Hace diez años, el 23 de junio de 2016, los británicos decidieron bajarse del tren europeo. No fue una decisión abrumadoramente mayoritaria, pero sí inapelable. La convocatoria del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea -una apuesta fallida del primer ministro David Cameron, que se vio forzado a dimitir tras la derrota- dividió al país en dos mitades y produjo una polarización política extrema que desembocó en graves casos de violencia (la diputada laborista Jo Cox, partidaria del remain, fue asesinada a puñaladas por un ultra al grito de Britain First). El Brexit se impuso por un ajustado 52% a 48% y el divorcio con la UE se consumó, tras largas y difíciles negociaciones, en el 2020. Desde entonces, nadie en las islas británicas ha querido reabrir la herida.
Que un país miembro de la Unión, y no cualquiera sino uno de los más importantes -de los de mayor peso político, económico y demográfico-, abandonara el club era a priori algo impensable y provocó un fuerte shock. De repente, el temor a que otros países más o menos euroescépticos siguieran el mismo camino -Europa apenas empezaba a recuperarse entonces de la brutal cura de austeridad impuesta a raíz de la crisis de 2008- tomó cuerpo en muchas capitales. El miedo, sin embargo, resultó infundado. El Brexit actuó, a la postre, como una vacuna y no sólo nadie mostró deseos a partir de entonces de salir a la intemperie, sino que hoy son los británicos -por 57% a 30%, según los sondeos más recientes- quienes creen que abandonar la UE fue un error. Lo que no quiere decir que vayan a volver. No a corto plazo, al menos.
Hoy no hay ningún país en la lista de espera para dejar la UE. Sí hay, en cambio, una larga lista para incorporarse. Lo que demuestra que, pese a todos los problemas y carencias, el proyecto europeo mantiene su fuerza de atracción y que su sueño fundacional -la creación de un espacio democrático de paz, libertad y prosperidad compartidas- sigue vivo.
Esta semana, Bruselas abrió formalmente la negociación con Ucrania y Moldavia para su futura adhesión a la Unión. El lunes se dio luz verde, en concreto, a la apertura del primero de los seis bloques temáticos -clústeres, en el argot comunitario- en los que está dividido el proceso de negociación. Kyiv había pedido el ingreso formalmente en febrero del 2022, días después de desencadenada la invasión rusa, y Chisináu le siguió los pasos en marzo. El Consejo Europeo aceptó ambas candidaturas en junio de ese mismo año. Sin embargo, el veto sistemático de Hungría había bloqueado hasta ahora cualquier avance. Ha tenido que ser desplazado del Gobierno de Budapest el populista Viktor Orbán –aliado de Moscú en el seno de la UE- y cerrarse un acuerdo sobre los derechos de la minoría húngara en Ucrania para desbloquear la situación.
La apuesta europea por la adhesión de Ucrania y Moldavia, dos antiguas repúblicas de la extinta Unión Soviética, responde a un compromiso político de la UE frente al expansionismo agresivo de la Rusia de Vladímir Putin, pero justamente eso hace que el proceso sea más complejo. Ucrania todavía está en guerra, con casi un 20% de su territorio ocupado por el ejército ruso, y la pequeña Moldavia -que se debate sobre si integrarse en Rumanía, con la que comparte lengua e historia- arrastra también el lastre de la región separatista prorrusa de Transnistria, que no controla.
La situación especial de Ucrania, ha sido esgrimida por algunos gobiernos de la UE para acelerar el proceso de adhesión. No obstante, no hay unanimidad al respecto y los más optimistas creen que ya sería mucho lograrlo en 2030… una fecha muy atrevida para los estándares comunitarios. De ahí que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, haya propuesto crear un nuevo estatus de “miembro asociado” para alinear a Ucrania con la UE a la espera del ingreso efectivo. Durante la cumbre que se ha celebrado este jueves y viernes en Bruselas, los 27 reafirmaron su apoyo a Ucrania y expresaron su voluntad de avanzar en la negociación, aunque recordaron que el proceso de adhesión ha de estar “basado en méritos”. Dicho de otro modo: no habrá ningún atajo para Kyiv.
La fuerza de gravitación es tal que incluso hay quienes fantasean con la incorporación ¡de Canadá!
Ucrania y Moldavia son los últimos incorporados a una lista en la que figuran ya los países de los Balcanes Occidentales, la mayoría de ellos surgidos de la desintegración de Yugoslavia en los años 90 -Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia-, así como Georgia y Turquía. La UE celebró con el primer grupo una cumbre el pasado 5 de junio en la población montenegrina de Tivat (y no en Tirana como erróneamente se recogía en el boletín de la semana pasada) donde reiteró su compromiso de incorporar a este grupo de países. No todos, sin embargo, avanzan al mismo ritmo. Montenegro es el más adelantado y podría ingresar en 2028.
Las inclinaciones prorrusas de Serbia, las tensiones con Kosovo, los problemas de Macedonia del Norte con Bulgaria y la fragmentación de Bosnia-Herzegovina siembran de obstáculos el camino de estos países. En cuanto a los otros dos candidatos, Georgia -otra exrepública soviética con provincias separatistas prorrusas desgajadas, tras la intervención rusa de 2008- suspendió unilateralmente las negociaciones de adhesión en 2024 y ha entrado en una deriva autoritaria incompatible con los principios europeos. Lo mismo que Turquía, cuyo proceso de incorporación -que algunos estados cuestionan por tratarse de un país de mayoría musulmana- está por este motivo congelado desde 2018.
Otros dos países del Norte, Islandia y Noruega, podrían replantearse su reticencia a adherirse a la UE, una opción que rechazaron en su momento para proteger sus caladeros de pesca y eludir las obligaciones europeas en la materia. La guerra de Ucrania y las sacudidas geopolíticas internacionales, sin embargo, están obligando a todo el mundo a replantearse sus prioridades (como hicieron Suecia y Finlandia al decidir ingresar en la OTAN). El Gobierno islandés ha convocado un referéndum el 29 de agosto para decidir si reanudan las negociaciones de adhesión a la UE, interrumpidas en 2015. En Noruega, donde la incorporación fue rechazada por última vez en referéndum en 1995, están a la espera de lo que suceda en Islandia para decidir si convocan a su vez una consulta en ese mismo sentido. La fuerza de gravitación es tal que incluso hay quienes fantasean con la incorporación ¡de Canadá!
Han pasado trece años desde el último ingreso en la UE -el de Croacia en 2013- y veintidós desde la gran ampliación hacia el Este del 2004. Y si algo ha quedado claro en todo este tiempo es que la única manera de hacer gobernable la Unión es cambiando las reglas. El principio de la unanimidad, todavía vigente en aspectos esenciales, es un lastre y su aplicación a la política exterior y de defensa ha contribuido decisivamente a hacer de Europa un enano político en el concierto internacional.
Cinco países han propuesto que los nuevos miembros tengan temporalmente restringido su derecho de veto
En este contexto, y con el fin de facilitar el consenso necesario para la ampliación, cinco de los seis fundadores -Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo- han propuesto que los nuevos miembros tengan temporalmente restringido su derecho de veto en las cuestiones presupuestarias, de política exterior y de seguridad, además de imponer salvaguardas adicionales para poder reaccionar con mayor contundencia y prontitud en caso de retrocesos democráticos como sucedió en Hungría. Una medida de este tipo sería forzosamente provisional, porque de lo contrario crearía dos categorías de países. Con lo que el problema de fondo se mantendrá mientras no se cambien los tratados.
Ante este obstáculo fundamental, que condiciona todo avance, se ha abierto paso la idea de que un grupo de países, los de más peso y más comprometidos con la profundización de la integración europea, decidan avanzar en solitario a través del mecanismo de las cooperaciones reforzadas, consolidando en la práctica una Europa de dos velocidades (que ya existe, por ejemplo, con el euro). El canciller Merz ha propuesto que este núcleo duro esté integrado por seis países que suman el 71% de la población de la UE y el 70% del PIB comunitario: Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Países Bajos.
Pero la iniciativa se enfrenta a un grave problema: la debilidad política de los líderes concernidos. Friedrich Merz no pasa por su mejor momento -su popularidad está en caída libre y el gobierno de coalición que preside está muy dividido- y al francés Emmanuel Macron -que no puede volver a presentarse para un tercer mandato- le queda menos de un año en el Elíseo y no tiene un sucesor claro, mientras los sondeos de las elecciones presidenciales de mayo de 2027 dan ventaja a la ultraderecha.
El año que viene hay también citas con las urnas en España, Polonia e Italia. En los dos primeros casos, Pedro Sánchez y Donald Tusk, ambos al frente de coaliciones con mayorías frágiles, se enfrentan a citas electorales cruciales que podrían precipitar cambios políticos. En España, los sondeos son negativos para el líder socialista y aunque no lo son para el premier polaco, el resultado de las pasadas elecciones presidenciales -que ganó el opositor Ley y Justicia- no son un buen augurio. En Italia, Giorgia Meloni parece más sólida y las encuestas le auguran una clara ventaja, aunque tampoco es la más ferviente europeísta del grupo. Finalmente, el neerlandés Rob Jetten, elegido primer ministro el pasado febrero, dirige los Países Bajos con una mayoría parlamentaria más que exigua. Débiles mimbres parecen para tamaña empresa.
Austeros contra solidarios. La cumbre de esta semana ha servido para que los 27 empezaran a abordar la discusión sobre el próximo marco presupuestario de la UE (2028-2034) y se constatara a plena luz del día la división que existe entre los países llamados “frugales” -que priman la contención del gasto y una redistribución de recursos hacia las políticas de competitividad y defensa- y los conocidos como “amigos de la cohesión” -que defienden aumentar el presupuesto y salvar las políticas agrícola y de cohesión-. Entre los primeros están Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia. Entre los segundos, que son una quincena, destacan España e Italia. Francia, que es de los aportadores netos, navega entre dos aguas. La propuesta que la presidencia chipriota ha puesto sobre la mesa asciende a 1,76 billones de euros (un 2% menos de lo que había propuesto la Comisión Europea). La próxima etapa será discutir cómo aumentar los recursos propios.
¿Cómo resistir a China? Los dirigentes europeos también se mostraron divididos a la hora de decidir medidas para afrontar los “desequilibrios económicos globales”, un eufemismo bajo el que se esconde la preocupación por la competencia industrial de China y lo que se consideran prácticas comerciales desleales. Lo cierto es que el déficit comercial con Pekín se ha disparado tras la pandemia de covid y ya no hay país de la UE que tenga superávit con el gigante asiático. Francia encabeza un grupo de países que defiende la adopción de medidas firmes para proteger los sectores estratégicos frente a la competencia exterior, a riesgo de ir al choque con China, mientras que España propugna cautela y pragmatismo. Alemania se había alienado hasta ahora con los prudentes, pero el castigo que su industria está recibiendo es tal que parece estar cambiando y se muestra abierta a discutir nuevas medidas.
Roces por la inmigración. La política migratoria lleva un tiempo centrando la atención de Europa y provocando vivos debates -y roces- en el seno de la UE. Aunque no figuraba en el orden del día, los dirigentes de varios países -la danesa Mette Frederiksen, la italiana Giorgia Meloni y el belga Bart de Wever- censuraron que España hubiera tomado unilateralmente la decisión de proceder a una regularización extraordinaria de inmigrantes. Lo hicieron después de que el presidente español, Pedro Sánchez, criticara la iniciativa de crear centros de internamiento y deportación de inmigrantes irregulares en terceros países. Así lo prevé el nuevo reglamento europeo de Inmigración y Asilo, que fue aprobado el miércoles por el pleno del Parlamento Europeo con los votos de la derecha y la extrema derecha, en medio de la euforia desatada de algunos eurodiputados ultras que gritaban “¡Mandadlos de vuelta!” (send them back!). Francia también rechaza esta vía y ayer el presidente Emmanuel Macron advirtió que su país se opondría a destinar fondos europeos para la construcción de estos centros.
Tratado España-Francia. El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el jueves, después de varios tropiezos, ratificar el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia firmado por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en Barcelona en enero de 2023. Un primer intento fue abortado hace un año, al no obtener los votos suficientes. En esta ocasión el Gobierno ha contado con el apoyo de todos los aliados de la investidura, incluidos Junts per Catalunya y Podemos, que la vez anterior se opusieron y han cambiado el sentido de su voto. Quienes no lo han hecho, y mantuvieron su rechazo, fueron el PP y Vox. Embarcados en una deriva nacionalista antifrancesa, los populares pueden utilizar ahora su mayoría absoluta en el Senado para seguir boicoteando el tratado, que en tal caso debería volver a pasar por el Congreso. Extraña carta de presentación ante un aliado para quien aspira al Gobierno de España.
