El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el llamado caso Koldo, ha imputado a Jéssica Rodríguez, exnovia de José Luis Ábalos, y a Joseba, hermano de Koldo García, por los enchufes de la propia Jéssica en dos empresas públicas. Rodríguez y Joseba García están citados a declarar en calidad de investigados el próximo día 20 de julio. Lo mismo que Ignacio Zaldívar, que era subdirector de Gestión Administrativa en el gestor ferroviario ADIF cuando Rodíguez fue enchufada.
Que Jéssica fue enchufada en Ineco y Tragsatec con la mediación de los hermanos García y que no acudía a su puesto de trabajo es algo que ha quedado demostrado en el juicio del caso mascarillas que se siguió ante el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal dictó sentencia la semana pasada por la que condenó al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel y a su asesor Koldo García, a 19 años y ocho meses de prisión.
Según esa sentencia, Jéssica Rodríguez, que mantenía una relación sentimental con Ábalos, estaba desempleada en 2019. “Aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro, Ábalos concibió y desarrolló un plan de actuación, consistente en desplegar toda su influencia para que Jéssica Rodríguez fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio o que prestara sus servicios a alguna de estas con la finalidad de que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral”.
“Para llevar a cabo dicho plan contó, como solía, con su asesor Koldo García, quien, asumiéndolo, se encargó de desarrollar todo un conjunto de actuaciones tendentes, por un lado, a procurar que Jéssica Rodríguez fuera contratada y, por otro, a crear las condiciones que le permitieran no ir a trabajar y eludir o sortear, además, los controles laborales que se pudieran adoptar por los responsables de las empresas contratantes”, indica la sentencia del Supremo.
Así, continuando con el relato de la sentencia, Jéssica fue contratada en la empresa pública Ineco. “El contrato se firmó el 1 de marzo de 2019 y, pocos días después, se entregó a Jéssica Rodríguez un ordenador por la gerente de servicios de soporte de Ineco”. Pero Jéssica “no llegó, con conocimiento y plena aceptación del acusado José Luis Ábalos, a desempeñar trabajo o función alguna durante todo el tiempo que permaneció como empleada” de la empresa. Rodríguez recibió la cantidad neta de 34.450 euros de Ineco en concepto de salario.
“En noviembre de 2020, y ante la proximidad del plazo de terminación del contrato en Ineco, José Luis Ábalos, por medio de su asesor, Koldo García, activó las gestiones conducentes para que el contrato fuera renovado o se buscara otro empleo en alguna sociedad de capital público”. La joven fue contratada en Tragsatec, donde “no desempeñó trabajo alguno”, y recibió un salario de 9.500,54 euros.
Ante estos hechos, el Supremo señala que “las prácticas de enchufismo en la contratación pública, impuestas a partir de la presión que permite al funcionario su particular posición de prevalimiento, tienen encaje en el precepto por el que se formula acusación”, refiriéndose al delito de tráfico de influencias. Y describe estas acciones como una “colonización de las instituciones y empresas públicas” que fueron puestas “al servicio de sus particulares y delictivos intereses”, alejándose del interés general.
