La imagen de refugio seguro de los países del golfo Pérsico, en la que se sustentaban sus opulentas economías, se ha visto trastocada por la guerra de Irán. Mantener la percepción de seguridad se ha convertido en un imperativo para estas monarquías, aunque atente contra la libertad de expresión de sus ciudadanos. Amnistía Internacional (AI) denunció el lunes una “campaña de represión”, que se salda con más de mil detenidos bajo acusaciones de simpatizar con Irán durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
Desde el inicio de la guerra, a finales de febrero, las autoridades de los países pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) —Kuwait, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Arabia Saudí y Omán— emitieron advertencias generales contra la difusión de contenidos en internet y redes sociales que propagaran “rumores” o “información falsa” sobre la guerra. Poco después, varios de estos países comenzaron a anunciar detenciones masivas.
Además, en Kuwait y Bahréin, las autoridades locales habrían llegado a revocar la nacionalidad a varios ciudadanos detenidos en este contexto, al tiempo que dictaron condenas de prisión de entre tres y diez años, según la investigación de la oenegé.
“Si bien los estados del Golfo pueden adoptar medidas para hacer frente a la desinformación y proteger la seguridad nacional, y pueden restringir ciertos derechos durante un conflicto armado, cualquier restricción a la libertad de expresión debe cumplir estrictas normas internacionales de derechos humanos”, afirmó la directora regional de AI para Oriente Medio y África, Heba Morayef.
Para Morayef, las monarquías han ampliado una represión ya existente. “Los estados del Golfo han recurrido a su habitual mano dura autoritaria para controlar la información y han instrumentalizado disposiciones ambiguas y excesivamente amplias de las leyes sobre ciberdelincuencia, lucha contra el terrorismo y seguridad nacional. Esto va mucho más allá de lo permitido por el derecho internacional”, agregó.
Los estados del Golfo han recurrido a su habitual mano dura autoritaria para controlar la información
Emiratos Árabes Unidos, meca de influencers de todo el mundo, principalmente británicos, es el país que ha llevado a cabo más detenciones. Al menos 375 arrestos hasta el principios de abril, según el recuento de AI. Las leyes de EAU en lo relativo a los ciberdelitos implican que es delito no solo grabar, sino repostear o comentar imágenes que puedan “incitar a la opinión pública o perturbar la seguridad pública”, según informa la organización Detained in Dubái, que presta asistencia a extranjeros arrestados en la ciudad y que denunció los primeros arrestos en el lujoso emirato hace dos meses.
Se trata de la “draconiana Ley de Delitos Cibernéticos de los Emiratos Árabes Unidos, Ley Federal n.º 34 de 2021, que prohíbe compartir información considerada ‘engañosa’ o perjudicial para la ‘reputación del Estado’. Esta ley se aplica conjuntamente con el Código Penal y otras leyes de seguridad nacional”, recordó Amnistía.
Decenas de las detenciones realizadas en los EAU fueron de ciudadanos británicos que tomaron fotos o videos de ataques iraníes al principio de la guerra, así como inspecciones telefónicas puerta a puerta realizadas por la policía en áreas afectadas por ataques con drones, según constató AI a finales de marzo. Además, decenas de cuentas de medios de comunicación prominentes fueron bloqueadas tras compartir videos de los ataques.
Entre otras de las medidas que tomaron los países del Golfo, además de las detenciones, fue pedir a Meta el bloqueo de las cuentas de Facebook o Instagram de las personas perseguidas.
Como consecuencia, la tarea de retratar esta realidad se ha vuelto casi imposible. Un periodista radicado en Riad (Arabia Saudí), declaró a Amnistía que “nadie habla abiertamente de lo que está pasando ni de cómo se siente”. “Es imposible saber cómo está afrontando la gente estas restricciones, debido al inmenso clima de miedo que se suma al temor que ya existe a los bombardeos”, apuntó el periodista que habló bajo condición de anonimato.
