El Gobierno encajó ayer en el Congreso una de las derrotas parlamentarias más sonadas de la legislatura después de que PP, Vox y Junts unieran sus fuerzas para tumbar el decreto de vivienda impulsado por uno de los socios, Sumar.
La norma, rechazada con 177 votos en contra y cinco abstenciones del PNV, se había convertido para el grupo que todavía lidera Yolanda Díaz en mucho más que una medida coyuntural para contener el precio del alquiler. Era una bandera política con la que reivindicar su peso, y justificar su presencia, en la coalición de Gobierno. Pero su caída no solo ha dinamitado la principal apuesta política de Sumar, sino que deja tras de sí dos imágenes especialmente incómodas para el Ejecutivo. La fragilidad de su mayoría parlamentaria y el creciente distanciamiento entre los socios de la coalición.
Porque el alcance político del revés va más allá de la mera aritmética parlamentaria como reflejaron buena parte de los portavoces de Sumar que se multiplicaron durante toda la jornada para interpretar la derrota como la prueba de que el PSOE no había implicado realmente todo su capital político en salvar una medida que el socio minoritario consideraba estratégica. “Si el PSOE hubiera puesto la mitad de voluntad que puso para sacar adelante la ley de Amnistía, estaríamos hablando de otro resultado”, resumían fuentes del grupo plurinacional tras la votación.
La imagen del hemiciclo condensó buena parte de esa fractura interna. Yolanda Díaz y Ernest Urtasun fueron los únicos ministros que acompañaron desde la bancada azul a Pablo Bustinduy en la defensa de un decreto que en la Moncloa daban prácticamente por perdido desde que Junts confirmó semanas atrás su rechazo. Pero lo que terminó de irritar a Sumar fue la ausencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Y así se lo hizo saber desde la tribuna el portavoz plurinacional de los Comunes, Gerardo Pisarello, reprochando a la bancada socialista no haberse implicado “lo suficiente” en la negociación parlamentaria. Una acusación que el diputado socialista Ignasi Conesa respondió pidiendo no “errar el tiro” ni confundirse de adversario. En el PSOE, en cualquier caso, anoche rebajaban el choque y atribuían las críticas a “un berrinche de Sumar”.
PP, Vox y Junts tumban la norma y erosionan el perfil del espacio plurinacional dentro del Gobierno
“De berrinche nada”, contestaron visiblemente airados los portavoces del grupo parlamentario plurinacional recordando que, desde el mismo pacto de investidura resaltaron como línea roja la defensa del acceso a la vivienda.
Esa estrategia quedó de manifiesto ya en la gestación del decreto, cuando el espacio de Sumar mostró su disposición a tensionar al máximo la relación con el PSOE. Sus cinco representantes en el Ejecutivo llegaron incluso a plantar a sus socios en el Consejo de Ministros, negándose a entrar hasta que el PSOE aceptó impulsar una norma específica sobre la prórroga de los alquileres tras la caída del anterior decreto ómnibus.
A partir de ahí, y con el Partido Popular fuera de cualquier interlocución al rechazar siquiera sentarse a escuchar la propuesta, se sucedieron varias semanas de intensos contactos con los socios del bloque de investidura. Pero ninguno de los ofrecimientos hizo cambiar de parecer a Junts, contrario al texto desde el minuto uno.
A pesar de que la derrota estaba prácticamente descontada, Sumar decidió mantener al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, como defensor de la iniciativa en el debate de ayer. Uno de los dirigentes mejor valorados del espacio y con mayor respaldo interno como posible referencia futura de la izquierda plurinacional se exponía así al coste político de una derrota que se daba por hecha. Pero la decisión era firme: “Estamos dispuestos a asumir el desgaste, pero no vamos a renunciar a defender donde haga falta el acceso a un derecho tan básico como la vivienda. No nos van a doblegar”, advirtieron desde su equipo como antesala de nuevas iniciativas que permitan recuperar la prórroga de los alquileres.
La ausencia de la ministra de Vivienda en el debate del decreto genera malestar en Sumar
Las derechas, por su parte, coincidieron en el rechazo al decreto, aunque desde argumentos distintos. Junts, a través de Marta Madrenas, calificó la medida de “propaganda” al tiempo que tachó de “absolutamente arbitrario” el límite del 2% a la actualización de las rentas. Vox endureció el diagnóstico desde una perspectiva más ideológica, al apostar por la construcción de vivienda y por el cierre de la entrada de inmigración como vía para contener la demanda. Y el Partido Popular se limitó a definir la iniciativa como “improvisación y supervivencia política”, acusando al Ejecutivo de acumular anuncios en la materia sin resultados efectivos en la construcción de nuevas viviendas.
Bustinduy negó cada una de las argumentaciones de las derechas desde su escaño y cerró el debate advirtiendo a todas ellas de que, antes o después, “pagarán muy caro su voto en contra a los intereses de la gente trabajadora”.
