Después de ocho años con la causa abierta, siete de ellos con el caso bajo secreto de sumario, el juez de Tarragona que investiga si desde el Ministerio de Hacienda en la época de Cristóbal Montoro se llevaron a cabo reformas legislativas ad hoc a cambio de dinero ha empezado a citar a los investigados. Los dos primeros, el expresidente de la empresa gasista Praxair Eduardo Gil y su exresponsable fiscal en España y Portugal, Jacobina Escámez se acogieron ayer a su derecho a no declarar, según avanzó la Agència Catalana de Notícies (ACN).
El juez instructor, Rubén Rus, trata de esclarecer si directivos de varias compañías gasistas habrían contratado el despacho que fundó Montoro, Equipo Económico, para lograr reformas legislativas favorables a sus intereses empresariales.
Los próximos citados a declarar, el 29 de mayo, serán dos directivos de la multinacional Messer, fabricante de gases con una de sus plantas en Tarragona. Según adelantó ayer Europa Press y ha podido confirmar este diario, el juez Rus quiere escuchar a Rubén Folgado, directivo tarraconense de Messer y actual responsable de negocio para la Europa Occidental, y a Karl Hauck, director general de la compañía.
Dos correos electrónicos enviados en 2013 entre estos dos directivos se encuentran en el origen de la investigación del caso Montoro de presunta corrupción. Folgado le explicaba al director general de Messer en uno de los correos que “la vía más directa, como siempre, es pagar a Equipo Económico, que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda”.
El juez de Tarragona ha programado más declaraciones el 19 de junio y el 14 de julio de directivos de otras empresas gasistas. Una de las claves de la investigación es si Montoro favoreció con reformas legislativas a clientes de su antiguo despacho y si se pagó por ello a funcionarios o altos cargos. La casusa está abierta por presuntos delitos de tráfico de influencias, soborno, malversación, falsificación documental y prevaricación.
