Cómo EE.UU. intenta romper el control de China sobre los minerales críticos

Durante la mayor parte de los últimos 30 años, las empresas occidentales han abandonado la República Democrática del Congo en vez de invertir en ella, afirma Guy-Robert Lukama. El que fuera presidente de Gécamines, la principal minera estatal, calcula que entidades chinas tienen participación en el 90% de los proyectos congoleños. Pero ahora los estadounidenses están “insistiendo, insistiendo, insistiendo”. En diciembre, empresas estadounidenses consiguieron prioridad para acceder a un gran número de minas y yacimientos de exploración en el país africano más rico en minerales. El Gobierno estadounidense también invirtió 553 millones de dólares en el Corredor de Lobito, un ferrocarril que va desde la zona minera de cobre del Congo hasta la costa atlántica de Angola, para agilizar los envíos hacia Estados Unidos. En febrero, Orion CMC, un consorcio en el que participa el Gobierno estadounidense, acordó adquirir una participación del 40% en las únicas minas de cobre y cobalto de Congo controladas por Occidente.

EE.UU. busca con urgencia por todo el planeta minerales que considera de importancia crítica, en un intento desesperado por romper el dominio de China sobre el suministro mundial de muchos de ellos. El gobierno de Trump ha firmado acuerdos relacionados con minerales con más de 20 países, desde Argentina hasta Uzbekistán. Todos los grandes giros geopolíticos que ha dado recientemente EE.UU. —en Ucrania, Venezuela, Groenlandia— se han justificado en parte por las riquezas minerales que albergan esos países. Un responsable del sector minero afirma que se encuentra con el personal del presidente “prácticamente en cualquier parte, casi todos los meses”.

La administración ha respaldado decenas de proyectos mineros, ha prometido crear gigantescas reservas y ha intentado fijar precios mínimos para proteger las minas occidentales frente al dumping chino. Es un enfoque “más agresivo, imaginativo y transaccional”, según Menell, de TechMet, una compañía minera respaldada por el gobierno, que supone un nivel de intervención en los mercados de metales no visto desde los primeros años de la guerra fría. “Es la carrera espacial de nuestra generación”, afirma Scherb, de Appian Capital, una firma de capital riesgo que invierte en minería.

La carrera tiene un líder claro y evidente. China es el mayor extractor y, con mucha diferencia, el refinador dominante de muchos de los llamados “minerales críticos” del mundo. Esta categoría abarca entre 30 y 60 metales considerados esenciales para la informática, la electrificación, la industria aeroespacial y la defensa, los pilares de las economías modernas y desarrolladas. En ella se agrupan metales comunes como el cobre (29 millones de toneladas producidas en 2025) junto con otros muy específicos, como las “tierras raras pesadas” (algunas de las cuales se producen solo en decenas de toneladas al año), que se utilizan en iPhones, centros de datos, láseres quirúrgicos y tecnología militar.

En 2025, China restringió las exportaciones de siete codiciadas tierras raras utilizadas en defensa

El control que ejerce China sobre muchos metales críticos le otorga una enorme capacidad de presión sobre sus rivales económicos y militares, y no duda en utilizarla. En abril del año pasado, China restringió las exportaciones de siete de las tierras raras más codiciadas. Ante el temor a quedarse sin existencias, las cadenas de suministro de aviones F-35, misiles, drones, radares y motores eléctricos estuvieron a punto de romperse. Los fabricantes de automóviles y muchas otras empresas sufrieron las consecuencias en toda Europa y Asia. El impacto fue tan inmediato y contundente que Trump se vio obligado a rebajar rápidamente sus preciados aranceles a China para sellar una tregua en la guerra comercial. Las autoridades chinas también aprovecharon la nueva exigencia de licencias de exportación para obtener información confidencial y detallada de fabricantes occidentales. Además, China sigue limitando la venta de una docena de minerales, desde el antimonio hasta el tungsteno, lo que eleva considerablemente sus costes.

La administración Trump, marcada por esta experiencia, ha decidido imitar lo que considera la receta del éxito de China: una intervención contundente en los mercados de materias primas. Para entender por qué Estados Unidos—y muchos otros gobiernos—desconfían de los mercados libres para solucionar este problema, hay que empezar por cómo lo diagnostican. En 1987, Deng Xiaoping declaró: “Oriente Medio tiene petróleo, China tiene tierras raras”, presentando el dominio de los metales como un activo estratégico. En las cuatro décadas siguientes, China ha consolidado su casi monopolio en muchos metales gracias a abundantes fondos públicos y préstamos a bajo interés concedidos a minas y refinerías favorecidas, así como a priorizar la producción frente a la seguridad de los trabajadores y la protección del medio ambiente.

China también utiliza su peso en el mercado para aplastar a la competencia, inundando el mercado con determinados metales para provocar la caída de los precios, forzando así el cierre de minas existentes u obligando a paralizar nuevos proyectos. La venta de tierras raras chinas a bajo precio contribuyó al cierre de Mountain Pass en California—que llegó a ser la mayor mina de tierras raras del mundo—en 2002. A ello se sumaron la limpieza tras un vertido tóxico y la entrada en vigor de normativas medioambientales más estrictas, lo que aumentó sus desventajas competitivas. Desde entonces, esa explotación ha reabierto bajo propiedad estadounidense, pero en muchos otros casos los activos en dificultades han acabado en manos chinas. A principios de esta década, cuando los precios del litio se dispararon y surgieron nuevos proyectos, los productores chinos aumentaron su producción hasta que los precios se desplomaron, lo que provocó dificultades en las minas occidentales y permitió a empresas chinas hacerse con varias de ellas, desde Mali hasta México.

La intervención a la fuerza de la administración Trump implica una maraña de instituciones. Una de las más activas es el renovado Banco de Exportaciones e Importaciones (EXIM), que bajo el mandato de Biden destinaba fondos a proyectos ecológicos. Los departamentos de Energía y Defensa y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) también están repartiendo dinero a raudales. Copley, antiguo minero de oro en el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, coordina este frenesí.

La campaña es sorprendentemente amplia, y podría abarcar los 60 minerales considerados críticos por el Servicio Geológico de Estados Unidos, incluidos metales abundantes y ampliamente reciclados como el aluminio, el plomo y el zinc. Llama la atención que se centra menos en el refinado de metales, ámbito en el que China es más dominante, que en la extracción directa de estos elementos del subsuelo. “Están recorriéndose la tabla periódica”, afirma un directivo del sector minero. Las autoridades prefieren proyectos que estén cerca de entrar en producción o que sean susceptibles de expansión. “No tenemos el tiempo a nuestro favor”, señala uno de ellos. El objetivo es proteger no solo a la industria de defensa frente a China, sino también a las industrias civiles.

La administración Trump está utilizando tres principales herramientas de planificación central para hacer que los proyectos sean competitivos. La primera está tomada directamente del modelo chino: subvencionar el coste inicial de nuevas minas mediante préstamos e inversión directa, lo que también incentiva a los prestamistas privados a aportar capital. Desde octubre, el Pentágono ha comprometido 2.800 millones de dólares en capital y deuda para ocho proyectos de extracción y refino, con especial atención a metales como el galio y el germanio, cuya exportación China ha restringido en ocasiones.

En el último año, EXIM ha emitido 15.000 millones de dólares en cartas de interés (señalando su intención de prestar) para proyectos de minerales críticos, incluidos 455 millones para una iniciativa de tierras raras en Estados Unidos y 350 millones para cobalto y níquel en Australia. El Departamento de Energía ha aprobado 7.000 millones de dólares en préstamos a proyectos nacionales de grafito, litio y potasa. La DFC ha utilizado tanto capital como deuda “en las regiones más estratégicas del mundo”, según afirma Black, su director. Ha proporcionado fondos iniciales para minerales críticos en Ucrania y un tercio de los 1.800 millones de dólares que Orion CMC está invirtiendo en el Congo. También está estudiando una inversión de 700 millones en minas de tungsteno de Kazajistán.

Para mantener su cartera de proyectos abastecida, la administración está firmando acuerdos que otorgan a las empresas estadounidenses preferencia a la hora de invertir en minería en el extranjero. Ha suscrito 21 pactos bilaterales con gobiernos extranjeros y ha concluido las negociaciones para otros 17. En algunos casos, la financiación incluye una condición novedosa: que poco o nada de la producción se venda a China. The Economist ha sabido que un gran préstamo ofrecido recientemente por el gobierno estadounidense a una mina en el extranjero se retrasó inicialmente porque la administración Trump exigía que dejara de exportar a China. En África, la ayuda se está vinculando a que los gobiernos acepten acuerdos mineros.

Inspirada en la Reserva Estratégica de Petróleo, creada hace 50 años, EE.UU. promueve una de 60 minerales críticos

El segundo recurso de Estados Unidos es garantizar ciertas compras a las minas, a través del Proyecto Vault, una reserva nacional de minerales destinada a respaldar las industrias civiles. (El Pentágono ya mantiene pequeñas reservas de materiales para uso militar.) Inspirado en la Reserva Estratégica de Petróleo, creada hace 50 años y que almacena 415 millones de barriles, el Proyecto Vault financiaría las adquisiciones de todos los 60 minerales críticos por parte de un grupo seleccionado de operadores de materias primas. Su financiación provendrá de un préstamo de 10.000 millones de dólares de EXIM y 2.000 millones de capital privado.

El objetivo es cubrir semanas o meses de demanda de diversos metales, y hasta un año de suministro en el caso de algunos, como el itrio, que se utiliza en numerosos equipos importantes, incluidos los motores de avión. Las empresas pagarían tasas por adelantado y se comprometerían a comprar los metales a un precio fijado, para después tener acceso a la reserva en caso de crisis. Más de una docena de compañías —entre ellas General Motors, Boeing, Google y GE Vernova— han mostrado su disposición a participar.

El tercer mecanismo consiste en mantener precios mínimos, para que las minas no se vean obligadas a cerrar si China inunda el mercado con un mineral. La administración Trump puso en marcha el pasado julio el primer (y hasta ahora único) acuerdo de este tipo, dentro de una colaboración público-privada con MP Materials, que gestiona una refinería de tierras raras en Texas. Se establece un precio mínimo durante diez años para el óxido de neodimio-praseodimio (NdPr): si MP vende por debajo de 110 dólares el kilo, el Pentágono paga la diferencia. (Además, el Pentágono se ha comprometido a comprar todos los imanes de tierras raras que produzca MP en una nueva planta en proyecto durante los primeros diez años de funcionamiento de dicha instalación).

Desde entonces, Estados Unidos ha planteado la idea de establecer precios mínimos a sus aliados. En febrero, el Departamento de Estado organizó en Washington una “Cumbre Ministerial de Minerales” a la que asistieron 54 países (China no fue invitada). Estados Unidos propuso un “club de minerales” que, según aseguró, “transformaría el mercado global”. Para algunos productos, los productores dentro del bloque tendrían garantizado un precio mínimo al vender a empresas del propio club. Cuando las transacciones se cerrasen por debajo de ese precio, un fondo financiado por los países miembros pagaría a los productores la diferencia. Las importaciones procedentes de fuera del club—léase China—tendrían un arancel que elevaría el precio final para los consumidores hasta alcanzar el mínimo establecido. El Gobierno ha dado aproximadamente hasta marzo a unos 30 países para que envíen cartas de compromiso. Por otro lado, Estados Unidos mantiene conversaciones con la Unión Europea, Japón y México sobre posibles acuerdos en materia de minerales que podrían incluir precios mínimos.

Los aliados occidentales comparten objetivos similares a los de Estados Unidos, pero no los están persiguiendo con tanta determinación. La Unión Europea ha fijado objetivos para reducir las importaciones procedentes de China y acelerar la concesión de permisos para nuevas minas, además de firmar acuerdos con Chile, Namibia y otros países. Sin embargo, apenas ha comprometido fondos—3.000 millones de euros (3.500 millones de dólares) para 34 minerales—y los países a los que se ha dirigido afirman que exige suministros garantizados mientras ofrece muy poco a cambio.

Australia y Canadá están gastando algo más que Europa, pero sobre todo en su propio territorio. Japón es el país más activo, ya que ha sufrido en primera persona la manipulación del mercado de metales por parte de China: en 2010, China impuso un embargo no oficial a las exportaciones de tierras raras a Japón durante una disputa por unas islas en conflicto. Entonces, Japón respondió adquiriendo participaciones minoritarias en minas extranjeras a cambio de garantizar el suministro (además de ampliar considerablemente su reserva estratégica de metales críticos). Directivos de JOGMEC, su agencia de seguridad de recursos, afirman que ahora están invirtiendo de forma “agresiva” aún más capital y asumiendo “bastante más riesgo”. Sin embargo, no son partidarios de los precios mínimos, ya que consideran que los “mercados libres” son, a largo plazo, “una condición necesaria” para el éxito.

Algunas minas también expresan su incomodidad con los precios mínimos y otras intervenciones. “No nos gusta manipular los mercados”, afirma un directivo. Los veteranos del sector, que crecieron sin apoyo estatal, ven con recelo la llegada de nuevos actores que saturan el mercado, señala Huw McKay, antiguo economista jefe de BHP, la gigante minera, y actualmente en la Universidad Nacional de Australia. La mayoría de las grandes compañías mineras mundiales han pasado los últimos años replegándose, en lugar de arriesgarse en países lejanos. Freeport-McMoRan, que en su día fue el mayor inversor privado en el Congo, vendió su último proyecto en el país a una empresa china en 2020.

Los principales beneficiarios probablemente serán las empresas mineras más pequeñas, que de otro modo tendrían dificultades para captar capital. Guardian Metal Resources, que tiene previsto extraer tungsteno—un metal que Estados Unidos no produce comercialmente desde 2015—, recibió una subvención del Pentágono en julio. Este respaldo ayudó a la empresa a atraer capital privado, señala Oliver Friesen, su director ejecutivo, lo que le ha permitido acelerar los estudios de ingeniería. Ahora cuenta con cuatro equipos de perforación en su yacimiento de Nevada.

¿Conseguirá Estados Unidos asegurar el suministro que tanto ansía? Muchos expertos temen que el Gobierno esté adoptando un enfoque disperso, en lugar de centrarse solo en los minerales más importantes. Otro problema es que, aunque las sumas destinadas son grandes en conjunto, pueden ser insignificantes para proyectos individuales: la mayoría de los cheques del EXIM son de millones o decenas de millones de dólares, una cantidad irrisoria para minas cuyo desarrollo puede costar miles de millones.

Un riesgo aún mayor es gastar mucho para obtener resultados escasos. No faltan proyectos de minerales críticos en el mundo; muy pocos tienen probabilidades de ser rentables. Las oportunidades de corrupción abundan, con un gobierno conocido por el amiguismo repartiendo fondos en un sector famoso por atraer a oportunistas y estafadores. Un funcionario del Departamento de Estado apunta que ha aumentado el número de empresas no estadounidenses registradas en Delaware, que exige una divulgación mínima, y que presentan proyectos mineros. En Congo hay escepticismo sobre si Virtus Minerals, una compañía dirigida por antiguos militares y agentes de inteligencia que acordó comprar en febrero una mina congoleña en dificultades, está preparada para gestionarla. En enero el gobierno anunció su intención de aportar 1.600 millones de dólares en apoyo a Round Top, un proyecto texano de tierras raras, lo que hizo que las acciones de su promotora, USA Rare Earth, se dispararan. El emplazamiento lleva anunciándose para su desarrollo, sin éxito, al menos desde la década de 1980.

El único experimento de precio mínimo en Estados Unidos conlleva riesgos evidentes. MP Materials tiene pocos incentivos para buscar un buen precio por su NdPr, ya que el gobierno estadounidense debe compensar cualquier cantidad recibida hasta los 110 dólares por kilo. Los resultados trimestrales muestran que el precio medio obtenido por la empresa en los tres meses hasta septiembre (antes de la entrada en vigor del precio mínimo) fue de 59 dólares por kilo. En ese mismo periodo, el NdPr exportado desde China alcanzó los 78 dólares por kilo.

El club del precio mínimo propuesto por Estados Unidos se toparía con problemas similares. Greer, el representante comercial de Estados Unidos, insiste a The Economist en que aún merece la pena intentarlo. «Prefiero obtener una producción ineficiente de un grupo de economías de mercado con las que, en general, comparto intereses que una producción eficiente de un país con el que no tengo una alineación estratégica». Sin embargo, China plantea otro problema que el plan no contempla: la mayor parte de los metales brutos producidos dentro del club deben enviarse a China para su refinado, por lo que resulta imposible escapar de la influencia china. Además, China podría redirigir después esos metales refinados a otros compradores, desbaratando así el objetivo del club.

Crear una reserva civil parece igual de problemático. La reserva de petróleo funciona porque se trata de una sola materia prima que puede refinarse en el propio país. Acaparar metales es una propuesta mucho más complicada. Almacenar minerales requiere mucho espacio y sirve de poco si no hay refinerías nacionales para procesarlos. Los metales refinados ocupan menos espacio, pero también son menos intercambiables. ¿Debería guardarse el cobre en forma de polvo, alambre o barras?

Es probable que muchas de las intervenciones propuestas por Estados Unidos en la industria minera se diluyan, se estanquen o fracasen. Los mercados se muestran escépticos: los precios de los metales apenas han reaccionado a los anuncios estadounidenses. “Nadie sabe qué va a pasar”, afirma Ellie Saklatvala, de Argus Media, una agencia de información de precios. Las empresas mineras chinas no parecen inmutarse; siguen adquiriendo activos en el extranjero.

Incluso si muchas de sus iniciativas prosperan, el enfoque de la administración Trump es insuficiente para aflojar el control de China donde es más férreo: en el refinado. La intervención del Gobierno en el mercado de materias primas podría salir cara a los contribuyentes y distorsionar las señales de precios, lo que puede desincentivar la entrada de nuevos actores innovadores. Y muchos productores, además de temer las represalias de China, temen un cambio de rumbo político, que podría producirse este mismo año en el Congreso o en la Casa Blanca en 2028. El mayor riesgo del experimento estadounidense de planificación centralizada en la minería es que depende de los caprichos del planificador central en jefe.

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