La Abogacía del Estado amenaza con aportar al juicio que celebra la Audiencia Nacional contra la familia Pujol informes o documentos inéditos. El representante del Estado en el procedimiento, José Ignacio Ocio, ha reaccionado de este modo a la aceptación por parte del tribunal de un informe de la agencia tributaria de 111 páginas que no estaba incluido inicialmente en el procedimiento y que analiza una importante inversión en México.
En esta intervino entre otros Jordi Pujol Ferrusola, que es el principal acusado de la vista que se sigue contra la familia Pujol y nueve empresarios que supuestamente les pagaron comisiones a cambio de negocios públicos.
El juicio empezó a finales de noviembre y acabará a mediados de mayo, y recibe esta semana a diversos peritos de Hacienda.
El informe de 111 páginas recoge los datos de una inspección a la compañía Juandro SL, socia española de la mexicana Juandro Consultores, que adquirió y transformó unos terrenos fabulosos en Baja California para un importante complejo turístico y vacacional.
El informe niega que hubiera una simulación de negocio, tal como han corroborado en el juicio una quincena de testigos.
Los peritos de Hacienda analizan esta semana si los pagos a Jordi Pujol por servicios de intermediación empresarial fueron reales o simulados
En virtud del artículo 729 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las defensas han logrado -tras un paréntesis del tribunal para una deliberación jurídica- que el informe fuera añadido a la vista.
La abogacía del Estado, que con toda seguridad conocía su contenido porque ha mencionado espontáneamente la paginación del documento, ha manifestado su protesta y ha advertido que el juicio entraba en un camino peligroso y resbaladizo si se empezaban a permitir documentos nuevos a través del 729 y que como acusación empezarán a utilizarlo si es necesario.
El autor del informe debe declarar este jueves 26 de marzo.
La inspectora que ha declarado esta mañana analizó las obligaciones impositivas de Pujol Ferrusola y Gironès y sus empresas Iniciatives Marketing i Inversions S.A. (Imisa) y Project Marketing entre 2008 y 2011. Ha reconocido que le pareció extraño que Pujol Ferrusola llegara a cobrar más de un millón de euros por intermediar y asesorar en algún proyecto pero ha añadido: “Si nadie me aporta algo que demostrara que esa operación no era real para mí era válida y si alguien hubiera dicho otra cosa habríamos adoptado otro criterio”.
Una de las claves del juicio es si los servicios por los que Jordi Pujol Ferrusola cobró importantes comisiones correspondían a operaciones reales o fueron tapaderas para mordidas de empresas que por otro lado se beneficiaban de concesiones de obra pública, como sostiene la acusación.
Interrogada por los abogados defensores, una de las inspectoras citadas en la jornada de este lunes ha dicho que, si en el juicio ha quedado dicho por una buena cantidad de testigos que los servicios eran reales, ella no tenía ninguna razón para dudarlo.
La inspectora ha expuesto que detectaron que algunos ingresos que figuraban en las cuentas de estas empresas en realidad eran de Pujol Ferrusola a efectos del impuesto sobre la renta, ya que eran servicios que ofrecía con “carácter personalísimo”.
La inspectora ha detallado que para sus análisis requirieron documentación a las compañías que les pagaban, como actas de reuniones, correos electrónicos o contratos que acreditaran que los servicios de asesoramiento e intermediación eran reales y no simulados, pero “no se aportó” nada y tan solo tuvieron algunos documentos aportados desde las empresas.
Las inspecciones analizaron operaciones de compraventa de un proyecto de plantas solares en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), un club de golf en Ronda (Málaga), la ampliación de la refinería del puerto de Cartagena (Murcia) y las operaciones que pretendían electrificar Gabón; uno de los testigos pendientes de acudir al juicio es uno de los responsables de esta última operación, que por ahora no ha sido localizado por las autoridades del país africano.
La perito ha indicado que con los datos que entonces tenían establecieron que en 2008 Pujol Ferrusola como persona física eludió a Hacienda una cuota de 89.244 euros; sus empresas Imisa y Project Marketing, 55.162 y 4.375, respectivamente, pero estimaron que a efectos penales las deudas de este año habían prescrito.
En los siguientes ejercicios la propuesta de liquidación a pagar para Pujol Ferrusola fue de 135.951 (2009), 19.137 (2010) y 16.232 (2011). Para Imisa fue en esos años de 45.655, 113.824 y 70.092, mientras que a Project Marketing se le devolvieron 38.468 euros en 2009 y 887 en 2010. 2011 quedó a cero.
