Una juez federal bloqueó temporalmente este viernes la iniciativa del presidente Donald Trump de crear un fondo de 1.776 millones de dólares para compensar a personas que afirman haber sido objeto de la “instrumentalización” del gobierno federal durante la administración de Joe Biden.
En ese fondo estarían incluidos los que participaron y fueron condenados por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, que acudieron a la llamada de Trump, perdedor de las elecciones de noviembre del 2020, para subvertir la decisión de las urnas y facilitar que el entonces presidente de Estados Unidos se perpetuara en el poder.
El establecimiento de estas indemnizaciones bajo el concepto de un fondo contra la instrumentalización surgió como fruto de un acuerdo sin precedentes. El pacto supuso que el presidente retiraba su demanda de 10.000 millones contra la Hacienda de EE.UU. (IRS), a la que acusó de filtrar sus declaraciones impositivas, a cambio de obtener inmunidad fiscal para él, su empresa y su familia, además de fijar esas compensaciones de las que se prevé se beneficien sus asociados políticos.
La juez federal de distrito este de Virginia, Leonie Brinkema, explicó que su orden de restricción tenía como objetivo garantizar que no se “desembolsen irreversiblemente” fondos antes de que la batalla legal sobre el fondo recientemente anunciado tenga la oportunidad de desarrollarse.
Indignación entre republicanos y demócratas en el Congreso
La orden se produjo en respuesta de una denuncia presentada por un grupo de demandantes que incluye a la Federación Nacional del Aborto, Common Cause y un exfiscal federal que dirigió un grupo de trabajo para procesar a personas que presuntamente participaron en aquel asedio al Capitolio.
El posible fondo ha provocado una intensa indignación bipartidista en el Congreso, donde legisladores de ambos partidos lo han descrito como un fondo discrecional destinado a pagos para aliados del presidente Trump, incluyendo potencialmente a personas que participaron en aquel golpe de estado de enero del 2021.
Legisladores demócratas amenazaron con gravar el monto total de cualquier pago realizado desde el fondo. La orden de Brinkema, nombrada por el presidente Bill Clinton, suspende la creación del fondo al menos hasta el 12 de junio, fecha en la que ha programado una audiencia para seguir considerando el asunto.
Su existencia también alarmó a expertos legales, en parte porque habrá muy poca supervisión pública sobre cómo se gestiona esas indemnizaciones. Los líderes republicanos del Senado aplazaron la semana pasada una votación sobre un paquete del Partido Republicano para financiar al agentes de inmigración (ICE) y a la Patrulla Fronteriza hasta junio, en parte debido a las preocupaciones sobre el fondo.
Otra medida de Trump que frenan los tribunales
La administración Trump no puede tomar ninguna otra medida relacionada con el fondo mientras las mociones legales estén pendientes, “lo que incluye la transferencia de dinero al fondo; la consideración de cualquier reclamación presentada al fondo; y el desembolso de cualquier dinero del fondo”, según la orden de la juez.
El proceso para solicitar compensaciones no puede comenzar oficialmente hasta que se elijan cinco comisionados encargados de decidir cómo se distribuye el dinero, aunque personas que afirman haber sido objeto de acciones del gobierno ya han solicitado compensaciones.
La Casa Blanca dirigió esas peticiones al Departamento de Justicia (DOJ). Tampoco está claro cómo las personas presentarían formalmente sus solicitudes. El grupo de posibles solicitantes es considerablemente elevado, apuntó el DOJ.
“La administración Trump está otorgando acceso a aquellos que ayudé a investigar y procesar después del 6 de enero a lo que es un proceso creado ilegalmente, diseñado para entregar dinero rápidamente a aliados políticos, mientras me tratan a mí y a personas como yo como enemigos desfavorecidos”, declaró por esta demanda Andrew Floyd, uno de los fiscales del grupo de trabajo encargado de la investigación del ataque a la ciudadela de la democracia antes de ser despedido el pasado julio.
En su declaración calificó de espantoso el despido de numerosos funcionarios que colaboraron en ese caso e indicó que ningún presidente debería poder abusar de su autoridad para perseguir a quienes hacían su labor.
“Que el presidente me ataque a mí y a otros involucrados en los procesamientos relacionados con el 6 de enero deja a nuestro país en un lugar muy oscuro, enviando el mensaje de que la insurrección y la sedición serán protegidas, e incluso alentadas, siempre que se hagan en nombre de esta administración”, recalcó en su escrito entregado el jueves.
