aparecido nuevos investigados en las pesquisas: no solo el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sino también sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa. En el escrito, la instructora ya señalaba a su empresa, Whathefav, como receptora en el 2020 de pagos por un valor de 20.993 euros por parte de Agropecuaria Lucena, sociedad supuestamente instrumental de Julio Martínez, amigo de Zapatero. Según el auto del pasado 23 de febrero, el empresario próximo al chavismo Danilo Alfonso Diazgranados, también imputado, habría realizado transferencias, a espaldas de la hacienda pública, a Agropecuaria Lucena y a Whathefav. Sin embargo, el magistrado José Luis Calama, que ahora pilota el caso, no las ha citado como investigadas por el momento, pese a que la UDEF ve a la compañía de marketing que administran como un “elemento” para cubrir pagos del “entramado” investigado por su “capacidad para generar facturación ad hoc”. Los resultados del análisis de la documentación obtenida en el registro de Whathefav y el volcado de los correos electrónicos corporativos –y la nube digital– serán fundamentales para el futuro de las hijas de Zapatero, que tenían en su cartera todo tipo de clientes.
