El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que la semana pasada aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros, ofrece a los promotores privados de vivienda unas subvenciones especialmente atractivas para que construyan inmuebles protegidos. Es uno de los principales problemas del mercado residencial español: el parque de vivienda pública, tanto de compraventa como de alquiler, es ínfimo y no puede acoger a la cantidad de familias y jóvenes que tienen imposible competir en el mercado libre. Por ello, el Gobierno central ha decidido recuperar estas ayudas a la promoción de vivienda pública. Para un empresario, construir viviendas de protección oficial (VPO) va a ser especialmente atractivo desde ahora.
El Ministerio de Vivienda ha decidido incorporar en el plan una demanda recurrente del sector. Las empresas promotoras hicieron ver al departamento dirigido por Isabel Rodríguez que para construir vivienda pública necesitaban algún incentivo. En este momento, la situación de los distintos planteamientos y el estado de los suelos hacen complejo apostar por la construcción de vivienda a precios topados.
De entrada se establece una ayuda de 85.000 euros por cada vivienda protegida destinada al alquiler
Ayudar a la promoción de vivienda protegida no es una idea novedosa. Ya existía en los planes de vivienda que han estado en vigor entre 1980 y 2012. Las consecuencias se pueden repasar en los números. A principios de los 2000, y hasta el estallido de la burbuja, se llegaron a finalizar más de 60.000 viviendas protegidas en algún ejercicio. Pero la crisis echó por tierra este esfuerzo. A partir del 2013, con la crisis inmobiliaria, estas ayudas a la promoción pública desaparecieron, y la construcción de VPO se desplomó hasta un suelo de 5.000 inmuebles en el 2017. En este momento, las cifras de construcción de vivienda protegida no terminan de despegar y en el 2025 se finalizaron incluso menos (11.100) que en el ejercicio anterior (14.300).
A ello hay que sumar la liberalización de viviendas protegidas durante las últimas décadas. Según cálculos del propio Ministerio de Vivienda, en los últimos 45 años en España se han construido 2,7 millones de viviendas públicas. Si se echa la vista atrás, desde los años 60 el número de inmuebles desarrollados, protegidos en un principio, alcanzaría los 6 millones. El modelo permitió durante el franquismo y tras la transición que muchas familias pudieran acceder a un techo digno. De ese inmenso parque público, a finales del 2024, Vivienda cifraba en solo 318.000 los inmuebles que aún se encontraban protegidos. Las plusvalías de millones de beneficiarios de pisos públicos han sido elevadas. Por ese motivo el Gobierno también ha introducido en el plan estatal el blindaje del parque público.
La patronal estatal APCE asegura que estas subvenciones son “imprescindibles” para ampliar el parque
El Plan Estatal de Vivienda que estará en vigor los próximos cuatro años plantea, por tanto, un impulso promotor de VPO inédito desde hace tres lustros. Los promotores tendrán acceso a una subvención de hasta 111.000 euros. De entrada, un constructor que impulse vivienda pública podrá tener acceso a una ayuda de hasta 85.000 euros por piso para destinarlo al alquiler asequibles (el precio máximo deberá ser de 900 euros al mes). Esta cuantía duplica la que ha estado vigente en el Plan de Recuperación. Si esa vivienda se encuentra en una localidad de menos de 10.000 habitantes, también podrá venderse a un precio limitado.
A esos 85.000 euros se pueden sumar más conceptos: si el constructor dispone de un suelo en el que construye al menos un 40% de vivienda protegida, podrá solicitar una subvención adicional de hasta 8.000 euros por piso. Si la vivienda emplea técnicas de construcción industrializada, podrá sumar 8.500 euros más. Y si el inmueble está en una zona declarada como tensionada, habrá otra transferencia adicional de 8.500 euros adicionales.
Desde 1980, en España se han construido 2,7 millones de viviendas públicas; en el 2024 quedaban 318.000
El Ministerio de Vivienda no ha calculado cuántas viviendas protegidas se podrían llegar a construir con estas ayudas. Sí ha precisado que el Estado abonará durante el 2026 los fondos necesarios para estas ayudas a los promotores y a partir del próximo año existirá una cofinanciación entre el Ministerio de Vivienda (60%) y las autonomías que se sumen al plan (40%). El Ejecutivo central espera que sean todas, independientemente de su color político.
Las empresas promotoras han recibido con satisfacción esta medida. Para los empresarios, construir vivienda pública en muchos municipios sí podrá ser rentable gracias a esta ayuda pública por vivienda. Para la patronal nacional del sector, APCE, que preside Xavier Vilajoana, estas ayudas son “imprescindibles para ampliar el parque de vivienda en España, especialmente asequible y protegida, y mejorar la accesibilidad”.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda sigue el modelo europeo de impulsar subvenciones a la subvención, lo que en la traducción al castellano sería “subsidios para la construcción de edificios”. Es lo que explica que en otros países europeos el porcentaje de vivienda social sea muy superior al español. En los Países Bajos es del 30%. En Austria, del 24%. En Dinamarca, del 20%. Y en Francia, del 10%. En España es del 3,4%. El Reino Unido ha presentado una medida muy similar a la española. El consenso actual en Europa en torno al problema de la vivienda es no volver a liberar el parque público construido, como hace la ciudad de Viena desde hace un siglo. Es, además, una de las recomendaciones de la OCDE.
