Podemos no ha esperado al jueves para mover ficha y ha adelantado su abstención en la votación del real decreto ley de medidas fiscales diseñado por el Gobierno para hacer frente a la escalada de precios derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán. El movimiento complica, si cabe, las negociaciones del Ejecutivo, que queda abocado a recabar bien la abstención del Partido Popular o bien el voto favorable de sus socios de investidura, con Junts como pieza determinante, para evitar que la norma decaiga.
El movimiento, no obstante, no implica un rechazo frontal al decreto, sino una toma de posición política que busca marcar distancias con su contenido. En Podemos consideran que la rebaja de impuestos planteada por el Ejecutivo no ataca el núcleo del problema -la traslación de los costes a los consumidores- y advierten de que puede terminar beneficiando a las grandes empresas si no se acompaña de mecanismos de intervención directa en los precios.
Ese reproche se formula en términos estratégicos. La dirección morada interpreta que el Gobierno ha diseñado el paquete con la mirada puesta en atraer al Partido Popular, lo que, a su juicio, diluye el carácter redistributivo de las medidas y desplaza el eje de la negociación hacia posiciones más conservadoras. En ese marco, la abstención funciona también como un aviso a la mayoría parlamentaria que sostuvo la investidura: Podemos no está dispuesto a avalar sin matices un giro que percibe como concesión al principal partido de la oposición.
La decisión, además, tiene consecuencias directas sobre la aritmética parlamentaria. El rechazo de PP e independentistas —o incluso un escenario en el que estos últimos optaran también por la abstención mientras los populares votan en contra— haría decaer la norma.
En el Gobierno, en todo caso, el movimiento no ha causado sorpresa. Las posiciones de los de Ione Belarra llevan semanas fijadas en la misma dirección: exigir la intervención directa en los mercados mediante topes a los precios de productos básicos como el combustible, la energía o los alimentos.
Frente a la vía fiscal, la formación insiste en esa receta alternativa. Reclama limitar los precios para impedir que los 5.000 millones de euros movilizados por el decreto acaben “engrosando la cuenta de resultados” de las grandes compañías. No es una posición nueva, pero sí reforzada en el actual contexto inflacionario, que el partido vincula directamente al impacto internacional del conflicto.
La abstención se inserta, además, en una estrategia más amplia de presión legislativa. A comienzos de marzo, Podemos registró en el Congreso una proposición de ley con ese mismo enfoque intervencionista, que incluye tanto la limitación de precios como la recuperación de medidas ya aplicadas en fases anteriores de crisis, entre ellas la gratuidad del transporte público. Con ello, busca situar en la agenda un modelo de respuesta más ambicioso y diferenciado del que ahora impulsa el Ejecutivo.
