El Ministerio de Trabajo ha solicitado a la Fiscalía que investigue si la Generalitat Valenciana pudo cometer un delito de prevaricación administrativa por la anulación de varias sanciones laborales durante la jornada de la trágica dana del 29 de octubre del 2024. El departamento que dirige Yolanda Díaz asegura que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social había impuesto una serie de sanciones por accidentes laborales que se produjeron de facto o como consecuencia de la riada, expedientes que luego fueron anulados.
Según fuentes de Trabajo, en dichos expedientes “se constataba la falta de adopción, por parte de las empresas, de las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de sus trabajadores”, lo que provocó que estos “se viesen sometidos a situaciones de riesgo grave” que, en uno de los casos, se materializó en la muerte de un trabajador.
La autoridad laboral de la Generalitat, en época de Carlos Mazón al frente del Consell, anuló los expedientes, en opinión de Trabajo, “de forma totalmente injustificada, evitando de forma consciente, la sanción a las empresas por los graves hechos puestos de manifiesto por los inspectores actuantes”. Para el ministerio fue una decisión “arbitraria y eventualmente delictiva”, por ello pide a la Fiscalía que lo investigue.
La Generalitat Valenciana, ahora presidida por Juan Francisco Pérez Llorca, ha respondido a Trabajo este viernes a través de un comunicado argumentando que la anulación de los expedientes laborales se realizó después de “una evaluación individualizada, técnica y basada en criterios estrictamente legales”.
Según la Generalitat, la Dirección General de Trabajo de la Comunitat Valenciana, en su condición de autoridad laboral competente, ejerció las funciones que le atribuye la legislación laboral para resolver los procedimientos sancionadores derivados de actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El Govern recuerda que las actas de la Inspección no constituyen sanciones firmes
El Govern recuerda también que las actas de la Inspección de Trabajo no constituyen sanciones firmes sino propuestas de sanción que deben ser valoradas jurídicamente por la autoridad laboral antes de dictar la resolución administrativa correspondiente.
