Nuevo episodio de enfrentamiento entre la patronal y el Ministerio de Trabajo. Unas relaciones que en esta legislatura van de choque en choque y de crítica en crítica. En esta ocasión, se trata de la propuesta que plantea el ministerio sobre la democratización de las empresas, que incluye una participación de los trabajadores en los consejos de administración y en la propiedad. La primera reunión está prevista para este jueves y la CEOE ya ha manifestado que no asistirá.
Plante de la patronal porque considera que es un “ejercicio de intervencionismo” y un “ataque populista” por parte del departamento de Yolanda Díaz. El posicionamiento se tomó ayer en una reunión extraordinaria del comité ejecutivo de CEOE y Cepyme, en cuyo comunicado se critica lo que se considera un ataque a la propiedad privada. “Plantear una supuesta falta de democracia en la empresa para volver a poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado supone un desprecio a la negociación colectiva”, dice el comunicado. Se añade también que estas iniciativas generan desconfianza y desalientan la inversión.
La iniciativa contestada por la patronal es la de desplegar el artículo 129.2 de la Constitución para dar voz a los trabajadores en las decisiones de las empresas y permitir su participación en la propiedad. El pasado mes de febrero, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, ya anunció que promovería una ley en este sentido porque, dijo, hay 18 países de la Unión Europea con fórmulas de codecisión, voz y participación en el modelo productivo y España es “una anomalía” en este terreno.
Son declaraciones que realizó después de un Consejo de Ministros en el que trasladó un informe de una comisión internacional de expertos, en el que se plantea que los trabajadores tengan un tercio de los puestos en el consejo de administración de las empresas entre 50 y 1.000 empleados. En el caso de las compañías con más de 1.000 trabajadores, los empleados ocuparían la mitad de los puestos.
También se plantea abrir el capital a la propiedad de los trabajadores, con mínimos del 2%, que subiría al 10% en grandes corporaciones.
